Poder Ciudadano continúa detectando falencias en el derecho al acceso a la información pública

La conclusión surge de un relevamiento que realizó la ONG entre enero y junio respecto de si los organismos públicos cumplen con la "Publicidad de la Gestión de Intereses". Los resultados revelan que, en general, se publican muy pocas audiencias en el registro creado para este fin; incluso algunos organismos no publicaron ninguna. También se detectaron reuniones publicadas por medios de alcance nacional, pero que no fueron dadas a conocer en el Registro Único de audiencias, como exige la norma.
El acceso a la información pública es un derecho constitucional de todo ciudadano. Sin embargo, y pese a que la Argentina existe desde 2003 un decreto que lo reglamenta, sigue siendo una deuda pendiente del Estado para con la sociedad. Al menos, así lo revela el último monitoreo que realizó la Fundación Poder Ciudadano, entre enero y junio de este año, sobre uno de los componentes del decreto 1172/03: la Publicidad de la Gestión de Intereses.
Se trata de un relevamiento que realiza semestralmente la ONG desde 2004, que busca detectar si, efectivamente, se cumple una de las garantías que ofrece la normativa (llamada "Mejora de la calidad de la Democracia y sus Instituciones"): la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda conocer los encuentros que mantienen los funcionarios públicos con personas que representan un interés determinado. En síntesis, la pregunta a responder con este monitoreo es: ¿Se cumple la publicidad de la Gestión de Intereses?
Los resultados fueron más que elocuentes: Todavía hay organismos nacionales que tienen una escasa publicación de estos encuentros. Algunos, incluso, no publicaron ni uno sólo en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses, creado por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, y que se encuentra disponible en la página web http://www.blogger.com/www.mejordemocracia.gov.ar. Por si esto fuera poco, dos de los ministerios nacionales no publicaron sus audiencias en este registro, y sólo las dieron a conocer a través de sus páginas web institucionales. Esta situación dificulta el acceso a la información por parte de la ciudadanía interesada.
Para ejemplificar, se toman algunos casos: la Secretaría General publicó en el registro sólo cinco audiencias correspondientes al período enero-junio; la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), cuatro; y la Secretaría Legal y Técnica, dos. En tanto, la Casa Militar y la Secretaría de Cultura no han registrado ninguna audiencia en el período monitoreado. Y los ministerios del Interior y de Economía no utilizaron el registro de audiencias para hacer las publicaciones de estos actos, aunque sí los registraron en sus páginas webs.
¿El resultado más llamativo?: El Ministerio de Trabajo registró sólo cinco audiencias. Esto contrasta con el monitoreo de notas publicadas en los diarios La Nación y Clarín, que reveló que, por estos medios, se mencionaron (como parte de coberturas periodísticas) al menos tres audiencias que no aparecen en el Registro Único de Audiencias de Gestión.
En efecto, según La Nación y Clarín, el titular de la cartera de Trabajo, Carlos Tomada, mantuvo reuniones el 2 y 3 de mayo último con la conducción de la Asociación de Docentes de Santa Cruz. El 16 del mismo mes, y en el marco del conflicto docente desatado en Santa Cruz, el Ministro se reunió con los representantes gremiales Mónica Galván y Pedro Muñoz, la Secretaria de Educación Provincial, Silvia Esteban y el titular de la cartera de Economía de Santa Cruz, Juan Bontempo. Sin embargo, el Registro Único de Audiencia de Intereses publica una sola audiencia del titular de la cartera de Trabajo durante mayo, fechada el 24, que se realizó con el Presidente de la Fundación Pro Tejer. El último caso se habría dado en junio, en el que, según el diario La Nación, Tomada mantuvo una reunión con el abogado de la CGT, Héctor Recalde, y los gremialistas Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Omar Suárez (Marítimos) y Leonardo Favre (Apops). Según el registro de audiencia, el titular de la cartera de Trabajo no ha sostenido audiencias de gestión de intereses en el mes de Junio. Las temáticas que se trataron en estas reuniones claramente entran dentro de la categoría “gestión de intereses” que deberían ser de conocimiento público.
Las sorpresas no terminan allí. Hay organismos públicos que, incluso, han disminuido sustancialmente el número de audiencias publicadas durante los últimos tres semestres monitoreados por Poder Ciudadano. Es el caso de los ministerios de Defensa y de Desarrollo Social. El primero, por ejemplo, publicó 127 audiencias durante el primer semestre de 2006, un número que descendió a 64 en el segundo semestre de ese año, y a 23 en la primera mitad de 2007. Desarrollo Social, en tanto, arrancó en 2006 con 118 publicaciones, terminó ese año con 34, y durante el primer semestre de este año sólo registró 14 audiencias.
Es importante destacar que la existencia de gran cantidad de audiencias publicadas no significa a priori un cumplimiento acabado de la normativa en cuestión. Sin embargo, es llamativa la diferencia cuantitativa en una misma cartera, en similar cantidad de tiempo.
“La regulación de la gestión de intereses se relaciona íntimamente con el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública y la obligación por parte de los funcionarios de brindar información respecto de sus gestiones. Un cumplimiento efectivo de la norma en cuestión implicaría a priori, una mayor transparencia y menor discrecionalidad en el ejercicio de la función pública”, destacó la Responsable de Área de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación Poder Ciudadano.
Manuel Calvagno, investigador y miembro del equipo que elaboró el informe, explica: “El Decreto 1172/03 ha sido un gran avance en materia de acceso a la información. Sin embargo, requiere de un cumplimiento responsable del mismo por parte de los funcionarios alcanzados por la norma. Y de una ciudadanía activa dispuesta a controlar ese cumplimiento”.
Las conclusiones del monitoreo señalan la necesidad de que la regulación de la gestión de intereses se realice a través de una ley y no sólo por medio de un decreto . Por otro lado, resalta el hecho de que, pese a la existencia de la norma regulatoria, ésta no garantiza un efectivo cumplimiento por parte de los funcionarios sujetos a ella (el monitoreo alcanza a 13 dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, la mayoría de las cuales presenta un alto grado de exposición a la gestión de intereses por parte de diversos sectores). “Depende exclusivamente de la voluntad de los funcionarios de abrir a la ciudadanía la información acerca de aquellas reuniones particulares que han tenido por objeto incidir en su gestión”, señala el informe. Y agrega: “En este sentido, la discrecionalidad de los funcionarios puede constituir un fuerte obstáculo para el libre ejercicio del acceso a la información”.

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