viernes, 19 de octubre de 2007

Rechazo al proyecto de acceso a la información votado por los senadores oficialistas

La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario y el Foro de Comunicación Santafesino (Focos) repudia la media sanción que los senadores justicialistas le dieron ayer a su proyecto de acceso a la información de carácter restrictivo y destaca que esta iniciativa no refleja el espíritu de la norma que la sociedad santafesina necesita y que le dará mayor transparencia a la gestión pública, a la vez que garantizará el derecho de la ciudadanía a buscar y recibir información pública. Junto a la red de organizaciones sociales de la provincia y del país que desde hace años elevan su reclamo en este sentido, seguiremos bregando porque prime el consenso de las fuerzas políticas y se consagre una norma sin restricciones ni artilugios de ningún tipo.
Después de cuatro años de dilaciones, la decisión que tomó ayer la bancada mayoritaria de la Cámara alta genera una confusa situación legislativa que retrasará la aprobación definitiva de la ley. A partir de ahora existen dos iniciativas con media sanción -la de los senadores justicialistas y la de todos los bloques de diputados- inspiradas en objetivos diferentes. De esta manera se posterga una vez más la posibilidad de profundizar la democracia en nuestra provincia.
Conviene recordar que en agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley y quedaron incorporadas en la norma que obtuvo media sanción ayer.
Por ello, desde el Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) y la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, manifestamos nuestro rechazo al procedimiento legislativo utilizado por los senadores justicialistas y advertimos sobre el riesgo que significan algunas cláusulas o expresiones contenidas en el proyecto aprobado.
En primer lugar, se entiende como información pública la "acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido es de interés general", introduciendo una distinción sobre el carácter general o particular de los datos que significa una peligrosa limitación (Artículo 1º). ¿Quién y cómo define si una información en poder de algún organismo del Estado es de "interés general" y puede ser conocida por el público?
En segundo término, se establece que todos los órganos y entes alcanzados por la ley "deben generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información" (Artículo 7º). Esta disposición se complementa con el Artículo 8º del proyecto, que limita la solicitud de información "a lo informado en el índice por el órgano o ente que corresponda". De esta manera sólo se podrían conocer los datos incorporados al listado elaborado por los distintos órganos y entes alcanzados por la ley.
En tercer lugar, merece reproche la fijación de aranceles (aunque mínimos) contrarios al principio de que la información pública debe ser gratuita salvo sus costos de reproducción; la obligación de exponer motivos al momento de requerir información; y el estiramiento de los plazos para responder una solicitud.
Sin embargo, el aspecto más peligroso del proyecto de los senadores justicialistas es la introducción de un procedimiento para establecer la reserva o confidencialidad de determinada información por espacio de treinta años, por razones tan amplias como seguridad, defensa, inteligencia, contrainteligencia, política económica financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica. (Artículo 15º)
Para establecer la reserva o confidencialidad de una información sólo hace falta un decreto, resolución o acordada. Con este subrepticio dispositivo los senadores justicialistas refuerzan la cultura del secreto y el ocultamiento que ha imperado en la provincia en los últimos 25 años.

19 de octubre de 2007

Foro de Comunicación Santafesino - FOCOS
Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico - SPR

Integrantes de la Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación - FETRACCOM - CTA

martes, 16 de octubre de 2007

Basta de restricciones. Reclamo a los senadores que tratarán la ley de acceso a la información

Ante la posibilidad de que el próximo jueves 18 de octubre la Cámara de Senadores de la provincia trate la ley de acceso a la información, la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario y el Foro de Comunicación Santafesino (Focos) exhortan una vez más a los legisladores a aprobar un proyecto que garantice el acceso universal a los datos de los tres Poderes del Estado, sin cláusulas o expresiones de sesgo limitativo que atenten contra el derecho a buscar y recibir información pública.
En agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información, tal como desde hace años viene reclamando una red de organizaciones sociales de la provincia y del país. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley, que se propone permitir a todos los ciudadanos sin limitaciones el conocimiento de la información producida por el Estado en sus distintos niveles.
Este jueves la Cámara alta podría tratar ambas iniciativas, de allí que los trabajadores de prensa de la provincia llamamos a la reflexión a los legisladores para que no se inclinen una vez más por la cultura del secreto y el ocultamiento. Los senadores se encuentran ante la oportunidad histórica de aprobar una ley de acceso a la información, lo que sucedería si se refrenda al proyecto girado por Diputados el año pasado. De lo contrario, los santafesinos nos encontraríamos frente a dos iniciativas con media sanción -la de los senadores justicialistas y la de los diputados-, lo que además de contrariar la profundización de la democracia y la transparencia de la gestión pública sumaría confusión en cuanto a la técnica legislativa. Y eso, en definitiva, retrasará la aprobación de la norma que la sociedad reclama y que respaldan tanto el gobernador Jorge Obeid y la vicegobernadora María Eugenia Bielsa como el futuro mandatario Hermes Binner.

16 de octubre de 2007
Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico-SPR Foro de Comunicación Santafesino (Focos)
Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom-CTA)

martes, 2 de octubre de 2007

Mujeres trabajan por el acceso a la información pública

En Córdoba, tres ONG promueven este derecho en temas de género.
Para exigir un derecho primero hay que saber de qué se trata. Para controlar la manera en que se cumple un derecho, dónde se destinan los fondos del Estado, hay que saber de qué se trata. Y para saber de qué se trata, existe el derecho al acceso a la información pública. Promover su defensa con un enfoque en temas de género (como la violencia doméstica, la trata de mujeres, la salud, la seguridad y el urbanismo) es el objetivo del proyecto “Mujeres por la equidad y la transparencia”.
A través de la red nacional “Mujeres al borde de la información”, el proyecto (que es más amplio) busca estimular a las mujeres –en forma individual, agrupadas o desde organizaciones– que practiquen pedidos de información pública sobre temas que las involucra directamente.
En Córdoba, hay tres ONG (Organizaciones No Gubernamentales), coordinadas por la Red Nosotras en el Mundo, que ya presentaron diferentes pedidos de información pública.
Entre otros, Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) le solicitó al Ministerio de Seguridad provincial información sobre las detenciones de las trabajadoras sexuales mientras que Ciscsa requirió a la Jefatura Central de Policía información sobre la trata de mujeres.
Los temas sobre los que se puede hacer un pedido son múltiples y pueden afectar a cualquier mujer. Un ejemplo: el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable garantiza a todos el acceso a anticonceptivos de manera gratuita pero en Córdoba se registraron faltantes de anticonceptivos inyectables.
Va otro ejemplo. Una mujer se toma todos los días un colectivo para llevar muy temprano sus hijos al colegio. De un día para el otro se cambia el recorrido y la mujer tiene que atravesar varios baldíos donde, además, no hay iluminación.
Visita. Con el objetivo de promover el proyecto, subvencionado por Unifem y Undef –los fondos de Naciones Unidas para la mujer y para la democracia, respectivamente–, ayer visitó Córdoba María Luisa Storani, coordinadora del área de acceso a la información a nivel nacional.
“Queremos que se una más gente, más organizaciones”, dice Storani y explica que cuando se planifican políticas con un presupuesto específico que benefician a las mujeres (por ejemplo, de salud reproductiva) pero luego se desvían los fondos o no llega el dinero, ello impide nivelar las inequidades de género y se presta a actos de corrupción.
La idea, dice Storani, es que durante un año mujeres en todo el territorio argentino realicen los pedidos de información pública y a partir de ello se exija una ley nacional que reconozca el derecho y se promueva modificaciones a leyes y ordenanzas locales ya existentes para que funcionen mejor.
En la actualidad, sólo se cuenta con un decreto nacional que reconoce este derecho incluido en la Constitución Nacional. En Córdoba hay un a ley provincial pero pocos conocen el derecho y muchos menos lo hacen valer.

Correo electrónico: centronosotrasargentina@rednosotrasenelmundo.org
En las páginas www.rednosotrasenelmundo.org y www.mujeranticorrupcion.org.ar

Fuente: La Voz del Interior