martes, 28 de agosto de 2007

Los candidatos y la información pública

El Foro de Comunicación Santafesino y el Sindicato de Prensa Rosario organizan un encuentro donde se conocerá la postura de los aspirantes a la gobernación de Santa Fe sobre la ley de Acceso a la Información pública en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial.
El Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) y el Sindicato de Prensa Rosario invitan a todas las organizaciones de la sociedad y al público en general a participar el próximo miércoles 29 de agosto, a las 19, del encuentro donde se presentara el video que contiene la postura de los candidatos a gobernador de la provincia en relación con el derecho de acceso a la información pública.
Esta convocatoria es la continuación de un encuentro similar realizado en la ciudad de Rosario donde varios candidatos rubricaron su compromiso público para impulsar esta ley y lograr que en la provincia se termine con la cultura del secreto y del oscurantismo.
Al finalizar se entregara a cada organización el Informe 2006-2007 de la Comisión de Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario.
El acto se llevara a cabo en el Centro Cultural ATE - Casa España, Rivadavia 2871, el próximo miércoles 29 de agosto a las 19. Esperamos contar con la presencia de todas las organizaciones interesadas en el fortalecimiento y profundización de la democracia en la provincia de Santa Fe.

El derecho a la información en la agenda del ombudsman

Javier Darío Restrepo *
Aunque con distintos nombres, los reclamos de los lectores se repitieron cuando pasé de ser Defensor del Lector del diario El Tiempo, en Bogotá, al periódico El Colombiano de Medellín. En uno y en otro caso la queja vehemente tenía que ver con la información política.
¿Cómo es posible que en mi periódico liberal, del que he sido suscriptor desde mi juventud -decía por el teléfono un hombre aparentemente de edad avanzada-, cómo es posible que ahora aparezca con la fotografía a todo color de un candidato conservador en la primera página? Eran los primeros meses de mi ejercicio como defensor y coincidían con lo más intenso de una campaña electoral. Después las cartas de los lectores tomaron otra dirección: la del debate entre los seguidores políticos de Juan Manuel Santos, miembro de la familia Santos, propietaria del periódico, y los que rechazaban al joven político: los primeros creían que el periódico no lo trataba con equidad y que lo había silenciado; los otros consideraban excesivos los espacios de información sobre su actividad política.
Al llegar a El Colombiano las cartas al defensor denunciaban una parcialidad del diario a favor de los políticos amigos de la casa Gómez Martínez, copropietarios, mientras otros, los menos, defendían la posición editorial y la seriedad imparcial de sus informaciones.
La sola presencia de un defensor en un periódico parece convocar a los lectores para ejercer el derecho a exigir la información de su interés y a que ésta tenga prioridad sobre los intereses de los dueños o directores del medio. Oscuramente entienden que formulan un reclamo justo; que en las informaciones políticas se deben respetar reglas de juego basadas en la equidad; que, como lectores, merecen respeto para sus opiniones políticas; que el hecho de ser suscriptores les da una calidad parecida a la de los accionistas para sentirse como “de la casa” y, por tanto, a ser tenidos en cuenta. El defensor, sin embargo, tendría que ser más ambicioso y buscar algo más: activar la conciencia de un derecho al que esos lectores aún no denominan por su nombre: el derecho a la información.
La conciencia de ese derecho nace cuando se lo descubre, que es tanto como avanzar en el conocimiento de la naturaleza humana y en los fundamentos de su dignidad. El de la humanidad ha sido un largo proceso de descubrimiento de sí misma, en que los grandes hitos corresponden al hallazgo de sus derechos.
A los constituyentes de 1789 en París, les resultaba claro que el derecho a la libre expresión, retenido con mano de hierro por los reyes, buscado a precio de sangre por tantos defensores de ese derecho, ejercido clandestinamente entre las sombras de la subversión por los anónimos o seudónimos autores de las numerosas hojas con que se alimentaba el espíritu de la revolución, ese derecho, digo, debía proclamarse en aquella asamblea constituyente como una adquisición del ser humano. Era algo parecido, así lo sentían, a dar por completo y por fin acabado, el cuadro de la persona humana, hasta entonces mutilo. Hubo entonces euforia por el hallazgo y los ecos de la celebración por ese logro aún no terminan. Estallan, como cohetes de fiesta de acción retardada, cada vez que un periódico proclama ante gobiernos con acentos dictatoriales, o ante anunciantes que remedan dictadores, el derecho a expresarse sin las cortapisas del poder.
Pero aquellos denodados defensores de la libertad de expresión en 1789 aún no conocían el otro derecho, el derecho a la información. Es decir, su conocimiento de la naturaleza humana y de sus derechos, a pesar de sus heroicos avances, era incompleto. La misma limitación tuvieron los grandes defensores de la libertad de prensa, que llegaron a darle un valor absoluto y que concentraron en ella, como objetivo único, toda su capacidad defensiva.
Esto explica por qué durante siglos se tratara como un derecho de una sola vía y que tuviera un sobredesarrollo el derecho del que emite o del que informa, y que alrededor de él se tejiera una espesa malla de defensas legales y constitucionales y de una rica jurisprudencia, hasta que hombres, como el juez Byron White, dieron los pasos hacia un nuevo hallazgo.
La licitación pública para unas licencias de radio convocó en esa ocasión a un numeroso grupo de aspirantes entre los que sólo una parte resultó favorecida con la concesión. Los que no fueron favorecidos, acogiéndose al texto de la Primera Enmienda, alegaron como absoluto su derecho a emitir y sometieron el caso al examen de la Corte, en la que se produjo finalmente la célebre sentencia Red Lion en la que el juez White decidió: “No hay un derecho que garantice a todos a emitir; las frecuencias son limitadas y a algunos pocos debe privilegiarse sobre otros (...) La comunidad como un todo retiene sus intereses de libre expresión por radio y su derecho colectivo a tener los medios funcionando consistentemente con los propósitos de la Primera Enmienda. Es el derecho de los televidentes y radioescuchas, no el derecho de los medios, lo que importa”.
A la vista de sentencias como ésta se puso en evidencia el desequilibrio que había creado la pretendida absolutización de ese derecho. Los derechos, como la justicia, son equilibrio; son el resultado de la armonía entre fuerzas opuestas, y esto no había sucedido en el caso del derecho a informar; ni se había desarrollado una visión clara del papel de la responsabilidad, que es la madurez de la libertad; ni había aparecido esa indispensable dimensión de la libertad de expresión, que es su objetivo y justificación: el derecho a la información, que es el derecho de quien recibe.
Esta jurisprudencia se dio casi al mismo tiempo con expresiones autorizadas como la de Naciones Unidas que en 1948 en su Carta Internacional de Derechos Humanos proclamó el “derecho de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas.” En 1964 el Papa Juan XXIII fue más explícito: “Todo ser humano tiene derecho natural a la libertad para buscar la verdad y tener una objetiva información de los sucesos públicos,” escribió en Pacem in Terris. Y en 1978 UNESCO agregó: “La información es un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho del hombre de carácter primordial, en la medida en que el derecho a la información valoriza y permite el ejercicio de los demás derechos”. De esta última subrayo la expresión que califica a este derecho como el que valoriza y permite los demás derechos, incluido desde luego el derecho a informar. Se informa porque alguien necesita información, que si no existiese ni esa necesidad, ni ese sujeto, la tarea de informar carecería de sentido; el derecho a la información es, pues, ontológica y temporalmente anterior al derecho de informar, es el que le da sentido y equilibrio, sin ese necesario peso el acto de informar se convierte en un arbitrario y abusivo uso del poder de la información.
Al desarrollo de la doctrina no correspondió el de las prácticas, puesto que el recorrido de las ideas desde el cerebro hasta las manos suele ser largo y tortuoso; la formulación de un derecho, tras el laborioso proceso de su descubrimiento, no lo es todo, es apenas el comienzo de un largo período, como el de las semillas en la tierra, de germinación y de crecimiento, hasta que cambian la historia. A Lenin le atribuyeron la contundente frase que expresa esa paciente espera e irrevocable suerte: por donde pasan las ideas, 50 años después pasarán los cañones.
El panorama que debía cambiar -equivoqué el tiempo del verbo- ...el panorama que debe cambiar es el de un derecho que se considera absoluto e indiscutible, el de los que informan, que en consecuencia se sienten dueños de la información, amos de un imperio al que le rinden culto soberanos, potentados, famosos, narcotraficantes y terroristas que, sin ellos, los reyes del imperio de papel o del espectro electromagnético, serían patéticas figuras solitarias y mudas. Castells lo precisa con rigor científico al hablar de los políticos y gobernantes encerrados en la prisión de los medios. Esa envanecedora condición es más que suficiente razón para que los que emiten se consideren dueños de un poder absoluto.
Esta situación lejos de atenuarse se ha agravado en nuestros días merced a la aparición de nuevos factores: los medios de comunicación se han convertido en parte de poderosos complejos empresariales en los que predomina, con todas sus consecuencias, la lógica comercial.
Dicho así, éste es un lugar común que se maneja en esta clase de eventos; pero algo nuevo y alarmante aparece cuando se examinan sus implicaciones que lógicamente conducen a la necesidad de defender y activar el derecho a la información.
En efecto, se trata, hoy por hoy, de un poder gigantesco que domina en nuestros días. Hasta hace unas décadas el punto de referencia que permitía hacerse una idea de ese poder era la oleada de pánico desatada por Orson Welles con su emisión radial sobre la invasión de los extraterrestres. Hoy ese episodio parece inocente frente a la invasión permanente de los medios que cambian hábitos de consumo, arrasan culturas y homogeneizan audiencias mundiales, estimulan guerras, orientan la economía y la política, cambian la visión de la vida, imponen modas y logran que sea verdad lo que ellos mantienen como tal, y desaparecen como hechos los acontecimientos que los medios de comunicación silencian. Esas colosales empresas reúnen a la vez periódicos, canales de televisión, estaciones de radio, estudios de cine, televisión por cable, agencias de publicidad, juegos de video, páginas y portales de Internet, producción de DVD y todo cuanto la tecnología de las comunicaciones ha permitido crear. Reunidas todas estas actividades por poderosas empresas, desaparecen las fronteras que las separaban y, desde luego, se convierten en cosa del pasado las incompatibilidades éticas que mantenían fronteras entre periodistas y publicistas, por ejemplo, o entre periódicos y empresas distribuidoras de películas.
No sólo desaparecen esas barreras protectoras del interés de los receptores, es que desaparecen también los ciudadanos. El receptor de informaciones está dejando de contar. En unos pocos años ha desaparecido ese rasgo de identidad que le daba toda su dignidad al periodismo, por ejemplo, o sea su dedicación al servicio de la sociedad. Ese servicio incluyó, en los momentos más deslumbrantes y sobrecogedores de su historia, la entrega de la vida del periodista, o el destierro, o la prisión. Ésa es una historia que ya no tiene vigencia, salvo como registro hagiográfico, en los medios regidos por la lógica comercial de las grandes empresas.
La gran empresa puede producir automóviles, o cervezas, o servicio de transporte aéreo, o productos petroquímicos de alta calidad, pero nunca un buen periodismo, porque éste se hace cuando se informa para servir al lector y cuando lo inspira el progreso de toda la sociedad; objetivos que a la gran empresa no le importan, como lo reflejan los periódicos y revistas, las emisiones de radio y televisión en que son más importantes los avisos que las noticias. La proporción de 60% de información por 40% de publicidad desapareció bajo la presión y los buenos argumentos de los publicistas.
Para una lógica comercial, no puede tener importancia un producto que no se vende; y la información es gratuita en la televisión y en la radio y en el medio impreso se está convirtiendo en una coyuntura o pretexto para publicar avisos, situación que, de paso, ha cambiado el status del periodista. Ryszard Kapuscinski decía que la degradación del periodismo comenzó cuando coincidieron dos causas: la conversión de la noticia en mercancía y la masificación del periodismo. Son dos causas que se complementan y refuerzan: la mercantilización de la noticia le quita a la información periodística toda su dignidad, y si algo le resta, ésta desaparece en manos de periodistas que llegan al oficio, no por pasión, sino por cálculo o como un recurso último después del fracaso para encontrar una carrera fácil, o como fórmula para hacerse rico y famoso, que si alguno lo logra suele ser a costa de su conciencia o de sus deberes para con el lector.
La realidad creada por las grandes empresas es otra: la proletarización del periodista que, de ser líder de la sociedad, llegó a ser un sobreviviente, es decir, alguien que desempeña el oficio para mal comer. En esas condiciones el periodista cambió de bando y dejó de estar al servicio de sus lectores para estar bajo las órdenes de sus patrones, los empresarios.
El resultado está a la vista: el mundo vive la emergencia de una información contaminada, pero no con la conciencia clara con que padece y protesta por la contaminación del aire o de las aguas. Ya es un escándalo que el agua para beber tenga que ser embotellada y se está dando el caso del aire, que se vende purificado para uso individual; de la misma manera habría que pensar en los mecanismos de suministro de información descontaminada. Anotaba Ignacio Ramonet, de quien son estas ideas, que con la información ha ocurrido un proceso análogo al de los alimentos que, de ser escasos, se volvieron abundantes y variados, pero sospechosos de contaminación. La información de escasa y lenta -la noticia de la muerte de Napoleón se supo aquí cinco meses después y la victoria de Ayacucho se conoció en Caracas tres meses más tarde- se ha convertido en abundante y veloz. Hoy los hechos se conocen al instante y a través de numerosas fuentes, pero es una información bajo sospecha de contaminación. Por cuenta de dos informaciones falsas -el ejemplo es de Ramonet-, Estados Unidos y sus aliados se fueron a la guerra.
La degradación de la información y de los periodistas no lo es todo. Al lector se lo desconoce como receptor de información, pero cuenta a la hora del rating y de las cifras de circulación. Hoy se está recordando con la misma nostalgia con que se recuerdan los buenos tiempos idos, el discurso de Pulitzer al inaugurar uno de sus periódicos en que formuló, como un credo, la convicción de que los anuncios, el dinero y las noticias estarían al servicio del lector. Hoy el lector es un producto que se vende a los dueños de los avisos.
Esto es lo que nos está pasando o a punto de pasarnos. Mientras la tecnología de las comunicaciones avanza y se perfecciona, la crisis de la información pública es cada vez más aguda.
Pero frente a las situaciones de crisis la sociedad suele generar sus propias soluciones, de la misma manera que la conciencia de los errores se convierte en el comienzo de un aprendizaje para corregirlos y evitarlos. En el pasado o no se los veía, o no se los sentía; hoy son cada vez más conocidos y para prevenirlos aparecen los manuales de estilo o los códigos éticos que los medios adoptan como guías para la producción de piezas de comunicación de calidad y de acuerdo con unas políticas editoriales inspiradas en principios éticos y técnicos.
Son textos cuyo propósito es el de mantener vigente un deber ser de la profesión y de los medios, como el que se vieron obligados a expresar los periodistas de Time cuando su revista hizo parte del paquete negociado para la fusión AOL-Time-Warner. En el editorial publicado en esa ocasión expresaron lo que en todo manual de estilo se escribe a manera de preámbulo: que lo primero es el lector y su derecho a la información libre.
Junto con los manuales, la publicación de los códigos éticos, de la empresa y de los periodistas, fue una práctica que se generalizó en el siglo XX casi paralelamente con el desarrollo tecnológico de las comunicaciones. A mayor tecnología, más problemas éticos, nacidos de la convicción creciente del poder de los medios. Los códigos de otros siglos se reconocen como rarezas de anticuarios, que es el caso del credo de Benjamín Harris, conocido en 1690 y concentrado en los deberes de verdad, objetividad y exactitud. Tienen un aire de precursores los periodistas polacos que en 1890 se obligaron a seguir unas normas deontológicas que luego recogerían en múltiples códigos los periodistas del siglo XX. Ante la acumulación de preguntas y problemas que plantea el desarrollo de los medios, como tecnología y como empresas, la formulación de los grandes valores de la profesión se ha hecho necesaria, tanto como las brújulas en los barcos sacudidos por una tempestad. Con los medios de comunicación está ocurriendo lo que con las grandes empresas amenazadas por el huracán que provocó el colapso de Enron y una decena de compañías más, que estaban a merced de ejecutivos corruptos. La dura lección está enseñando que la ética es un activo indispensable para la supervivencia empresarial. El New York Times lo aprendió y con él los medios de comunicación que han tenido la honradez suficiente para entender que la credibilidad es un activo que debe cuidarse con un celo mayor que el consagrado a las rotativas y equipos de computación. En algunos países europeos, sobre todo, se ejerce un control a través de los Consejos de Prensa en que participan periodistas y lectores, como socios dentro del mismo proyecto; pero los códigos y manuales pueden ser letra muerta, un formulismo burocrático, si en los medios no se mantiene viva la conciencia de su necesidad. Y es aquí donde aparece la institución del Defensor del Lector.
Era necesario este largo recorrido en que han aparecido con toda su magnitud los problemas y perspectivas del periodismo de hoy, para resituar al Defensor del Lector. En el siglo XX este personaje atendió los más diversos menesteres: desde vigilante de la ortografía, la sintaxis y la buena calidad en el diseño y la impresión, pasando por el menester de recolector de quejas de toda índole: ejemplares que llegaban atrasados, o incompletos, lectores enojados por el escaso o excesivo espacio dedicado a una noticia, lectores en descuerdo con las políticas editoriales del medio, lectores ofendidos por alguna referencia o información dañina y así, hasta formarse alrededor de él una algarabía que le ha impedido ir más allá.
Mientras tanto, la imagen que proyecta el defensor ha sido cambiante y variada hasta el punto de crear confusión.
Una encuesta a 250 periodistas de tres diarios de Lisboa arrojó una imagen negativa de los defensores como moralistas en exceso, agresivos con los periodistas, nada independientes, agresivos con los lectores y con interés desmedido en los asuntos técnicos. Pero al lado de esta percepción figuraba otra, mayoritaria, la de los que veían al defensor como la puerta abierta del diario, o como el que recuerda los principios éticos, o el que estimula la autocrítica, o el que enseña la actividad periodística al lector u obliga a una mayor prudencia.
En un severo juicio Ignacio Ramonet afirmaba, en una reciente conferencia en Nueva York, que en este comienzo de siglo el ombudsman, absorbido por el ambiente contaminado de los medios comprados por las grandes empresas, se ha mercantilizado, se ha degradado y convertido en coartada para reforzar la credibilidad de los medios.
Tal variedad de conceptos y calificativos ratifica que una función tan amplia como la del defensor, aún no se puede dar por definida.
Está bien que el defensor lleve a cabo en el medio una función parecida a la del departamento de control de calidad en una fábrica; pero no es toda su función.
Está bien que su presencia y su actividad en el interior de un medio haga sentir a los lectores que alguien los representa y defiende sus derechos; se amplía así su función, pero resulta sospechosamente cercana a la de un relacionista público del medio.
Está bien que el defensor lleve a la redacción el aire fresco de nuevas iniciativas, de ideas renovadoras, pero esto no lo es todo.
Está bien que el defensor se convierta en un generador de credibilidad; en un argumento claro y viviente de la voluntad del medio para entregar al lector un servicio de excelencia; pero el defensor es más que eso.
Lo definía Hugo Aznar como el trabajador más solitario de un periódico porque nadie le da órdenes, ni tiene capacidad para ordenar nada; y así tiene que ser porque actúa con el poder y los límites de la conciencia. En las redacciones, como en el interior del ser humano, esta persona-conciencia no impone ni prohíbe, no sanciona ni premia, solamente comunica en silencio, con voces que no siempre se oyen pero que recuerdan qué es lo que debe hacerse. Esta es parte de su tarea, la de ser conciencia del medio, y se acerca a la utopía de su acción cuando actúa, a través de sus variadas funciones, como la conciencia del derecho de los lectores a la información.
La revolución educativa que llevó a cabo el pedagogo brasileño Pablo Freire logró un cambio de actitud en los educadores que, de la arrogancia de quien cree estar en la obligación de llenar con conocimientos unos recipientes vacíos, sus alumnos, llegaron a la certeza de que nadie educa a nadie, porque todos recibimos unos de otros. Es el mismo cambio de actitud con que se desplaza la arrogancia de los medios de comunicación, que de dueños exclusivos de la verdad, pasan a ser interlocutores en unos casos, mediadores casi siempre entre los distintos sectores de la sociedad. Cuando ese cambio se da, el receptor de las informaciones deja de ser visto como un ente pasivo, porque de él siempre se espera y demanda un aporte. Sus cartas, sus opiniones, sus informaciones no se reclaman con la cortesía helada de los relacionistas, sino con el interés profesional con que se busca un contacto real y una visión clara de la realidad. El lector deja de ser alguien ajeno, y se redescubre como parte de la comunidad que crea la palabra del medio de comunicación. Es la actitud que el defensor aclimata y promueve cuando entiende y ejecuta su labor de representar -atención al verbo, presentar doblemente- al lector en la redacción. Así comienza a mirarse el derecho a la información en el reconocimiento del sujeto de ese derecho.
Suelo recordar al lector que protestó porque, entre dos informaciones sobre premios, se le había dado en la primera página la prioridad de la foto en color y del titular de cuatro columnas a un campeón de patinaje y se había dejado en una modesta columna segundona a dos investigadores que habían ganado sendos premios de ciencias. Aquél lector alegó el derecho a una agenda que reflejara la importancia real de los hechos y no la apariencia ni el interés comercial del periódico. El derecho a la información aflora a la conciencia a través de la exigencia de una agenda del lector, no necesariamente coincidente con la agenda del medio de comunicación, ni con la agenda de los poderes que presionan en los medios. La presencia del gran capital en un periódico tiende a convertirlo en dócil caja de resonancia de los intereses empresariales y a silenciar cualquiera otra voz. Como en las ciudades griegas, en las que el ciudadano se reconocía porque tenía el derecho a la palabra y al esclavo, porque se le imponía el silencio, en las ciudades democráticas de hoy se ha convertido en una anormalidad normal que unos hablan -los dueños del poder de los medios- y que otros callen -los que reciben silenciosa, dócil y pasivamente el mensaje de los medios-. Romper ese dañino e injusto orden de cosas con el reclamo del derecho a la información, a través de la introducción de la agenda del lector y de la sociedad, es la tarea que cumple el defensor cuando somete a crítica temas y contenidos, cuando señala y denuncia vacíos, cuando rechaza las redundancias impuestas por el interés de los poderosos.
Cuando el Defensor del Lector está integrado a la redacción del medio y hace parte de su cotidianidad, llega a ser un guía a través de su trabajo con la redacción. Con los periodistas comparte experiencias, con ellos adelanta reuniones de actualización, de búsqueda y de autocrítica, que ponen en su mano instrumentos pedagógicos para proponer nuevas actitudes y revisiones renovadoras. Así el defensor puede sacudir rutinas y promover el desmonte de estereotipos, entre los que aparece con frecuencia la tradicional mirada de la historia desde el poder. Es el periodismo que se hace con entrevistas a quienes están en el poder: el rico, el famoso, el gobernante, el jerarca, el alto oficial; es decir, todos los que miran los hechos desde arriba. La conciencia del derecho a la información indica que esa es una información parcial, que impide conocer las realidades desde todos sus ángulos, que debe ser complementada y enriquecida con la visión de la historia desde abajo. Es decir, se trata de pensar la información desde sus destinatarios; una perspectiva que se descubre, no en los textos, sino en el ejercicio mismo del oficio con la ayuda y orientación de un defensor del lector que ha asumido con todo rigor la defensa de los derechos del lector.
Al desconocido que en el pasillo de salida de un avión me preguntó con seriedad de sepulturero: ¿a quién defiende el defensor?, no le pude responder porque la impaciente fila de viajeros se puso en movimiento, pero la respuesta que debí darle fue en este sentido: el defensor defiende la credibilidad del periodista y por eso lo estimula a fortalecerla y defenderla, porque a mayor credibilidad del periodista, mayor credibilidad del medio y un medio con credibilidad les presta a sus lectores el máximo de los servicios: una información en la que puedan creer.
Ser creíble es, desde luego, un triunfo del periodista, pero más que eso, es un servicio que se le presta al lector porque la credibilidad genera confianza, que es esa seguridad de que no habrá engaño, ni abuso, ni manipulación. Es, en otro orden, lo que convierte nuestra casa en morada, ese lugar donde la comida, la bebida, el afecto, el descanso, todo es sano y confiable. Allí no hay lugar para la duda, ni para la sospecha, por eso es morada, el sitio que no se cambia por ningún otro en el mundo.
La información confiable, esa que se acepta a ojo cerrado porque asegura el respeto a todos los derechos, es la que dan medios y productos con credibilidad. Es la que se echa de menos en un mundo de mentira en donde todo está contaminado, especialmente la información que se produce en los grandes medios en donde predomina el interés de los poderosos.
Un defensor del lector que se aplica al fomento y defensa de la credibilidad de los periodistas es mucho más que un simple oidor de quejas; es más que un inspector de calidad; supera en todo a un relacionista público preocupado por una imagen institucional; en nada se parece a un severo vigilante de la redacción. No se trata de asumir nuevas y originales tareas sino de unificarlas bajo una intencionalidad clara: convertirlas en elementos pedagógicos para hacer real el derecho del lector a la información.
Decía Sócrates en su discurso ante los jueces que lo habían condenado a muerte por impiedad, que él había sido colocado en la ciudad como junto a un caballo grande y noble, pero un poco lento por su tamaño y que necesitaba ser aguijoneado por una especie de tábano. “Según creo, afirmaba, el dios me ha colocado junto a la ciudad para una función semejante y como tal, despertándoos, persuadiéndoos y reprochándoos uno a uno, no cesaré durante todo el día de posarme en todas partes.”
Cuando releo esos verbos: despertar, persuadir, reprochar, y recreo la imagen del tábano que no deja dormir, que mantiene al gran animal en movimiento, creo encontrar una buena razón para pensar que Sócrates hablaba también del Defensor del Lector.

* Javier Darío Restrepo tiene 48 años de trayectoria periodística. Es miembro fundador de la Comisión de Ética del Círculo de Periodistas de Bogotá, del Instituto de Estudios sobre Comunicación y Cultura (IECO), de la Fundación para Libertad de Prensa y de Medios para la Paz. Ha sido defensor del lector de los diarios El Tiempo y El Colombiano. Es autor de numerosos libros y artículos en materia de comunicación social y ganador de diversos premios como el premio a la ética periodística del Centro Latinoamericano de Prensa (1997). Es colaborador de Sala de Prensa. Esta es la ponencia que presentó en el Congreso Anual “La autorregulación en los medios: el ombudsman como una alternativa viable”, organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura (Perú), en Lima los días 27 y 28 de octubre de 2004.

Van a la justicia a presentar un amparo para que se brinde información

El organismo no respondió al pedido realizado por una ONG que solicitaba información respecto de cómo mide el Índice de Precios al Consumidor. Por la negativa, presentó un amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo. El IPC es una de las medicaciones más discutidas del organismo. Un decreto presidencial obliga a las dependencias del Poder Ejecutivo a brindar información pública.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) le brinde información sobre la modalidad que utiliza para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La presentación judicial se realizó luego de que el INDEC no contestara los pedidos de información pública que realizó la ADC en el marco del decreto 1172 del 2003 de acceso a la información pública. El amparo quedó radicado el martes pasado en el juzgado de primera instancia N 3 a cargo de Claudia Rodríguez Vidal.
La ONG quiere saber cuál es la metodología que el organismo utiliza para medir el IPC y si está aprobada y reconocida por los organismos internacionales expertos en estadísticas. El 18 de julio, la ADC hizo un pedido de información pública ante el INDEC pero nunca recibió respuesta en los plazos que establece el decreto.
El amparo se inició en el marco del conflicto que hace meses atraviesa el INDEC por las modificaciones que las nuevas autoridades realizaron sobre la medición de distintos índices. Esas reformas fueron denunciadas por los trabajadores de la institución y por la oposición, quienes afirman que están viciadas y acomodadas a los intereses políticos del oficialismo. Ellas generaron que el organismo pierda credibilidad respecto de los resultados que presenta sobre la inflación y el IPC.
La semana pasada, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, y el secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Pablo Micheli, acordaron crear una comisión que estudie una nueva metodología para medir el IPC. El acuerdo destrabó en parte el conflicto del INDEC y los empleados levantaron el paro que llevaba 45 días.
El pedido de la ADC se basó en el decreto 1172 de acceso a la información pública que firmó el presidente Néstor Kirchner el 3 de diciembre de 2003. La norma obliga a todos los organismos del Poder Ejecutivo a brindar los datos que se le solicitan, excepto en casos específicos como información clasificada, secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos, o que pongan en peligro la seguridad del Estado o de una persona.
Para cumplir con esa normativa, las dependencias cuentan con 10 días para contestar, prorrogables por otro plazo similar. Ante la falta de respuesta a la información solicitada “se considera que existe negativa en brindarla” y quien la pide queda habilitado a presentar un amparo por mora, tal como lo permite el artículo 28 de la ley 19.549 de procedimiento administrativo.
El INDEC no respondió el pedido de la ADC a pesar de que el artículo tercero del decreto dice expresamente que “el Acceso a la Información Pública constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información”.
“La ADC considera que la urgencia en el pedido de información al INDEC radica en que la información pública además de ser una condición central de la república, es también fundamental para lograr la vigencia y exigir el respeto de otros derechos fundamentales, evitar que sean lesionados o impedir que su goce sea disminuido. Consecuentemente, y para asegurar el control y colaboración de la población sobre los actos de gobierno, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales garantizan el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la publicidad de los actos de gobierno y de los archivos y registros públicos”, señaló la ONG a través de un comunicado.

Fuente: Diario Judicial

domingo, 26 de agosto de 2007

Informe de OEA concluye gobiernos deben garantizar acceso a información

Un nuevo informe de la OEA concluye que los gobiernos deben mostrar un mayor compromiso en garantizar el acceso a la información como un derecho humano, para ayudar a consolidar las democracias de la región.
Así lo recomienda la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información.
En el documento se pide a los gobiernos de América a tomar las medidas legislativas y las prácticas necesarias para garantizar ese derecho, y que asignen recursos para implementarlas.
El propósito de este estudio de la OEA es analizar el impacto de un reciente dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se implica que acceder a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión.
El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, declaró el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio Álvarez.

sábado, 25 de agosto de 2007

Chaco quiere que la información pública sea un bien social

Se trata de un proyecto impulsado en esa provincia cuya idea es que la información pública sea preservada “de cualquier connotación propagandística o tendenciosa” y que se la canalice a través de la publicidad oficial, que debe ser objetiva. La iniciativa fue presentada esta semana por el diputado justicialista Ricardo Sánchez, quien señaló que “esto surge ante la necesidad de transparentar las pautas publicitarias, que son un modo de amordazar a la prensa y someterla a los intereses del gobierno de turno”.
En el transcurso de esta semana, un diputado chaqueño presentó un proyecto de ley ante la Legislatura provincial para que “la información pública sea un bien social que debe ser preservado de cualquier connotación propagandística o tendenciosa”. La iniciativa propone también que se canalice a través de la publicidad oficial, que debe “informar objetivamente”.
“Esto surge ante la necesidad de transparentar las pautas publicitarias, que son un modo de amordazar a la prensa y someterla a los intereses del gobierno de turno”, dijo a Diario Judicial el diputado Ricardo Sánchez, impulsor del proyecto.
El legislador justicialista remarcó que “sería saludable transparentar estos fondos, que se mal usan”, y en ese sentido, la iniciativa propone regular varios puntos de la publicidad oficial. Primero se la define como “toda comunicación promovida por el Estado Provincial, a través de cualquiera de sus áreas y destinada a la difusión de su actividad inherente y al servicio del interés general”.
Por otra parte, sienta que su finalidad es, entre otras: “afianzar los valores y principios establecidos en la Constitución Nacional y Constitución Provincial; informar objetivamente sobre la gestión de gobierno, quedando prohibida su exaltación y el elogio de sus logros, o el de sus autoridades y funcionarios públicos”.
Respecto a la difusión de la publicidad oficial, el proyecto también pretende que el presupuesto provincial defina “con absoluta claridad el porcentaje que se destinará a cada una de las categorías de medios de difusión: a) grafica; b) radial; c) televisiva; d) portales de Internet”, y que se distribuya “regular y simultáneamente a cada medio debidamente registrado por el término del año presupuestado”.
En tanto, la propuesta incluye la creación del "Registro Provincial de Medios de Comunicación de la provincia del Chaco", que debe estar integrado por todos los medios de comunicación que desarrollan su actividad en la provincia y deseen recibir publicidad oficial.
Finalmente, siguiendo en la tendencia de evitar que la publicidad oficial se utilice con fines políticos, el proyecto de la ley prohíbe que sea utilizada por el gobierno dentro de los 30 días anteriores a la fecha de las elecciones provinciales, “quedando exceptuadas las que emanen de causas de fuerza mayor debidamente justificadas”, aclara la iniciativa.
Al referirse a la viabilidad que tendrá la propuesta en la Legislatura, el diputado Sánchez dijo que el 16 de setiembre hay elecciones en la provincia y por eso ve con dificultad que el bloque del oficialismo permita un despacho favorable. De todas maneras, el legislador adelantó que irá consultando a distintos sectores sociales, asociaciones y foros para que “presionen institucionalmente” y se alcance la sanción de la ley.
Fuente: Diario Judicial

viernes, 24 de agosto de 2007

Un fallo a favor de la Información Pública

La información deberá ser comprobable
En la causa por el saneamiento del Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio traslado de la demanda a los Estados involucrados y a las empresas acusadas de contaminar la cuenca. A su vez ordenó brindar información que sea comprobable por cualquier interesado, respecto de la problemática ambiental en la zona.
El Máximo Tribunal de la Nación ordenó a los Estados involucrados y a la Autoridad de la Cuenca, que confeccionen informes, detallados y comprobables, respecto de todas las cuestiones que atañen al daño ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Según opinión de los expertos de la Universidad de Buenos Aires y de empresas involucradas, el plan propuesto por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma no fue completamente satisfactorio. Por ello, los jueces de la Corte ordenaron la recolección de información para poder tener una visión más completa del plan que se estaría implementando.
Los magistrados tuvieron en cuenta las discusiones que se llevaron a cabo en las exposiciones por el conflicto del Riachuelo en las audiencias de este año. En ellas se advirtió que sobre determinados temas se carecía de información y sobre otros era dudosa o contradictoria con las versiones de otros sujetos que intervenían en el juicio.
La Corte pidió, particularmente, que se la informe de todos los aspectos que conforman la emergencia ambiental en la causa caratulada “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río - Matanza - Riachuelo)”.
Este informe deberá contener datos científicos actualizados sobre la situación ambiental, listado de las industrias que operan en la cuenca, la cantidad y proporción de los residuos que se vierten, de los traslados de las empresas contaminantes, de las propuestas para el sector industrial por parte de la Autoridad de Cuenca y los acuerdos firmados.
También deberá dejarse constancia del aporte presupuestario para la ejecución del plan, en especial de los aportes realizados por las jurisdicciones que conforman la Autoridad de Cuenca. A su vez, todas las consultas realizadas a expertos nacionales e internacionales respecto del plan, si las hubiera, y la totalidad de las fuentes de financiamiento.
Así también deberá constar el traslado de la población, el saneamiento de los basurales, información sobre la limpieza de los márgenes de la cuenca, la expansión de la red de agua potable y desagües cloacales, y el plan sanitario de emergencia.
Deberán informar sobre los costos totales de las obras y el avance hasta el 2015 del plan en cuestión, haciendo énfasis en que la información brindada deberá ser de acceso público y fácilmente comprobable por cualquier interesado.
Los jueces de la Corte establecieron que dicho informe deberá ser presentado por escrito y defendido oralmente en la audiencia del 31 de octubre de este año a las 10 de la mañana, en la cual se propenderá a terminar con las dudas sobre la credibilidad de la solución propuesta por las demandadas.
Esta resolución llevó la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Maqueda y Carmen Argibay.

Fuente: Diario Judicial

jueves, 23 de agosto de 2007

Santa Fe: Reclaman la sanción de la ley de información

Pedido del diputado provincial Héctor Jullier.
El diputado provincial por el Partido Demócrata Progresista Héctor Jullier se refirió a la falta de voluntad política del oficialismo para sancionar la ley de derecho a la información. “Este gobierno está terminando su gestión y nada hace pensar que en la provincia dejen de ocultarse los actos de gobierno”, manifestó.
El legislador santafesino indicó que entre otras cosas, una norma de este tipo “serviría para evitar los manejos discrecionales en materia de publicidad oficial, que muchas veces es utilizada como una herramienta de poder y control de los mismos medios de comunicación por parte de los gobiernos de turno”.
“Todos los santafesinos tienen derecho a saber cómo manejan los funcionarios los asuntos públicos. Qué decisiones toman, qué destino le dan al dinero del Estado, o qué hacen o dejan de hacer. Este derecho de acceso a la información pública es reconocido internacionalmente como un derecho humano y, en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Sin embargo nuestra provincia, por decisión política del oficialismo, sigue negando el acceso a la información a sus ciudadanos”, expresó Jullier. Para el diputado del PDP, “hay un evidente doble discurso. El gobernador, apenas asumido, había prometido a la opinión pública que una de sus prioridades sería promover la sanción de una norma que respete los postulados constitucionales sobre el tema, algo que volvió a reiterar año a año en cada inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura. Pero lamentablemente, a escasos meses de concluir esta gestión, debemos decir claramente que este gobierno no ha tenido voluntad política para que los santafesinos sepan qué es lo que hacen quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado”.
Párrafo aparte merecieron en la consideración de Jullier los legisladores del oficialismo. “Hablan de acceso irrestricto a la información en sus discursos, pero sus acciones y omisiones tienden a evitar la consagración legal del mismo”, señaló.
Más adelante, Jullier se refirió a las “inconcebibles trabas” propuestas por representantes del PJ en la Legislatura, mediante distintos proyectos de ley. “Una de las más vergonzosas fue la ley impulsada por el senador Raúl Gramajo, quien incluyó en una iniciativa la obligación en los solicitantes de acreditar interés legítimo”.

"En Chubut no hay acceso a la información pública"

Néstor Di Pierro y Walter García Moreno "han firmado en junio pasado convenios complementarios con Pan American Energy, cuyos términos se desconocen; también un acuerdo de asociación para explotar petróleo en Perú y una probable intermediación para la compra de acciones de YPF".
El diputado Carlos Lorenzo denunció que el Gobierno Provincial "está impidiendo el libre acceso a la información pública", lo que constituye una "clara violación de uno de los principales derechos que consagra la Constitución Provincial", al tiempo que anunció que promoverá un acción penal contra los funcionarios que no responden los pedidos de informes.
En la ciudad de Comodoro Rivadavia donde acompañó la actividad del candidato a Gobernador de la UCR Raúl Barneche, el legislador radical reiteró que "cientos de pedidos de informes realizados desde la Legislatura no fueron contestados" y que el Gobierno "sólo difunde datos con un fin publicitario y esconde toda la documentación relacionada –por ejemplo-, con los contratos petroleros".

Nuevos convenios
En ese sentido Lorenzo puso en conocimiento de los medios de Comodoro Rivadavia que el titular de Petrominera Néstor Di Pierro y el síndico de esa empresa estatal Walter García Moreno "han firmado en junio pasado convenios complementarios con Pan American Energy, cuyos términos se desconocen, como así también un acuerdo de asociación para explotar petróleo en Perú y una probable intermediación para la compra de acciones de YPF".
El diputado de la UCR cuestionó al gobernador Mario Das Neves y al ministro coordinador Norberto Yauhar por "no dar información veraz sobre los actos de gobierno" y dijo que " ellos solos saben lo que firmaron y ni siquiera lo informan a través de los medios de prensa". Lorenzo ha requerido información sobre la política petrolera y en especial ha solicitado conocer los términos de los acuerdos alcanzados por Petrominera S.E.
En ese sentido recordó que se pidió conocer si la Provincia ha concesionado áreas o yacimientos de hidrocarburos para la exploración y explotación; si se han realizado convenios de asociación con otras provincias, sociedades estatales, mixtas o privadas para tal fin o para el transporte, almacenamiento e industrialización de las sustancias minerales y de hidrocarburos líquidos, gaseosos y sus derivados.

Fallo apelado
Lorenzo informó que apeló el fallo del juez Universal de Rawson Carlos Alberto Tesi, quien en primera instancia rechazó un amparo presentado por el legislador en su condición de simple ciudadano donde requería información oficial amparado en la Ley de Libre Acceso a las Fuentes de Información.
"Hemos respondido que para ser diputado, primero hay que ser ciudadano", explicó Lorenzo, quien además dijo que la cuestión de fondo "es que la Administración Central debe velar en el estado de derecho para que cualquier ciudadano pueda acceder libremente a la información sobre la gestión de Gobierno".
Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical de la Provincia del Chubut

martes, 21 de agosto de 2007

Nuevo León, a la vanguardia en transparencia de información

El gobernador Natividad González Parás formalizó la incorporación de Nuevo León al sistema electrónico Infomex.
Monterrey, NL.- El Gobierno del estado vuelve a ser punta de lanza a nivel nacional, ahora en materia de transparencia, al iniciar las operaciones del sistema de del sistema de Infomex-Nuevo León.
José Natividad González Parás, gobernador de la entidad, y el secretario Ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), José Angel Trinidad Saldívar, formalizaron la incorporación de Nuevo León al sistema Infomex, con el cual se busca estandarizar a nivel nacional las peticiones por medio de internet.
En el evento, efectuado en Palacio de Gobierno, se mencionó que Nuevo León es la primera entidad federativa que se incorpora a este sistema, después de haberse reformado la ley, en julio. Cabe destacar que Infomex es un sistema electrónico, mediante el cual los ciudadanos pueden solicitar información a las autoridades gubernamentales, al mismo tiempo que podrán conocer los datos que les brinden.
Durante la ceremonia el mandatario estatal aseveró que para Nuevo León la transparencia es un imperativo, pues están convencidos que la bandera de la transparencia es una causa nueva, reciente de las últimas décadas, la cual contribuye a fortalecer la vida democrática del país, que contribuye a hacer más eficaz la acción del ámbito público y sobre todo que contribuye a fortalecer los derechos ciudadanos.
“Hemos visto con una enorme simpatía el esfuerzo que ha realizado el Instituto Federal de Acceso a la Información para desarrollar este sistema; nosotros suscribimos el convenio para empezar a trabajar en la transformación del modelo nuestro para adecuarlo y homogenizarlo al modelo federal hace un poco menos de un año, y hoy estamos advirtiendo que sí era posible asimilar y homologar sistemas, trabajar de la mano con el ámbito federal de gobierno a través del Instituto de Acceso a la Información”, expresó el Ejecutivo estatal.
González Parás añadió que en el último año y siete meses han recibido alrededor de mil 900 solicitudes de información electrónica, y que en los últimos siete meses se ha duplicado el número de solicitudes que se tuvo con respecto al año anterior.Agregó que a partir de la reforma constitucional su gobierno ha venido trabajando en un proyecto de iniciativa para actualizar y seguir siendo un estado de avanzada en materia de acceso a la información y de transparencia.
“Muy pronto, posiblemente a finales de esta semana, a más tardar a principios de la próxima, culminaremos los trabajos para enviar al Congreso del estado la iniciativa del Ejecutivo, que se sumará a otras iniciativas que han sido presentadas por otros ciudadanos o legisladores, a fin de que el Congreso del estado tenga un material suficiente para poder dar un paso adicional en la consolidación de la transparencia y el acceso a la información en nuestro estado”, indicó por último González Parás.

Fuente: Diario de México

Información pública debe ser libre para todos, según expertos del SIP
Asunción, Paraguay
Un importante debate sobre la libertad de prensa en Paraguay se realizó ayer en el Congreso, evento que tuvo como protagonistas a miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y legisladores, además de directores de medios de comunicación y periodistas. El punto central de la discusión fue sobre la ley de acceso a la información. Asimismo, se insistió en la necesidad de esclarecer los asesinatos de periodistas, que según los registros de la SIP, desde el año 1987 suman más de 300 los casos no aclarados.
La apertura del taller legislativo estuvo a cargo del presidente del Senado, Miguel Abdón Saguier, quien manifestó que la libertad de expresión consignada en la Carta Magna implica una ardua tarea, y que el compromiso del Parlamento va mucho más allá de la mera labor legislativa. Seguidamente, Bartolomé Mitre, director del diario La Nación de Argentina y presidente de la Comisión de Chapultepec de la SIP, tras explicar la mecánica de la conferencia, comentó que desde 1994, año en que comenzaron las actividades de la SIP, se sancionaron leyes de acceso a la información pública en República Dominicana, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Mientras que existen proyectos pendientes en Brasil, Chile y Guatemala.
Se instalaron dos mesas de discusión, primero se habló sobre las leyes de acceso y en una segunda parte, el doctor Alejandro Encina Marín disertó sobre los llamados "delitos de honor". En su intervención, Luis Etchevehere, de El Diario, Paraná, Argentina, se refirió a la polémica desatada el año pasado en el país tras el rechazo en el Senado, del proyecto de ley de acceso a la información. Resaltó que "reconocer el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública es muy simple, tan simple como la propia Constitución paraguaya la garantiza". Sugirió algunas recomendaciones para la ley, señalando que para el éxito de una ley, se requiere primero que la legislación establezca el compromiso del Gobierno con los principios de apertura y transparencia, a corto, mediano y largo plazo.
También dijo que las excepciones tienen que estar "fríamente" consignadas en la ley, y cuando existen dudas sobre la divulgación de la información se debe favorecer la completa publicidad de la misma. Manifestó que este proceso precisa de una voluntad política de los líderes políticos del país.
Sobre el punto, Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP, quien ofició de moderador, sugirió que "en todo caso para que no esté en conflicto con la propia Constitución se necesita una ley que regula el artículo 28 (de la Constitución paraguaya)". "Las fuentes públicas son libres para todos, la ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas", acotó.
Aunque no estaba incluido en el programa, se conversó sobre la necesidad de poner seriedad al fin de la impunidad de crímenes contra los periodistas.Por su parte, el constitucionalista Jorge Seall expresó que han transcurrido 15 años sin que Paraguay cuente con una ley de acceso a la información, aunque desde su punto de vista, no es necesaria ninguna ley. Esta postura fue retrucada por el diputado Rafael Filizzola, quien fundamentó a favor de la sanción de la normativa.
El senador Alejandro Velázquez Ugarte acusó a los periodistas de usar los medios de comunicación para "hacer política", lo cual consideró antiético. Esta opinión del legislador motivó la reacción inmediata de Mitre, quien sostuvo que el periodista puede tener una opinión política al igual que el medio, pero que quien abraza una ideología pierde credibilidad, se desacredita y a la larga tiende a desaparecer.

Derecho a Informarse
El Artículo 28 de la Constitución Nacional, sobre el derecho a informarse, establece que "se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo".
El referido artículo agrega que "Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios".
Dispar opinión de directores de mediosPosiciones dispares demostraron ayer los directores de medios de comunicación durante una parte del debate sobre la libertad de prensa en Paraguay. El director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo defendió una postura diametralmente opuesta a la del director de La Nación, Alejandro Domínguez.
Mientras Zuccolillo definió como "una ley inocua, impráctica y antilibertad del periodista" al proyecto de ley de acceso a la información, porque a su criterio no proporciona información sobre la privacidad de las personas; Domínguez dijo que se busca una ley que beneficie a la ciudadanía, al tiempo de instar a los legisladores a tener en cuenta los medios de comunicación, cuando se analice el proyecto.
El director del diario ABC sostuvo que "nuestro diario considera inocua esta ley, basta leer el artículo 7 (límites al acceso de la información), y exhorto a los periodistas que están presentes, que saben las dificultades que enfrentamos para obtener la información a que lean y publiquen en sus medios lo que dice este artículo. Es una ley inocua, si hoy tenemos restricciones para obtener la información, esto que está aquí le da la posibilidad a los señores que son objetivo de nuestras investigaciones a que se escuden en esta ley. Imagínense ustedes, si nosotros tenemos que pedirle a la gente de Copaco que nos informe algo y que nosotros no vamos a poder publicar hasta que ellos nos informen", indicó.
Por su parte, Domínguez, puntualizó que "en nuestro caso particular, sí estamos de acuerdo con la ley. Sin embargo, no vemos los motivos por el cual tenga que haber una ley con excepciones y tampoco ambigüedades. Creemos que una ley debe construirse tal cual se hizo, pero también creemos que deberíamos estar en este debate para construir esa ley que garantice, no una ley en favor del periodista o del periodismo. Creo que lo que estamos buscando es una ley en favor del ciudadano, que marca muy bien la diferencia", manifestó.

Más de 100 legisladores hicieron el vacío al debate
Total desinterés demostraron ayer una gran mayoría de legisladores de ambas cámaras del Congreso, ya que no participaron del importante debate sobre la ley de prensa. Cabe señalar que el año pasado se instaló una gran polémica sobre el proyecto de ley de acceso a la información, que fue el tema central de la discusión de la víspera, sin embargo, de los 125 parlamentarios, los asistentes no llegaron a 20.
El taller estaba dirigido precisamente a diputados, senadores, periodistas, directores de medios de prensa, miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes de periodismo.Asistieron al encuentro los presidentes del Senado y Diputados, Miguel Abdón Saguier y Óscar Salomón, respectivamente. Asimismo estuvieron los senadores: Alejandro Velázquez Ugarte, Jorge Oviedo Matto, Emilio Camacho y Juan Carlos Ramírez Montalbetti. Entre los diputados estuvieron Gustavo Mussi, Eduardo Nery Huerta, Juan Antonio Denis, Edmundo Rolón, Elido Benítez, Julio Colmán, Juan Manuel Del Puerto y Olga Ferreira de López. Muy pocos permanecieron hasta el final de la conferencia.
Al término del encuentro, los titulares del Senado y Diputados suscribieron la Declaración de Chapultepec, como un compromiso con la libertad de expresión en el Paraguay. La nota jocosa la dio el diputado liberal Elido Benítez, quien aparte de estampar su firma, "selló" el documento, tal vez recordando su rol de docente, de su natal Choré, aunque algunos de sus colegas lo tildaron de "maestro de la payasada".

miércoles, 15 de agosto de 2007

Siete candidatos a gobernador por una ley de acceso a la información pública

Los candidatos a gobernador Rafael Bielsa (Frente para la Victoria), Hermes Binner (Frente Progresista Cívico y Social), Carlos Blanco (Partido Obrero), Walter Jesús Eiguren (Movimiento por la Dignidad y la Independencia), Silvia Gómez (Partido Humanista), Alejandro Parlante (Movimiento Socialista de los Trabajadores) y Alicia Tate (Unión Cívica Radical) manifestaron su compromiso con una ley de acceso a la información pública sin restricciones. A través de los testimonios recogidos y editados en un video que presentó el lunes pasado la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, quienes se postulan para el cargo de gobernador, y pertenecen al más amplio espectro ideológico, explicaron la importancia de una norma que consagre el derecho de acceso a la información en manos de los tres poderes del Estado. Después de la proyección y ante la presencia de organizaciones sociales, políticas, gremiales, comunitarias, académicas, de derechos humanos, de legisladores provinciales y candidatos a ocupar bancas en la Legislatura provincial, rubricaron el compromiso cuatro postulantes: Binner, Blanco, Gómez y Tate. El resto había expresado la dificultad de hacerse presente en la sala de la Mutual Mercantil Argentina, de Urquiza 1539, donde se llevó a cabo el encuentro.
En esa oportunidad también se presentó la consigna ¡Queremos saber! como la que presidirá de ahora en más la campaña por una ley sin condicionamientos limitativos.

Un largo camino recorrido

Estamos impulsando la sanción de una ley de acceso a la información de los tres poderes del Estado desde hace muchos años, con actos, campañas, comunicados, reuniones con los legisladores y en contacto con todos ustedes, los representantes de las organizaciones de la provincia. Lo hacemos porque los periodistas trabajamos con la información, somos el nexo entre ella y el público, pero fundamentalmente como una forma de:

  • garantizar y profundizar la democracia
  • transparentar la gestión pública: los funcionarios de turno no pueden disponer arbitrariamente de la información porqué no es de su propiedad. La información es un bien social y acceder a ella un derecho humano.

La primera iniciativa en la materia fue de Carlos Favario, ex Diputado del Partido Demócrata Progresista. Perdió estado parlamentario en el Senado, después de haber obtenido media sanción de Diputados.
Cuando Obeid asumió como gobernador envió un mensaje a extraordinarias sobre el acceso a la información, apoyamos esa iniciativa porque nos parecía que respetaba la legislación nacional e internacional en la materia. Lo cierto es que a mediados de 2004, Senadores le dio media sanción pero incorporando la cláusula del interés legítimo, es decir que los ciudadanos deben justificar para qué y porqué quieren la información y los funcionarios luego deciden si entregan o no los datos. Lo cual es un verdadero contrasentido del derecho a acceder a la información pública y del principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno.
Desde entonces hubo varias idas y venidas: muchos legisladores de distintos partidos se interesaron en el tema, consensuaron y votaron un proyecto, que no tuvo eco por la oposición del bloque de senadores del PJ, con Joaquín Gramajo Benavides a la cabeza, a pesar de que el gobernador Obeid y la vicegobernadora María Eugenia Bielsa, presidenta de la cámara alta, se manifestaron a favor del acceso a la información sin restricciones. Este año el proyecto no fue debatido.
Por eso, y ante la próxima renovación de las autoridades provinciales, decidimos pedirles a los candidatos un compromiso público con una ley sin restricciones. E insistir con que la ley sola no alcanza: el Estado debe generar un rediseño institucional para q cuando los ciudadanos quieran conocer los actos de gobierno puedan hacerlo. Por eso decimos que el acceso a la información implica una mayor transparencia de la administración y favorece una ciudadanía participativa.
Pudimos contactarnos con todos los candidatos excepto con dos: Ricardo Cuassolo del Partido Autonomista y Omar Mordini del Frenapa, que no están en Rosario. A pesar de los esfuerzos por comunicarnos con ellos e incluso la posibilidad de viajar a grabarlos.

domingo, 12 de agosto de 2007

Los candidatos a gobernador y la información pública

El Sindicato de Prensa Rosario organiza un encuentro en el que se conocerá la postura de cada representante partidario sobre la ley de acceso a los datos de los tres poderes del Estado provincial.
La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario invita a todas las organizaciones de la sociedad y al público en general a participar el próximo lunes 13 de agosto, a las 19.30 hs., del encuentro organizado para proyectar el video que contiene la postura de los candidatos a gobernador de la provincia en relación con el derecho de acceso a la información pública.
También se invitó a los mismos candidatos a que ese día, y ante las organizaciones representativas de los distintos sectores y expresiones de la comunidad santafesina, rubriquen su compromiso público para impulsar esta ley y lograr que en la provincia se termine con la cultura del secreto y del oscurantismo. Ese día también se presentará y entregará a cada organización el Informe 2006-2007 de la Comisión.
El encuentro será en la sede de la Asociación Mutual Mercantil Argentina (A.M.M.A.), ubicada en Urquiza 1539 (ex Complejo Cultural de la Cooperación). Esperamos contar con la presencia de todas las organizaciones interesadas en el fortalecimiento y profundización de la democracia en la provincia de Santa Fe. De la reunión participarán los integrantes del Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) e instituciones de la capital provincial.

Audio de la convocatoria:


Fragmento del video:

Por el acceso a la información pública

La sanción de una ley que haga posible el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es desde hace muchos años una deuda que los legisladores provinciales tienen con los santafesinos. Sobre este tema la Comisión continuó con un amplio trabajo de difusión entre las organizaciones civiles de todo el espectro social, que sumaron sus voces y esfuerzos en reclamo por acceder a la información que se genera en el ámbito de los tres poderes del Estado. Además mantuvo un permanente debate público con quienes tienen sobre el tema una actitud tan cerrada como limitativa.
La actitud es sostenida, solamente, por el bloque de senadores justicialistas, que en una concepción casi feudal de las relaciones políticas y sociales continúa negando un requisito indispensable para la profundización de la democracia, que se opone a dejar en la discrecionalidad de legisladores el dar o no a conocer la información que pertenece a la sociedad. El senador Joaquín Raúl Gramajo Benavídez, del departamento 9 de Julio, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dejó escritas páginas lamentables en la historia de la Legislatura: Gramajo no debate ni recibe a las organizaciones de la comunidad que pretenden exponer su punto de vista. Tampoco brinda la argumentación para el disenso, pero tiene como seguidores a los otros 14 senadores justicialistas, quienes votan para que los habitantes y ciudadanos tengan que explicar por qué les interesa conocer qué hacen los gobernantes, al requerirles que demuestren "interés legítimo".
Los argumentos limitativos ya se habían impuesto en julio de 2004, cuando el proyecto del gobernador Jorge Obeid que ingresó por el Senado fue tratado y se modificó con la incorporación, entre otras, de la invocación del interés legítimo.
Desde el comienzo el proyecto estaba herido de muerte, porque la composición de la Cámara tan contraria a transparentar los actos de gobierno viene desde hace muchos años.
Una experiencia similar transcurrió con el proyecto presentado por el entonces diputado Carlos Favario, que tuvo el apoyo unánime de los diputados y quedó trabado cuando en el Senado se comenzó a invocar la categoría limitativa. De ahí que desde esta Comisión del SPR, que considera a la información como un derecho humano fundamental, que posibilita el conocimiento y el logro de otros derechos, se continuó en el trabajo de hacer escuchar las voces de las distintas expresiones sociales y se eligió para esa manifestación por la libertad de expresión la puerta misma de la Legislatura, en la capital provincial.
La idea fue pedir a los diputados que, como ya lo habían hecho años atrás, dieran muestras de una verdadera concepción democrática, trataran los distintos proyectos en la materia, tomaran lo mejor de cada uno y otorgaran media sanción a una ley sin restricciones.
Así fue que el 29 de septiembre de 2005 -se eligió esa fecha porque era día de sesión de las dos cámaras y en ocasión de que el 28 de septiembre es el Día Mundial del Derecho a Saber- las escalinatas del Congreso provincial y el hall del edificio fueron el escenario de un acto de reclamo durante el que cada organización sindical, estudiantil, académica, profesional, comunitaria y de derechos humanos de Rosario, de Santa Fe y de otras ciudades de la provincia participaron para exigir transparencia en las acciones de gobierno. En la organización también estuvieron el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el Foro de Comunicación Santafesino (FoCoS), con quienes renovamos la campaña de firmas que logró reunir más de doscientas expresiones de las organizaciones regionales, nacionales e internacionales para pedir por una ley sin restricciones.
Ese día, desde un gran 'cofre' cerrado con candado, que al compás de la actuación y de la música de una murga se logró abrir, salieron muchas de las preguntas que en esta provincia no hay a quién formular con garantía de obtener la devolución correspondiente.
Luego, se repartieron en Diputados y en Senadores pequeñas réplicas de ese 'cofre', a la manera de 'souvenirs', para recordarles a los legisladores el mandato de formular y aprobar leyes para la democracia. Ese día hubo reuniones con el presidente de la Cámara Baja Edmundo Barrera y con los titulares de los distintos bloques.
Poco tiempo después, el 30 de noviembre de 2005, los diputados dieron una muestra de madurez política al alcanzar un consenso entre los distintos proyectos sobre el tema, el del gobernador Obeid que les llegaba de Senadores con la incorporación del 'interés legítimo', más los de los diputados Gabriel Real del PDP, Hugo Marcucci de la Unión Cívica Radical y Danilo Kilibarda del PJ.
El resultado fue una media sanción con las principales condiciones que necesita una ley en la materia, sin limitaciones elitistas. Desde el Sindicato de Prensa Rosario se dio el amplio respaldo a la decisión unánime de los diputados, como lo hicieron las organizaciones sociales que se expidieron con su firma y su presencia.
Ya en el período de sesiones extraordinarias -de mediados de diciembre de 2005 a fines de abril de 2006- donde el expediente por el derecho a la información formaba parte de la agenda a considerar, los senadores revisaron la decisión de los diputados y desde el bloque justicialista se insistió con la limitación del interés legítimo.
Antes, desde nuestra organización, se intentó la reunión con los miembros del Senado para expresar la preocupación por el tema pero la audiencia solicitada no fue concedida por el Justicialismo. El SPR fue recibido por la vicegobernadora, en su calidad de presidenta de la Cámara Alta, con quien hubo coincidencia acerca de que el "interés legítimo" contradice el derecho que corresponde a los ciudadanos y niega el espíritu de una ley en la materia.
Sobre el final del período de sesiones extraordinarias, los diputados que debían tratar el tema en segunda revisión -si luego los senadores insistían con la limitación y transformaban el proyecto en ley, el gobernador podía vetar parcialmente los artículos- no sesionaron y el expediente perdió estado parlamentario.
En situación de un volver a comenzar, desde esta Comisión del Sindicato de Prensa Rosario se considera importante que el acuerdo alcanzado por los diputados en diciembre pasado se plasme en un proyecto que ingrese a la Cámara con el acuerdo de todos los bloques. Resultará importante que no se pierda el trayecto recorrido, que fue una buena práctica de convivencia democrática.

En Rosario
La ciudad de Rosario cuenta desde 2001 con la ordenanza Nº 7249, mejorada luego por otra norma, la Nº 7827 del 2005, que consagra en el ámbito de la ciudad el derecho de acceso a la información pública para todas las personas y la posiciona, junto a otras pocas en el país, entre las más avanzadas en la materia.
Sin embargo el texto, contenido y alcance de esa ordenanza no es conocido por los habitantes de la ciudad ni por las organizaciones del más amplio espectro de la actividad rosarina. De allí que el SPR junto al CIPPEC pidió audiencia al intendente Miguel Lifschitz, una reunión que se concretó el 27 de marzo de 2006.
En esa oportunidad se planteó la necesidad de avanzar en las formas de conocimiento de la legislación local que permitan una verdadera y activa participación de los vecinos de la ciudad.
Para ello se propuso que a través de todos los mecanismos que el municipio posee a su alcance se difunda la existencia de la ordenanza y a la vez se organicen charlas que desde la estructura de descentralización de la ciudad, como desde la propia Universidad Nacional, posibiliten una amplia difusión acerca de qué es posible preguntar sobre la información en poder del gobierno rosarino.
Lifschitz se comprometió a estudiar las formas de instrumentar esa tarea de difusión y conocimiento.

sábado, 11 de agosto de 2007