Advierten sobre “limitantes” al acceso a la información ambiental

Andrés Nápoli, director del Área de Participación Ciudadana Fundación Ambiente y Recursos Naturales destacó el acceso a la información pública como una herramienta fundamental para la vigencia del derecho al medio ambiente. Instó a la comunidad a interesarse y al estado a agilizar la accesibilidad a la información. “Acarreamos todavía la misma carencia de 1810: el pueblo aún quiere saber de qué se trata” dijo en relación a las dificultades del acceso a información ambiental.
Esta charla estuvo organizada por la CLT (Conservation Land Trust), la cuestionada entidad fundada por Douglas Tompkins. La intención de la conferencia fue “estimular acciones con la gente, con la comunidad para accionar a favor del medio ambiente”. Nápoli insistió en la urgencia de la capacitación de los potenciales usuarios de la información pública, especialmente información ambiental.
“Acarreamos todavía la misma carencia de 1810: el pueblo aún quiere saber de qué se trata”. La comunidad quiere saber qué hacen sus gobernantes. Qué hacen con sus fondos, recursos, créditos. Qué hacen, en este caso, con su medio ambiente.
“La información acerca de la administración del ambiente se torna especialmente significativa a partir de la reforma constitucional. La información es un derecho y una herramienta” afirmó el disertante.
Cuestionó la poca operatividad de organismos estatales en el suministro de la información. “Cada vez que el Estado no brinda la información se recurre a la Justicia”. Implica duplicación de funciones, dilación e incremento de costos.
Toda la información que produce el estado para la toma de decisiones administrativas es pública. El acceso a ella es un derecho humano de tercera generación y de ejercicio colectivo, “como un condominio, todos somos propietarios de esta información, todos tenemos derecho a solicitarla sin justificar la solicitud.”
Para el expositor la información es, perfectamente equivalente a poder. Por eso nadie quiere compartirla, a nadie le interesa democratizar la información. “El estado, si contesta la solicitud, asume su responsabilidad, por eso no se quiere contestar.
Además enfatizó que esta información está muchas veces vedada, a pesar de su “libre acceso” jurídico. Vedada para los analfabetos, vedada para quienes, como los aborígenes, no hablan la misma lengua y vedada, incluso, para quienes ignoran su derecho a solicitarla o las maneras en que este derecho puede ejercerse.
El artículo 50 de la constitución correntina obliga al estado a compartir la información existente en materia ambiental y habilita al ciudadano a participar en la toma de decisiones a ese respecto, aunque no obliga al estado a producir nueva información, salvo que surja de otras normas o del ejercicio de sus funciones.
En este tenor la obligación se hace extensiva también a los titulares de las empresas que brindan servicios públicos haciéndolos pasibles de acción penal.