Por el acceso a la información pública

La sanción de una ley que haga posible el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es desde hace muchos años una deuda que los legisladores provinciales tienen con los santafesinos. Sobre este tema la Comisión continuó con un amplio trabajo de difusión entre las organizaciones civiles de todo el espectro social, que sumaron sus voces y esfuerzos en reclamo por acceder a la información que se genera en el ámbito de los tres poderes del Estado. Además mantuvo un permanente debate público con quienes tienen sobre el tema una actitud tan cerrada como limitativa.
La actitud es sostenida, solamente, por el bloque de senadores justicialistas, que en una concepción casi feudal de las relaciones políticas y sociales continúa negando un requisito indispensable para la profundización de la democracia, que se opone a dejar en la discrecionalidad de legisladores el dar o no a conocer la información que pertenece a la sociedad. El senador Joaquín Raúl Gramajo Benavídez, del departamento 9 de Julio, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dejó escritas páginas lamentables en la historia de la Legislatura: Gramajo no debate ni recibe a las organizaciones de la comunidad que pretenden exponer su punto de vista. Tampoco brinda la argumentación para el disenso, pero tiene como seguidores a los otros 14 senadores justicialistas, quienes votan para que los habitantes y ciudadanos tengan que explicar por qué les interesa conocer qué hacen los gobernantes, al requerirles que demuestren "interés legítimo".
Los argumentos limitativos ya se habían impuesto en julio de 2004, cuando el proyecto del gobernador Jorge Obeid que ingresó por el Senado fue tratado y se modificó con la incorporación, entre otras, de la invocación del interés legítimo.
Desde el comienzo el proyecto estaba herido de muerte, porque la composición de la Cámara tan contraria a transparentar los actos de gobierno viene desde hace muchos años.
Una experiencia similar transcurrió con el proyecto presentado por el entonces diputado Carlos Favario, que tuvo el apoyo unánime de los diputados y quedó trabado cuando en el Senado se comenzó a invocar la categoría limitativa. De ahí que desde esta Comisión del SPR, que considera a la información como un derecho humano fundamental, que posibilita el conocimiento y el logro de otros derechos, se continuó en el trabajo de hacer escuchar las voces de las distintas expresiones sociales y se eligió para esa manifestación por la libertad de expresión la puerta misma de la Legislatura, en la capital provincial.
La idea fue pedir a los diputados que, como ya lo habían hecho años atrás, dieran muestras de una verdadera concepción democrática, trataran los distintos proyectos en la materia, tomaran lo mejor de cada uno y otorgaran media sanción a una ley sin restricciones.
Así fue que el 29 de septiembre de 2005 -se eligió esa fecha porque era día de sesión de las dos cámaras y en ocasión de que el 28 de septiembre es el Día Mundial del Derecho a Saber- las escalinatas del Congreso provincial y el hall del edificio fueron el escenario de un acto de reclamo durante el que cada organización sindical, estudiantil, académica, profesional, comunitaria y de derechos humanos de Rosario, de Santa Fe y de otras ciudades de la provincia participaron para exigir transparencia en las acciones de gobierno. En la organización también estuvieron el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el Foro de Comunicación Santafesino (FoCoS), con quienes renovamos la campaña de firmas que logró reunir más de doscientas expresiones de las organizaciones regionales, nacionales e internacionales para pedir por una ley sin restricciones.
Ese día, desde un gran 'cofre' cerrado con candado, que al compás de la actuación y de la música de una murga se logró abrir, salieron muchas de las preguntas que en esta provincia no hay a quién formular con garantía de obtener la devolución correspondiente.
Luego, se repartieron en Diputados y en Senadores pequeñas réplicas de ese 'cofre', a la manera de 'souvenirs', para recordarles a los legisladores el mandato de formular y aprobar leyes para la democracia. Ese día hubo reuniones con el presidente de la Cámara Baja Edmundo Barrera y con los titulares de los distintos bloques.
Poco tiempo después, el 30 de noviembre de 2005, los diputados dieron una muestra de madurez política al alcanzar un consenso entre los distintos proyectos sobre el tema, el del gobernador Obeid que les llegaba de Senadores con la incorporación del 'interés legítimo', más los de los diputados Gabriel Real del PDP, Hugo Marcucci de la Unión Cívica Radical y Danilo Kilibarda del PJ.
El resultado fue una media sanción con las principales condiciones que necesita una ley en la materia, sin limitaciones elitistas. Desde el Sindicato de Prensa Rosario se dio el amplio respaldo a la decisión unánime de los diputados, como lo hicieron las organizaciones sociales que se expidieron con su firma y su presencia.
Ya en el período de sesiones extraordinarias -de mediados de diciembre de 2005 a fines de abril de 2006- donde el expediente por el derecho a la información formaba parte de la agenda a considerar, los senadores revisaron la decisión de los diputados y desde el bloque justicialista se insistió con la limitación del interés legítimo.
Antes, desde nuestra organización, se intentó la reunión con los miembros del Senado para expresar la preocupación por el tema pero la audiencia solicitada no fue concedida por el Justicialismo. El SPR fue recibido por la vicegobernadora, en su calidad de presidenta de la Cámara Alta, con quien hubo coincidencia acerca de que el "interés legítimo" contradice el derecho que corresponde a los ciudadanos y niega el espíritu de una ley en la materia.
Sobre el final del período de sesiones extraordinarias, los diputados que debían tratar el tema en segunda revisión -si luego los senadores insistían con la limitación y transformaban el proyecto en ley, el gobernador podía vetar parcialmente los artículos- no sesionaron y el expediente perdió estado parlamentario.
En situación de un volver a comenzar, desde esta Comisión del Sindicato de Prensa Rosario se considera importante que el acuerdo alcanzado por los diputados en diciembre pasado se plasme en un proyecto que ingrese a la Cámara con el acuerdo de todos los bloques. Resultará importante que no se pierda el trayecto recorrido, que fue una buena práctica de convivencia democrática.

En Rosario
La ciudad de Rosario cuenta desde 2001 con la ordenanza Nº 7249, mejorada luego por otra norma, la Nº 7827 del 2005, que consagra en el ámbito de la ciudad el derecho de acceso a la información pública para todas las personas y la posiciona, junto a otras pocas en el país, entre las más avanzadas en la materia.
Sin embargo el texto, contenido y alcance de esa ordenanza no es conocido por los habitantes de la ciudad ni por las organizaciones del más amplio espectro de la actividad rosarina. De allí que el SPR junto al CIPPEC pidió audiencia al intendente Miguel Lifschitz, una reunión que se concretó el 27 de marzo de 2006.
En esa oportunidad se planteó la necesidad de avanzar en las formas de conocimiento de la legislación local que permitan una verdadera y activa participación de los vecinos de la ciudad.
Para ello se propuso que a través de todos los mecanismos que el municipio posee a su alcance se difunda la existencia de la ordenanza y a la vez se organicen charlas que desde la estructura de descentralización de la ciudad, como desde la propia Universidad Nacional, posibiliten una amplia difusión acerca de qué es posible preguntar sobre la información en poder del gobierno rosarino.
Lifschitz se comprometió a estudiar las formas de instrumentar esa tarea de difusión y conocimiento.