La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA), cuya 45 Asamblea anual se está realizando en Mendoza, señaló que en la Argentina subsisten condicionamientos a la libertad de prensa provenientes de los poderes públicos y además "estilos de gestión cerrados" que tienen "dificultades para comprender que la información pública es un derecho de la ciudadanía".
Además, ADEPA advirtió que algunos gobiernos de la región adoptan la confrontación con la prensa como estrategia y planteó que el periodismo analiza la gestión de gobierno, pone de relieve los actos sospechados de corrupción y señalas los abusos de poder, "sin aceptar interferencias gubernamentales.
En su Informe Anual sobre Libertad de Prensa, ADEPA también denunció que desde el Estado se reiteraron "descalificaciones" a periodistas y "hostigamientos" a medios por su línea editorial, volvió a insistir sobre el uso discrecional de los recursos públicos que, en algunos casos, sirvieron para "castigar la discrepancia y premiar la afinidad" y recordó, como ejemplo, un último pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el Diario "Río Negro".
En la 45 Asamblea que se realiza en nuestra provincia, la entidad que nuclea a los editores dio a conocer su opinión al respecto y a modo de balance anual, a través del titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Gamond.
Este es el texto completo de las conclusiones:
"ADEPA considera que, como sucede desde la restauración democrática de 1983, merced a la custodia de la sociedad y fundamentada en la Constitución, la libertad de prensa está vigente en el país. Sin embargo, subsisten condicionamientos derivados de quienes desde los poderes públicos insisten en desconocer su función institucional. "No podemos dejar de señalar que el contexto en el que se desarrolla el trabajo de la prensa -a nivel nacional, provincial y local- tampoco resulta ajeno al proceso de deterioro institucional y cultural que la sociedad argentina viene sufriendo desde hace largos años.
"Como otras instituciones del país que enfrentan desafíos para resguardar el lugar que el orden republicano les otorga, la prensa ha seguido padeciendo dificultades y tensiones que en muchos casos exceden el normal desenvolvimiento del sistema de frenos y contrapesos de toda democracia.
"No sólo ha subsistido la falta de un diálogo institucional maduro y transparente entre gobernantes y medios periodísticos. También se mantuvieron vigentes estilos de gestión cerrados sobre sí mismos, con dificultades para comprender que la información pública es un derecho de la ciudadanía, respecto del cual la prensa constituye un intermediario crítico y necesario.
"Esto hace imprescindible la pronta sanción de la demorada ley de acceso a la información pública en aquellas jurisdicciones judiciales que no lo hayan promulgado, así como el dictado de normas que sustituyan la Ley de Radiodifusión vigente desde hace muchos años y ajena a los principios republicanos. "Desde distintas jurisdicciones del Estado se reiteraron descalificaciones a periodistas por el mero ejercicio de su tarea de investigación y hostigamientos a medios por su línea editorial. Al igual que el uso discrecional de recursos, utilizados no como herramienta racional de difusión de actos de gobierno, sino en determinados casos- para castigar la discrepancia y premiar la afinidad.
"Siguen pendientes, desde la crisis de 2001-2002, las respuestas oficiales a la situación de vulnerabilidad económica en la que se sumergió gran parte de la prensa nacional, sobre todo en el caso de las medianas y pequeñas publicaciones del interior del país. Los medios enfrentan hoy graves contingencias derivadas de los cambios macroeconómicos, impositivos y regulatorios que alteraron su ecuación financiera y que nunca fueron abordados, como en otros sectores de la vida nacional.
"Así mismo, vemos con preocupación la tendencia creciente a resolver conflictos puntuales o sectoriales mediante prácticas de impacto general que, al bloquear la libre circulación de personas, bienes o ideas, violentan la convivencia y los principios constitucionales.
"Valoramos como expresión positiva de uno de los poderes del Estado, la profundización del diálogo planteado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para generar una comunicación fluida con toda la sociedad a través de la prensa. Un claro ejemplo de republicanismo lo constituye el reciente pronunciamiento del Alto Tribunal (fallo Río Negro s/amparo) sobre los criterios de racionalidad y no discriminación que deben guiar la distribución de la publicidad oficial para no afectar la libertad de prensa.
"La prensa argentina ha ejercido, en su inmensa mayoría, su papel de manera cabal, contribuyendo a la más amplia y correcta información de la ciudadanía. Debe destacarse su aporte al esclarecimiento de casos de indudable trascendencia social y a la puesta en agenda de temas de fuerte incidencia pública.
"Así es que en nuestra condición de editores analizamos la gestión de gobierno, ponemos de relieve los actos sospechados de corrupción y señalamos los abusos de poder sin aceptar interferencias gubernamentales. "La libertad de prensa que ratificamos es la que se sustenta en la legalidad, en la equidad, en el ejercicio de la actividad periodística desde el vientre mismo de la democracia republicana, que nos supone asumiendo con responsabilidad el riesgo profesional y empresario. Además capacitándonos y alentando la formación profesional de nuestros colaboradores, incorporando tecnología, digitalizando nuestros productos y generando los recursos que nos hagan económicamente sustentables como garantía del cumplimiento de nuestra misión periodística.
"Sabemos bien que las tensiones y conflictos entre el poder y la prensa no son un fenómeno exclusivo de nuestro país. ADEPA lo ha señalado así en mayo pasado cuando advirtió sobre los riesgos que se percibían para la tarea periodística en el ámbito continental.
"Algunos gobiernos de la región adoptan la confrontación con la prensa como estrategia, usando tácticas diferentes como la ausencia de diálogo, la descalificación a medios o periodistas y, en situaciones más graves, la hostilidad abierta. Es quizás Venezuela el país donde se ha producido el avance más elocuente. Allí se retiró la licencia de la que RCTV era titular desde 1953, por difundir opiniones críticas sobre la actual gestión de gobierno. También es sombrío el panorama en Bolivia y Ecuador que parecen reproducir poco a poco la matriz autocrática de Cuba.
"Desde nuestro lugar, y frente al nuevo período institucional que se abre de cara a un cuarto de siglo ininterrumpido de democracia, ADEPA alienta la esperanza de que se inicie una etapa de diálogo, con vistas a la reafirmación institucional del país. "Una etapa donde todas las instituciones, entre ellas la prensa, encuentren el ambiente propicio para su fortalecimiento al servicio de la República".
Fuente: DyN
domingo, 30 de septiembre de 2007
viernes, 28 de septiembre de 2007
Nuevo reclamo por la Ley de Acceso a la Información Pública
En el Día Mundial del Derecho a Saber
El Día del Derecho a Saber se conmemora el 28 de septiembre en todo el mundo. La fecha fue consagrada en un encuentro internacional de organizaciones que promueven el acceso a la información pública, realizado en Bulgaria en 2002, donde se creó además la Red de Defensores del Acceso a la Información.
Desde la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, reafirmamos en este 28 de septiembre nuestro reclamo a las autoridades santafesinas para que se promulgue una ley de acceso a la información pública de los tres poderes del Estado. Desde hace años venimos impulsando junto a una red de organizaciones, nacionales y provinciales, del ámbito gremial, social, comunitario, estudiantil, académico y de derechos humanos, la sanción de una norma que garantice el derecho de todos y todas a acceder a los datos que obran en poder del Estado, ya que la información pública no es un bien que pertenezca a los gobiernos ni a un sector determinado sino a toda la sociedad. Además, y fundamentalmente, ejercitar el derecho a saber asegura el funcionamiento, la profundización y el fortalecimiento de la democracia.
En ese sentido, y en el marco de la campaña “Queremos saber”, en agosto pasado presentamos un video en el que los candidatos a gobernador manifestaron su compromiso público con una ley de acceso. Entre ellos se encontraba quien resultó electo como mandatario, Hermes Binner, quien incluso a poco de las elecciones volvió a pronunciarse a favor de promover la norma. Sin embargo, el 14 de septiembre los senadores justicialistas incumplieron una vez más la deuda que mantienen con todos los santafesinos. Se trata de los mismos legisladores que en su momento contradijeron el espíritu del mensaje del Ejecutivo al incluir la cláusula restrictiva del interés legítimo.
Es por eso que bregamos porque la Legislatura haga posible finalmente este anhelo de cientos de organizaciones del más amplio espectro que reclaman la democratización y la transparencia de la gestión pública.
Desde la Comisión continuaremos insistiendo como desde hace años lo hacemos para que el ejercicio de este derecho sea una realidad y no una invocación abstracta. En ese sentido convocamos a todos los santafesinos a sumarse a la campaña de acción ciudadana “Queremos saber”. En el sitio de Internet http://informacionya.blogspot.com/ podrán encontrar información acerca de las acciones encaradas por el Sindicato de Prensa Rosario en la búsqueda de consensos que conlleven a la sanción de una ley de acceso a la información pública. Además, novedades del país y del mundo relacionadas con el tema.
Rosario, 28 de septiembre de 2007
Comisión en defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico
Sindicato de Prensa Rosario
El Día del Derecho a Saber se conmemora el 28 de septiembre en todo el mundo. La fecha fue consagrada en un encuentro internacional de organizaciones que promueven el acceso a la información pública, realizado en Bulgaria en 2002, donde se creó además la Red de Defensores del Acceso a la Información.
Desde la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, reafirmamos en este 28 de septiembre nuestro reclamo a las autoridades santafesinas para que se promulgue una ley de acceso a la información pública de los tres poderes del Estado. Desde hace años venimos impulsando junto a una red de organizaciones, nacionales y provinciales, del ámbito gremial, social, comunitario, estudiantil, académico y de derechos humanos, la sanción de una norma que garantice el derecho de todos y todas a acceder a los datos que obran en poder del Estado, ya que la información pública no es un bien que pertenezca a los gobiernos ni a un sector determinado sino a toda la sociedad. Además, y fundamentalmente, ejercitar el derecho a saber asegura el funcionamiento, la profundización y el fortalecimiento de la democracia.
En ese sentido, y en el marco de la campaña “Queremos saber”, en agosto pasado presentamos un video en el que los candidatos a gobernador manifestaron su compromiso público con una ley de acceso. Entre ellos se encontraba quien resultó electo como mandatario, Hermes Binner, quien incluso a poco de las elecciones volvió a pronunciarse a favor de promover la norma. Sin embargo, el 14 de septiembre los senadores justicialistas incumplieron una vez más la deuda que mantienen con todos los santafesinos. Se trata de los mismos legisladores que en su momento contradijeron el espíritu del mensaje del Ejecutivo al incluir la cláusula restrictiva del interés legítimo.
Es por eso que bregamos porque la Legislatura haga posible finalmente este anhelo de cientos de organizaciones del más amplio espectro que reclaman la democratización y la transparencia de la gestión pública.
Desde la Comisión continuaremos insistiendo como desde hace años lo hacemos para que el ejercicio de este derecho sea una realidad y no una invocación abstracta. En ese sentido convocamos a todos los santafesinos a sumarse a la campaña de acción ciudadana “Queremos saber”. En el sitio de Internet http://informacionya.blogspot.com/ podrán encontrar información acerca de las acciones encaradas por el Sindicato de Prensa Rosario en la búsqueda de consensos que conlleven a la sanción de una ley de acceso a la información pública. Además, novedades del país y del mundo relacionadas con el tema.
Rosario, 28 de septiembre de 2007
Comisión en defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico
Sindicato de Prensa Rosario
"Poca gente sabe que tiene derecho a pedir información al Estado"
El acceso a la información es una herramienta importantísima para poder ejercer otros derechos, como la salud, la educación, la seguridad".
Si bien en Córdoba hay, desde 1999, una ley que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública en los organismos provinciales y municipales y de que, a nivel nacional existe desde 2003 un decreto que posibilita solicitar datos a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, aún no son muchos los ciudadanos que tienen conocimiento de esta herramienta. Y eso ocurre aunque se trate de un arma tan ignorada como relevante para impulsar una mayor transparencia de los actos de gobierno y también para hacer posible, no sólo la participación ciudadana, sino también el ejercicio de numerosos derechos, como la salud o la educación.
Con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial del Acceso a la Información, La Voz del Interior dialogó con la abogada María Julia Giorgelli, responsable de esa área en la Asociación de Derechos Civiles (ADC), una de las principales organizaciones no gubernamentales que desde 2003 trabaja en el tema a nivel nacional.
–¿Cuál es la importancia del acceso a la información para el ciudadano común? ¿Para qué le sirve en concreto?
–Básicamente consiste en el derecho de pedir información que está en manos del Estado, en principio con dos fines. Por una parte, con un objetivo de transparencia y anticorrupción, orientado hacia un control de las cuentas y la cosa pública, como posibilidad de participar en los asuntos públicos. Pero sobre todo, también tiene un carácter instrumental, ya que es una herramienta para ejercer otros derechos constitucionales. Y ése es el rasgo que más nos interesa en ADC.
–¿Qué ejemplos se pueden dar sobre este aspecto instrumental del derecho?
–A la gente le sirve todo el tiempo y, por eso, debería usarlo con más frecuencia. Por ejemplo, en Buenos Aires, se puede preguntar sobre la contaminación del Riachuelo, para saber cuál es el plan de saneamiento que le corresponde definir al Gobierno, y que impacta en el derecho a la salud y de tener un mejor medio ambiente. También se puede preguntar si se puede obtener sin costo un medicamento o un tratamiento; cuáles son los requisitos para acceder a un plan social; en transporte, si se van a reemplazar unidades de transporte público en mal estado, y muchísimas cosas más. O sea que esto permite a gente de distintos sectores sociales y con diferentes necesidades, acceder a un reclamo o a un mejor ejercicio de sus derechos.
–O sea que salud, educación, ambiente, seguridad, serían algunas áreas clave.
–Sí, y también vivienda, derechos del consumidor, derechos políticos, acceso a servicios públicos.
–¿Qué nivel de conocimiento tiene la población sobre la existencia de este derecho?
–No mucho. En nuestra experiencia realmente es muy poca la gente que sabe que tiene el derecho de pedir información al Estado, y de que éste le conteste. Y creo que esto se enmarca en una crisis más general de credibilidad y poca participación en la cosa pública por parte de los ciudadanos, que están bastante escépticos.
–A criterio de ADC ¿cómo incide en esto la poca o nula difusión que se hizo en el país desde el Estado de la existencia de esta herramienta, a diferencia de lo que se hizo en otros países, como Gran Bretaña, donde no sólo se instruyó a los funcionarios para dar información, sino también a los ciudadanos sobre cómo pedirla?
–Creo que acá no se trata sólo del desconocimiento de la existencia de este derecho, sino también que se vincula con una cuestión de carácter cultural, que se da tanto desde el Estado como de la ciudadanía, que es lo que se suele llamar la cultura del secretismo. Esto implica, por un lado, que los funcionarios se ven sorprendidos por la obligación de dar la información, y , también, con que los ciudadanos ignoran que la pueden pedir.
Pero también es verdad que el rol del Estado ha sido bastante pobre. No digo nulo, porque la situación no es igual en todas las provincias. Y, por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo nacional ha habido algún avance, con la existencia del decreto y de la creación de una red de enlaces para responder a los pedidos de información. Pero no es suficiente, porque no hay campañas de instrucción hacia la ciudadanía, ni tampoco hacia el interior del propio Estado. Y aunque se trate de escenarios complejos, es clave potenciar las acciones de implementación de este derecho.
–¿Es suficiente que a nivel nacional exista sólo un decreto y no una ley, como se venía reclamando?
–Aunque es importante que esté el decreto, no es suficiente, porque tiene limitaciones. Por eso durante mucho tiempo trabajamos por la sanción de una ley nacional. Hoy por ejemplo es complicado pedir datos al Poder Judicial o Legislativo, porque el decreto es para el Poder Ejecutivo. Y eso deja mucho margen de discrecionalidad al funcionario que recibe el pedido, y hace que, en definitiva, el derecho no esté totalmente garantizado. Además del tema de que un decreto puede ser modificado por otro presidente, y de que no implica un consenso de la ciudadanía, como sí sucede con la ley.
Para ejercer el derecho ciudadano
Normativa en Córdoba. En la provincia existe la ley N° 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. Por su intermedio, toda persona tiene derecho a recibir información completa, oportuna y veraz de todo órgano de la administración pública provincial, municipal y comunal, así como de entes autárquicos y sociedades del Estado.
La solicitud es gratuita y no se puede exigir al solicitante que exprese el motivo de su requisitoria. El pedido debe hacerse por escrito, y la respuesta debe darse en 10 días hábiles.
Normativa nacional. En el país se cuenta con el decreto presidencial N° 1172/03, que regula el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Es más limitado que una ley y no rige para el Poder Judicial ni para el Poder Legislativo nacional. Obliga a brindar información a todos los organismos del PEN, entidades que funcionen bajo su órbita y a las organizaciones que reciben subsidios del PEN. Tampoco requiere expresar el motivo del pedido, sino sólo identificarse y detallar la información que se requiere.
En otras provincias. En el país ya son 11 las provincias que cuentan con leyes o decretos. Son Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego.
Fuente: La Voz del Interior
Si bien en Córdoba hay, desde 1999, una ley que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública en los organismos provinciales y municipales y de que, a nivel nacional existe desde 2003 un decreto que posibilita solicitar datos a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, aún no son muchos los ciudadanos que tienen conocimiento de esta herramienta. Y eso ocurre aunque se trate de un arma tan ignorada como relevante para impulsar una mayor transparencia de los actos de gobierno y también para hacer posible, no sólo la participación ciudadana, sino también el ejercicio de numerosos derechos, como la salud o la educación.
Con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial del Acceso a la Información, La Voz del Interior dialogó con la abogada María Julia Giorgelli, responsable de esa área en la Asociación de Derechos Civiles (ADC), una de las principales organizaciones no gubernamentales que desde 2003 trabaja en el tema a nivel nacional.
–¿Cuál es la importancia del acceso a la información para el ciudadano común? ¿Para qué le sirve en concreto?
–Básicamente consiste en el derecho de pedir información que está en manos del Estado, en principio con dos fines. Por una parte, con un objetivo de transparencia y anticorrupción, orientado hacia un control de las cuentas y la cosa pública, como posibilidad de participar en los asuntos públicos. Pero sobre todo, también tiene un carácter instrumental, ya que es una herramienta para ejercer otros derechos constitucionales. Y ése es el rasgo que más nos interesa en ADC.
–¿Qué ejemplos se pueden dar sobre este aspecto instrumental del derecho?
–A la gente le sirve todo el tiempo y, por eso, debería usarlo con más frecuencia. Por ejemplo, en Buenos Aires, se puede preguntar sobre la contaminación del Riachuelo, para saber cuál es el plan de saneamiento que le corresponde definir al Gobierno, y que impacta en el derecho a la salud y de tener un mejor medio ambiente. También se puede preguntar si se puede obtener sin costo un medicamento o un tratamiento; cuáles son los requisitos para acceder a un plan social; en transporte, si se van a reemplazar unidades de transporte público en mal estado, y muchísimas cosas más. O sea que esto permite a gente de distintos sectores sociales y con diferentes necesidades, acceder a un reclamo o a un mejor ejercicio de sus derechos.
–O sea que salud, educación, ambiente, seguridad, serían algunas áreas clave.
–Sí, y también vivienda, derechos del consumidor, derechos políticos, acceso a servicios públicos.
–¿Qué nivel de conocimiento tiene la población sobre la existencia de este derecho?
–No mucho. En nuestra experiencia realmente es muy poca la gente que sabe que tiene el derecho de pedir información al Estado, y de que éste le conteste. Y creo que esto se enmarca en una crisis más general de credibilidad y poca participación en la cosa pública por parte de los ciudadanos, que están bastante escépticos.
–A criterio de ADC ¿cómo incide en esto la poca o nula difusión que se hizo en el país desde el Estado de la existencia de esta herramienta, a diferencia de lo que se hizo en otros países, como Gran Bretaña, donde no sólo se instruyó a los funcionarios para dar información, sino también a los ciudadanos sobre cómo pedirla?
–Creo que acá no se trata sólo del desconocimiento de la existencia de este derecho, sino también que se vincula con una cuestión de carácter cultural, que se da tanto desde el Estado como de la ciudadanía, que es lo que se suele llamar la cultura del secretismo. Esto implica, por un lado, que los funcionarios se ven sorprendidos por la obligación de dar la información, y , también, con que los ciudadanos ignoran que la pueden pedir.
Pero también es verdad que el rol del Estado ha sido bastante pobre. No digo nulo, porque la situación no es igual en todas las provincias. Y, por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo nacional ha habido algún avance, con la existencia del decreto y de la creación de una red de enlaces para responder a los pedidos de información. Pero no es suficiente, porque no hay campañas de instrucción hacia la ciudadanía, ni tampoco hacia el interior del propio Estado. Y aunque se trate de escenarios complejos, es clave potenciar las acciones de implementación de este derecho.
–¿Es suficiente que a nivel nacional exista sólo un decreto y no una ley, como se venía reclamando?
–Aunque es importante que esté el decreto, no es suficiente, porque tiene limitaciones. Por eso durante mucho tiempo trabajamos por la sanción de una ley nacional. Hoy por ejemplo es complicado pedir datos al Poder Judicial o Legislativo, porque el decreto es para el Poder Ejecutivo. Y eso deja mucho margen de discrecionalidad al funcionario que recibe el pedido, y hace que, en definitiva, el derecho no esté totalmente garantizado. Además del tema de que un decreto puede ser modificado por otro presidente, y de que no implica un consenso de la ciudadanía, como sí sucede con la ley.
Para ejercer el derecho ciudadano
Normativa en Córdoba. En la provincia existe la ley N° 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. Por su intermedio, toda persona tiene derecho a recibir información completa, oportuna y veraz de todo órgano de la administración pública provincial, municipal y comunal, así como de entes autárquicos y sociedades del Estado.
La solicitud es gratuita y no se puede exigir al solicitante que exprese el motivo de su requisitoria. El pedido debe hacerse por escrito, y la respuesta debe darse en 10 días hábiles.
Normativa nacional. En el país se cuenta con el decreto presidencial N° 1172/03, que regula el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Es más limitado que una ley y no rige para el Poder Judicial ni para el Poder Legislativo nacional. Obliga a brindar información a todos los organismos del PEN, entidades que funcionen bajo su órbita y a las organizaciones que reciben subsidios del PEN. Tampoco requiere expresar el motivo del pedido, sino sólo identificarse y detallar la información que se requiere.
En otras provincias. En el país ya son 11 las provincias que cuentan con leyes o decretos. Son Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego.
Fuente: La Voz del Interior
miércoles, 12 de septiembre de 2007
Neuquén: La Justicia le ordenó al Ministerio de Acción Social que brinde información
El ministerio de María Oscos había respondido en forma parcial a un pedido de la Defensoría del Niño sobre el programa de familias sustitutas.
La Justicia provincial le ordenó a las autoridades del ministerio de Acción Social que entreguen la información completa sobre el programa de familias sustitutas que funcionaba bajo su órbita, la cual le había sido solicitada por la Defensoría del Niño a mediados de año, pero que los funcionarios de la cartera sólo suministraron en forma parcial.
La resolución la emitió la sala II de la Cámara Civil integrada por Federico Gigena Basombrío y Luis Silva Zambrano el pasado jueves, y se suma a la lista de fallos de similar contenido contra organismos estatales que se negaron a brindar información pública de diverso tipo.
Ambos magistrados confirmaron la sentencia de primera instancia que había emitido el último 20 de junio la jueza Isabel Kohon, titular del juzgado de Familia 2, la cual el gobierno decidió apelar al resultarle adversa.
La disputa judicial surgió en abril luego de que las titulares de la Defensoría del Niño y el Adolescente, Nara Osés, Edith Galarza, Mónica Amiconi y Lidia Romano, presentaron un amparo para obtener información detallada sobre el programa de familias sustitutas, al que deben supervisar.
Antes del amparo, las autoridades del ministerio de Acción Social sólo entregaron información parcial.
Entre las omisiones, figuró la nómina de profesionales que hacen el seguimiento de las familias, la periodicidad de las visitas de seguimiento social y de las entrevistas psicológicas en cada situación, la modalidad de coordinación de las tareas de selección de familias, de seguimiento y de tratamiento; los años de ejercicio de cada profesional, así como su capacitación en esta problemática, y el número de familias asignadas a cada uno.
Las defensoras formularon el pedido como consecuencia de dos hechos graves: una adolescente que estaba con una familia sustituta mantuvo encuentros con su progenitor en los que fue abusada; y un chico que también estaba con una familia sustituta, fue encontrado ahorcado.
La jueza Kohon fue categórica respecto al accionar de ministerio a cargo de María Oscos: "La negativa de la provincia a brindar la totalidad de la información contradice la publicidad de los actos de gobierno, principio inherente al sistema republicano, adoptado por la Constitución de la provincia", afirmó.
Además remarcó que "el derecho a la información es primordial en toda sociedad democrática ya que a través de mismo se hacen exigibles otros derechos", y señaló que "...nos encontramos ante una omisión arbitraria y lógicamente lesiva por parte de la autoridad pública".
Con esos argumentos, sostuvo que "la omisión en que ha incurrido la demandada deviene inconstitucional".
En la apelación el gobierno había negado "que el Estado incurra en omisión arbitraria e ilegítima" y que se "vulneren derechos constitucionales".
Fuente: Diario Río Negro
La Justicia provincial le ordenó a las autoridades del ministerio de Acción Social que entreguen la información completa sobre el programa de familias sustitutas que funcionaba bajo su órbita, la cual le había sido solicitada por la Defensoría del Niño a mediados de año, pero que los funcionarios de la cartera sólo suministraron en forma parcial.
La resolución la emitió la sala II de la Cámara Civil integrada por Federico Gigena Basombrío y Luis Silva Zambrano el pasado jueves, y se suma a la lista de fallos de similar contenido contra organismos estatales que se negaron a brindar información pública de diverso tipo.
Ambos magistrados confirmaron la sentencia de primera instancia que había emitido el último 20 de junio la jueza Isabel Kohon, titular del juzgado de Familia 2, la cual el gobierno decidió apelar al resultarle adversa.
La disputa judicial surgió en abril luego de que las titulares de la Defensoría del Niño y el Adolescente, Nara Osés, Edith Galarza, Mónica Amiconi y Lidia Romano, presentaron un amparo para obtener información detallada sobre el programa de familias sustitutas, al que deben supervisar.
Antes del amparo, las autoridades del ministerio de Acción Social sólo entregaron información parcial.
Entre las omisiones, figuró la nómina de profesionales que hacen el seguimiento de las familias, la periodicidad de las visitas de seguimiento social y de las entrevistas psicológicas en cada situación, la modalidad de coordinación de las tareas de selección de familias, de seguimiento y de tratamiento; los años de ejercicio de cada profesional, así como su capacitación en esta problemática, y el número de familias asignadas a cada uno.
Las defensoras formularon el pedido como consecuencia de dos hechos graves: una adolescente que estaba con una familia sustituta mantuvo encuentros con su progenitor en los que fue abusada; y un chico que también estaba con una familia sustituta, fue encontrado ahorcado.
La jueza Kohon fue categórica respecto al accionar de ministerio a cargo de María Oscos: "La negativa de la provincia a brindar la totalidad de la información contradice la publicidad de los actos de gobierno, principio inherente al sistema republicano, adoptado por la Constitución de la provincia", afirmó.
Además remarcó que "el derecho a la información es primordial en toda sociedad democrática ya que a través de mismo se hacen exigibles otros derechos", y señaló que "...nos encontramos ante una omisión arbitraria y lógicamente lesiva por parte de la autoridad pública".
Con esos argumentos, sostuvo que "la omisión en que ha incurrido la demandada deviene inconstitucional".
En la apelación el gobierno había negado "que el Estado incurra en omisión arbitraria e ilegítima" y que se "vulneren derechos constitucionales".
Fuente: Diario Río Negro
Los ciudadanos gozan del derecho de acceder a la información pública, pero el Estado lo limita
El director del Área de Participación Ciudadana de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nàpoli, convocó a la sociedad a participar más de las problemáticas naturales y ejercer el derecho de acceder a la Información Pública. “Es importante lograr que el Estado y los funcionarios públicos, tomen conciencia que los ciudadanos gozan de leyes, decretos y normativas vigentes y, de esta manera, vayan dejando atrás la cultura del secreto que ha imperado durante décadas en la función pública”, sostuvo.
El abogado Andrés Nápoli, especialista en Derecho Ambiental, realizó la semana pasada una ronda de conferencias en distintas localidades de Corrientes, oportunidad en la que disertó sobre "Información Pública, antecedentes y mecanismos", en respuesta a una invitación del Programa de Educación Ambiental de la organización “Conservation Land Trust”.
En diálogo con ArgentinaForestal.com el profesional respondió una entrevista en la que recalcó a la sociedad que “hay que lograr que el Estado y los funcionarios públicos, tomen conciencia que los ciudadanos gozan del derecho de acceder a la información pública y vayan dejando atrás la cultura del secreto que ha imperado durante décadas en la función pública”.
Por otra parte, convocó a una mayor participación ciudadana en los temas ambientales. “Esto se presenta como un elemento central en el discurso y las preocupaciones por el ambiente y el desarrollo. Numerosos acuerdos internacionales, declaraciones, planes de acción han subrayado la importancia y necesidad de avanzar hacia el desarrollo sustentable a través de una mayor participación ciudadana”, explicó.
Para avanzar en esto, consideró que el acceso a la información es un requisito “indispensable” para que los ciudadanos puedan participar de todos los procesos de toma de decisiones. “No se puede participar, por lo menos de manera adecuada, si no se cuenta con información”, recalcó.
AF:¿Qué pasa con la información pública en Argentina en relación a los temas ambientales?
AN: En lo que hace a información ambiental, en Argentina existen dos normas fundamentales que consagran este derecho. En primer lugar, la Ley nº 25.675 (Ley General del Ambiente), establece los principios básicos que rigen el acceso a información de carácter ambiental, al tiempo que impone al Estado una serie de obligaciones relacionadas con la producción y difusión de la información pública.
Por otra parte, en el año 2004 se sancionó la Ley nº 25.831, de Acceso a la Información Pública Ambiental, que regula todos los requisitos para que cualquier persona pueda solicitar información relacionada con la temática ambiental que posea el Estado. Dicha norma tiene la particularidad de aplicarse de manera directa tanto a nivel nacional, como así también en las provincias y en los municipios, en virtud de ser una norma de presupuestos mínimos, y que surge de conformidad con lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Asimismo, en el ámbito de la administración pública nacional rige el Dto. 1172/03.
Sin embargo y más allá de la sanción de dicha norma, lo importante es lograr que el Estado y los funcionarios públicos, tomen conciencia que los ciudadanos gozan derecho de acceder a la información pública y vayan dejando atrás la cultura del secreto que ha imperado durante décadas en la función pública.
AF:¿Cuál es el derecho del ciudadano a exigir al Estado esta información?
AN: Los ciudadanos, en virtud de las normas que regulan este derecho, pueden solicitar al Estado toda la información que obre en su poder y que se encuentre en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el Estado, (en cualquiera de sus formas), o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público.
La posibilidad de acceder a la información que posee el Estado sobre cuestiones ambientales es fundamental para la protección del derecho al ambiente que garantiza la Constitución Nacional. Recordemos que la Ley Fundamental reconoce a todos las personas el derecho a gozar de un ambiente sano y les otorga además la obligación de preservarlo.
Por otra parte, la información es además un requisito indispensable para que los ciudadanos puedan participar de todos los procesos de toma de decisiones. No se puede participar, por lo menos de manera adecuada, si no se cuenta con información.
AF:¿Por qué hay que sensibilizar a la sociedad a interesarse y participar más activamente en temas ambientales?
AN: La participación pública, se presenta como un elemento central en el discurso y las preocupaciones por el ambiente y el desarrollo. Numerosos acuerdos internacionales, declaraciones, planes de acción han subrayado la importancia y necesidad de avanzar hacia el desarrollo sustentable a través de una mayor participación ciudadana. Así, se puede mencionar la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992), suscripta por más de cien jefes de Estado y de Gobierno, la cual en su Principio 10 establece que “... el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda ...”.
El fenómeno de la participación pública, sin embargo, no es exclusivo de la temática ambiental. En numerosas áreas o cuestiones de la vida social, como por ejemplo derechos humanos, derechos de los consumidores, etc., la participación de la ciudadanía ha sido un factor central para el avance de estos temas en el ámbito de la opinión pública y la agenda política. En todo caso, la importancia y la atención que genera la participación pública en la temática ambiental es una manifestación más de la centralidad que ha adquirido la sociedad civil en la vida democrática moderna.
AF: ¿Cuál es el derecho de un proyecto ambiental privado a resistirse a brindar información? ¿Es decir, cuando la sociedad le puede exigir al Estado información de proyecto privado que impacta en el ambiente? ¿Hay un límite en esto?
AN: El principio general que se ha desarrollado en las diversas legislaciones del mundo que rigen la temática y que también ha tomado la Ley nº 25.831 y el Dto. 1172/03, es que toda la información producida por el Estado es pública, por ende accesible. Ahora bien, existen una serie de supuestos de excepción, en los cuales el Estado se encuentra habilitado para no brindar la información. Los mismos se encuentran establecidos por el Art. 7º de la Ley nº 25.831. Son los que hacen a la defensa nacional, seguridad interior las relaciones internacionales, el secreto comercial o industrial, la propiedad intelectual, la confidencialidad de datos personales o la información clasificada como secreta o confidencial por Ley o Decreto.
AF:¿Y cuál es la responsabilidad de un inversor ambiental de brindar información a la comunidad?
AN: La responsabilidad de un privado de brindar información sobre las actividades que realiza, que por sus características pudiera ocasionar un impacto negativo al ambiente es similar a la del Estado, a quien debe proporcionarle toda la información a la que se encuentre obligado, en virtud de la normas, lo cual ocurre por ejemplo con aquellas empresas que deben inscribirse en registros especiales, por caso el de operadores de residuos peligrosos.
Por otra parte, el Art. 16 de la Ley Nº 25.675 impone a todas las personas que realicen actividades riesgosas para el ambiente la obligación de informar sobre las mismas.
AF: ¿Cuáles son los “antecedentes y mecanismos” más relevantes sobre la Información Pública y que la sociedad debiera ejercer?
AN: En la mayor parte de las conferencias que brindo intento dar a conocer este derecho y los mecanismos para su ejercicio. Tengamos en cuenta que se trata de un derecho sumamente novedoso y que su ejercicio requerirá sin duda de una gran tarea de difusión, cuestión en la que el Estado tiene una tarea fundamental, tal como sucede en México, en donde es el gobierno ha desarrollado una fuerte campaña de difusión pública, tendiente a dar a conocer la existencia de este derecho para que todas las personas puedan ejercerlo.
Asimismo, también destaco que los pedidos de información cuentan con un procedimiento informal, vale decir que si bien deben ser presentados por escrito, no conllevan costos alguno, ni requieren de asistencia letrada (vale decir no hace falta contratar a abogados) y sólo hay que preocuparse por formular preguntas de manera clara y precisa, para que puedan ser respondidas de igual forma.
AF: ¿Por qué considera Ud. que la práctica habitual del Estado es restringir o limitar la información ambiental, cuando se trata de un derecho?
AN: Porque la información es poder y quien tiene el poder rara vez está dispuesto a compartirlo.
Esto ha sido la consecuencia de la ausencia de práctica democrática en nuestra sociedad y de las instituciones, que ha impuesto modelos en los cuales los funcionarios se creen con derecho a estar por encima de la sociedad, cuando es exactamente al revés.
Este tipo de herramientas tiende a fortalecer a la democracia y a achicar la brecha entre gobernantes y gobernados, algo que resulta indispensable en momentos en los cuales existe tanto escepticismo en la sociedad respecto de la función de muchos de aquellos que hoy cumplen, de manera circunstancial, funciones de gobierno.
Fuente: Revista ArgentinaForestal.com
El abogado Andrés Nápoli, especialista en Derecho Ambiental, realizó la semana pasada una ronda de conferencias en distintas localidades de Corrientes, oportunidad en la que disertó sobre "Información Pública, antecedentes y mecanismos", en respuesta a una invitación del Programa de Educación Ambiental de la organización “Conservation Land Trust”.
En diálogo con ArgentinaForestal.com el profesional respondió una entrevista en la que recalcó a la sociedad que “hay que lograr que el Estado y los funcionarios públicos, tomen conciencia que los ciudadanos gozan del derecho de acceder a la información pública y vayan dejando atrás la cultura del secreto que ha imperado durante décadas en la función pública”.
Por otra parte, convocó a una mayor participación ciudadana en los temas ambientales. “Esto se presenta como un elemento central en el discurso y las preocupaciones por el ambiente y el desarrollo. Numerosos acuerdos internacionales, declaraciones, planes de acción han subrayado la importancia y necesidad de avanzar hacia el desarrollo sustentable a través de una mayor participación ciudadana”, explicó.
Para avanzar en esto, consideró que el acceso a la información es un requisito “indispensable” para que los ciudadanos puedan participar de todos los procesos de toma de decisiones. “No se puede participar, por lo menos de manera adecuada, si no se cuenta con información”, recalcó.
AF:¿Qué pasa con la información pública en Argentina en relación a los temas ambientales?
AN: En lo que hace a información ambiental, en Argentina existen dos normas fundamentales que consagran este derecho. En primer lugar, la Ley nº 25.675 (Ley General del Ambiente), establece los principios básicos que rigen el acceso a información de carácter ambiental, al tiempo que impone al Estado una serie de obligaciones relacionadas con la producción y difusión de la información pública.
Por otra parte, en el año 2004 se sancionó la Ley nº 25.831, de Acceso a la Información Pública Ambiental, que regula todos los requisitos para que cualquier persona pueda solicitar información relacionada con la temática ambiental que posea el Estado. Dicha norma tiene la particularidad de aplicarse de manera directa tanto a nivel nacional, como así también en las provincias y en los municipios, en virtud de ser una norma de presupuestos mínimos, y que surge de conformidad con lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Asimismo, en el ámbito de la administración pública nacional rige el Dto. 1172/03.
Sin embargo y más allá de la sanción de dicha norma, lo importante es lograr que el Estado y los funcionarios públicos, tomen conciencia que los ciudadanos gozan derecho de acceder a la información pública y vayan dejando atrás la cultura del secreto que ha imperado durante décadas en la función pública.
AF:¿Cuál es el derecho del ciudadano a exigir al Estado esta información?
AN: Los ciudadanos, en virtud de las normas que regulan este derecho, pueden solicitar al Estado toda la información que obre en su poder y que se encuentre en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el Estado, (en cualquiera de sus formas), o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público.
La posibilidad de acceder a la información que posee el Estado sobre cuestiones ambientales es fundamental para la protección del derecho al ambiente que garantiza la Constitución Nacional. Recordemos que la Ley Fundamental reconoce a todos las personas el derecho a gozar de un ambiente sano y les otorga además la obligación de preservarlo.
Por otra parte, la información es además un requisito indispensable para que los ciudadanos puedan participar de todos los procesos de toma de decisiones. No se puede participar, por lo menos de manera adecuada, si no se cuenta con información.
AF:¿Por qué hay que sensibilizar a la sociedad a interesarse y participar más activamente en temas ambientales?
AN: La participación pública, se presenta como un elemento central en el discurso y las preocupaciones por el ambiente y el desarrollo. Numerosos acuerdos internacionales, declaraciones, planes de acción han subrayado la importancia y necesidad de avanzar hacia el desarrollo sustentable a través de una mayor participación ciudadana. Así, se puede mencionar la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992), suscripta por más de cien jefes de Estado y de Gobierno, la cual en su Principio 10 establece que “... el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda ...”.
El fenómeno de la participación pública, sin embargo, no es exclusivo de la temática ambiental. En numerosas áreas o cuestiones de la vida social, como por ejemplo derechos humanos, derechos de los consumidores, etc., la participación de la ciudadanía ha sido un factor central para el avance de estos temas en el ámbito de la opinión pública y la agenda política. En todo caso, la importancia y la atención que genera la participación pública en la temática ambiental es una manifestación más de la centralidad que ha adquirido la sociedad civil en la vida democrática moderna.
AF: ¿Cuál es el derecho de un proyecto ambiental privado a resistirse a brindar información? ¿Es decir, cuando la sociedad le puede exigir al Estado información de proyecto privado que impacta en el ambiente? ¿Hay un límite en esto?
AN: El principio general que se ha desarrollado en las diversas legislaciones del mundo que rigen la temática y que también ha tomado la Ley nº 25.831 y el Dto. 1172/03, es que toda la información producida por el Estado es pública, por ende accesible. Ahora bien, existen una serie de supuestos de excepción, en los cuales el Estado se encuentra habilitado para no brindar la información. Los mismos se encuentran establecidos por el Art. 7º de la Ley nº 25.831. Son los que hacen a la defensa nacional, seguridad interior las relaciones internacionales, el secreto comercial o industrial, la propiedad intelectual, la confidencialidad de datos personales o la información clasificada como secreta o confidencial por Ley o Decreto.
AF:¿Y cuál es la responsabilidad de un inversor ambiental de brindar información a la comunidad?
AN: La responsabilidad de un privado de brindar información sobre las actividades que realiza, que por sus características pudiera ocasionar un impacto negativo al ambiente es similar a la del Estado, a quien debe proporcionarle toda la información a la que se encuentre obligado, en virtud de la normas, lo cual ocurre por ejemplo con aquellas empresas que deben inscribirse en registros especiales, por caso el de operadores de residuos peligrosos.
Por otra parte, el Art. 16 de la Ley Nº 25.675 impone a todas las personas que realicen actividades riesgosas para el ambiente la obligación de informar sobre las mismas.
AF: ¿Cuáles son los “antecedentes y mecanismos” más relevantes sobre la Información Pública y que la sociedad debiera ejercer?
AN: En la mayor parte de las conferencias que brindo intento dar a conocer este derecho y los mecanismos para su ejercicio. Tengamos en cuenta que se trata de un derecho sumamente novedoso y que su ejercicio requerirá sin duda de una gran tarea de difusión, cuestión en la que el Estado tiene una tarea fundamental, tal como sucede en México, en donde es el gobierno ha desarrollado una fuerte campaña de difusión pública, tendiente a dar a conocer la existencia de este derecho para que todas las personas puedan ejercerlo.
Asimismo, también destaco que los pedidos de información cuentan con un procedimiento informal, vale decir que si bien deben ser presentados por escrito, no conllevan costos alguno, ni requieren de asistencia letrada (vale decir no hace falta contratar a abogados) y sólo hay que preocuparse por formular preguntas de manera clara y precisa, para que puedan ser respondidas de igual forma.
AF: ¿Por qué considera Ud. que la práctica habitual del Estado es restringir o limitar la información ambiental, cuando se trata de un derecho?
AN: Porque la información es poder y quien tiene el poder rara vez está dispuesto a compartirlo.
Esto ha sido la consecuencia de la ausencia de práctica democrática en nuestra sociedad y de las instituciones, que ha impuesto modelos en los cuales los funcionarios se creen con derecho a estar por encima de la sociedad, cuando es exactamente al revés.
Este tipo de herramientas tiende a fortalecer a la democracia y a achicar la brecha entre gobernantes y gobernados, algo que resulta indispensable en momentos en los cuales existe tanto escepticismo en la sociedad respecto de la función de muchos de aquellos que hoy cumplen, de manera circunstancial, funciones de gobierno.
Fuente: Revista ArgentinaForestal.com
martes, 11 de septiembre de 2007
Inacceso a la información pública
Los organismos del Poder Ejecutivo no cumplen, o lo hacen parcialmente, con el decreto que les ordena dar a publicidad todas las audiencias de gestión que sus integrantes mantienen. Así lo revela un informe de la ONG Poder Ciudadano que monitoreó 13 dependencias, entre Ministerios y Secretarías nacionales, durante los pirmeros seis meses del 2007.
Difundido a través de la agencia de noticias Infocívica, el informe da cuenta de que, por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia publicó sólo cinco audiencias; la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), cuatro; la Secretaría Legal y Técnica, dos; y la Casa Militar y la Secretaría de Cultura no registraron ninguna audiencia.
En relación a los ministerios, los de Interior y Economía no hicieron uso del registro para informar sus audiencias sino que las publicaron en sus páginas de internet.
Otra de las conclusiones del trabajo fue que en dos ministerios la cantidad de audiencias descendió notablemente en comparación con otros períodos. El Ministerio de Defensa registró 127 audiencias en el primer semestre de 2006, 64 en los segundos seis meses y 23 en la primera mitad de este año. La cartera de Desarrollo Social informó 118 audiencias de enero a junio de 2006, 34 en el segundo semestre y 14 en lo que va de este año.
Tampoco se registraron audiencias que fueron dadas a conocer públicamente por los medios de comunicación. Uno de los casos que revela el informe, que viene haciendo Poder Ciudadano todos los semestres desde el 2004, es el del Ministerio de Trabajo. La cartera sólo registro cinco audiencias cuando diarios nacionales informaron sobre otras tres reuniones vinculadas al conflicto docente en Santa Cruz. “Las temáticas que se trataron en estas reuniones claramente entran dentro de la categoría gestión de intereses que deberían ser de conocimiento público”, señala el informe.
El trabajo de la ONG se centra en la Publicidad de la Gestión de Intereses, uno de los aspectos regulados por el decreto 1172 del 2003 de acceso a la información pública firmado por el presidente Néstor Kirchner. A través de aquél se aprobaron una serie de reglamentos que permiten conocer datos con los que cuenta la administración central.
“Se entiende por Gestión de Intereses a los fines del presente, toda actividad desarrollada —en modalidad de audiencia— por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de terceros —con o sin fines de lucro— cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional”, señala el artículo 2 del reglamento para la publicidad de las audiencias.
Para la responsable de Área de Transparencia y Anticorrupción de Poder Ciudadano, Julieta Arias “la regulación de la gestión de intereses se relaciona íntimamente con el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública y la obligación por parte de los funcionarios de brindar información respecto de sus gestiones” y resaltó que “un cumplimiento efectivo de la norma en cuestión implicaría a priori, una mayor transparencia y menor discrecionalidad en el ejercicio de la función pública”.
En el informe la ONG también concluye que la gestión de los intereses públicos requiere una ley y no un decreto. “Depende exclusivamente de la voluntad de los funcionarios de abrir a la ciudadanía la información acerca de aquellas reuniones particulares que han tenido por objeto incidir en su gestión”, advierte el trabajo. Y agrega: “En este sentido, la discrecionalidad de los funcionarios puede constituir un fuerte obstáculo para el libre ejercicio del acceso a la información”.
Fuente: Diario Judicial
Difundido a través de la agencia de noticias Infocívica, el informe da cuenta de que, por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia publicó sólo cinco audiencias; la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), cuatro; la Secretaría Legal y Técnica, dos; y la Casa Militar y la Secretaría de Cultura no registraron ninguna audiencia.
En relación a los ministerios, los de Interior y Economía no hicieron uso del registro para informar sus audiencias sino que las publicaron en sus páginas de internet.
Otra de las conclusiones del trabajo fue que en dos ministerios la cantidad de audiencias descendió notablemente en comparación con otros períodos. El Ministerio de Defensa registró 127 audiencias en el primer semestre de 2006, 64 en los segundos seis meses y 23 en la primera mitad de este año. La cartera de Desarrollo Social informó 118 audiencias de enero a junio de 2006, 34 en el segundo semestre y 14 en lo que va de este año.
Tampoco se registraron audiencias que fueron dadas a conocer públicamente por los medios de comunicación. Uno de los casos que revela el informe, que viene haciendo Poder Ciudadano todos los semestres desde el 2004, es el del Ministerio de Trabajo. La cartera sólo registro cinco audiencias cuando diarios nacionales informaron sobre otras tres reuniones vinculadas al conflicto docente en Santa Cruz. “Las temáticas que se trataron en estas reuniones claramente entran dentro de la categoría gestión de intereses que deberían ser de conocimiento público”, señala el informe.
El trabajo de la ONG se centra en la Publicidad de la Gestión de Intereses, uno de los aspectos regulados por el decreto 1172 del 2003 de acceso a la información pública firmado por el presidente Néstor Kirchner. A través de aquél se aprobaron una serie de reglamentos que permiten conocer datos con los que cuenta la administración central.
“Se entiende por Gestión de Intereses a los fines del presente, toda actividad desarrollada —en modalidad de audiencia— por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de terceros —con o sin fines de lucro— cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional”, señala el artículo 2 del reglamento para la publicidad de las audiencias.
Para la responsable de Área de Transparencia y Anticorrupción de Poder Ciudadano, Julieta Arias “la regulación de la gestión de intereses se relaciona íntimamente con el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública y la obligación por parte de los funcionarios de brindar información respecto de sus gestiones” y resaltó que “un cumplimiento efectivo de la norma en cuestión implicaría a priori, una mayor transparencia y menor discrecionalidad en el ejercicio de la función pública”.
En el informe la ONG también concluye que la gestión de los intereses públicos requiere una ley y no un decreto. “Depende exclusivamente de la voluntad de los funcionarios de abrir a la ciudadanía la información acerca de aquellas reuniones particulares que han tenido por objeto incidir en su gestión”, advierte el trabajo. Y agrega: “En este sentido, la discrecionalidad de los funcionarios puede constituir un fuerte obstáculo para el libre ejercicio del acceso a la información”.
Fuente: Diario Judicial
viernes, 7 de septiembre de 2007
Poder Ciudadano continúa detectando falencias en el derecho al acceso a la información pública
La conclusión surge de un relevamiento que realizó la ONG entre enero y junio respecto de si los organismos públicos cumplen con la "Publicidad de la Gestión de Intereses". Los resultados revelan que, en general, se publican muy pocas audiencias en el registro creado para este fin; incluso algunos organismos no publicaron ninguna. También se detectaron reuniones publicadas por medios de alcance nacional, pero que no fueron dadas a conocer en el Registro Único de audiencias, como exige la norma.
El acceso a la información pública es un derecho constitucional de todo ciudadano. Sin embargo, y pese a que la Argentina existe desde 2003 un decreto que lo reglamenta, sigue siendo una deuda pendiente del Estado para con la sociedad. Al menos, así lo revela el último monitoreo que realizó la Fundación Poder Ciudadano, entre enero y junio de este año, sobre uno de los componentes del decreto 1172/03: la Publicidad de la Gestión de Intereses.
Se trata de un relevamiento que realiza semestralmente la ONG desde 2004, que busca detectar si, efectivamente, se cumple una de las garantías que ofrece la normativa (llamada "Mejora de la calidad de la Democracia y sus Instituciones"): la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda conocer los encuentros que mantienen los funcionarios públicos con personas que representan un interés determinado. En síntesis, la pregunta a responder con este monitoreo es: ¿Se cumple la publicidad de la Gestión de Intereses?
Los resultados fueron más que elocuentes: Todavía hay organismos nacionales que tienen una escasa publicación de estos encuentros. Algunos, incluso, no publicaron ni uno sólo en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses, creado por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, y que se encuentra disponible en la página web http://www.blogger.com/www.mejordemocracia.gov.ar. Por si esto fuera poco, dos de los ministerios nacionales no publicaron sus audiencias en este registro, y sólo las dieron a conocer a través de sus páginas web institucionales. Esta situación dificulta el acceso a la información por parte de la ciudadanía interesada.
Para ejemplificar, se toman algunos casos: la Secretaría General publicó en el registro sólo cinco audiencias correspondientes al período enero-junio; la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), cuatro; y la Secretaría Legal y Técnica, dos. En tanto, la Casa Militar y la Secretaría de Cultura no han registrado ninguna audiencia en el período monitoreado. Y los ministerios del Interior y de Economía no utilizaron el registro de audiencias para hacer las publicaciones de estos actos, aunque sí los registraron en sus páginas webs.
¿El resultado más llamativo?: El Ministerio de Trabajo registró sólo cinco audiencias. Esto contrasta con el monitoreo de notas publicadas en los diarios La Nación y Clarín, que reveló que, por estos medios, se mencionaron (como parte de coberturas periodísticas) al menos tres audiencias que no aparecen en el Registro Único de Audiencias de Gestión.
En efecto, según La Nación y Clarín, el titular de la cartera de Trabajo, Carlos Tomada, mantuvo reuniones el 2 y 3 de mayo último con la conducción de la Asociación de Docentes de Santa Cruz. El 16 del mismo mes, y en el marco del conflicto docente desatado en Santa Cruz, el Ministro se reunió con los representantes gremiales Mónica Galván y Pedro Muñoz, la Secretaria de Educación Provincial, Silvia Esteban y el titular de la cartera de Economía de Santa Cruz, Juan Bontempo. Sin embargo, el Registro Único de Audiencia de Intereses publica una sola audiencia del titular de la cartera de Trabajo durante mayo, fechada el 24, que se realizó con el Presidente de la Fundación Pro Tejer. El último caso se habría dado en junio, en el que, según el diario La Nación, Tomada mantuvo una reunión con el abogado de la CGT, Héctor Recalde, y los gremialistas Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Omar Suárez (Marítimos) y Leonardo Favre (Apops). Según el registro de audiencia, el titular de la cartera de Trabajo no ha sostenido audiencias de gestión de intereses en el mes de Junio. Las temáticas que se trataron en estas reuniones claramente entran dentro de la categoría “gestión de intereses” que deberían ser de conocimiento público.
Las sorpresas no terminan allí. Hay organismos públicos que, incluso, han disminuido sustancialmente el número de audiencias publicadas durante los últimos tres semestres monitoreados por Poder Ciudadano. Es el caso de los ministerios de Defensa y de Desarrollo Social. El primero, por ejemplo, publicó 127 audiencias durante el primer semestre de 2006, un número que descendió a 64 en el segundo semestre de ese año, y a 23 en la primera mitad de 2007. Desarrollo Social, en tanto, arrancó en 2006 con 118 publicaciones, terminó ese año con 34, y durante el primer semestre de este año sólo registró 14 audiencias.
Es importante destacar que la existencia de gran cantidad de audiencias publicadas no significa a priori un cumplimiento acabado de la normativa en cuestión. Sin embargo, es llamativa la diferencia cuantitativa en una misma cartera, en similar cantidad de tiempo.
“La regulación de la gestión de intereses se relaciona íntimamente con el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública y la obligación por parte de los funcionarios de brindar información respecto de sus gestiones. Un cumplimiento efectivo de la norma en cuestión implicaría a priori, una mayor transparencia y menor discrecionalidad en el ejercicio de la función pública”, destacó la Responsable de Área de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación Poder Ciudadano.
Manuel Calvagno, investigador y miembro del equipo que elaboró el informe, explica: “El Decreto 1172/03 ha sido un gran avance en materia de acceso a la información. Sin embargo, requiere de un cumplimiento responsable del mismo por parte de los funcionarios alcanzados por la norma. Y de una ciudadanía activa dispuesta a controlar ese cumplimiento”.
Las conclusiones del monitoreo señalan la necesidad de que la regulación de la gestión de intereses se realice a través de una ley y no sólo por medio de un decreto . Por otro lado, resalta el hecho de que, pese a la existencia de la norma regulatoria, ésta no garantiza un efectivo cumplimiento por parte de los funcionarios sujetos a ella (el monitoreo alcanza a 13 dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, la mayoría de las cuales presenta un alto grado de exposición a la gestión de intereses por parte de diversos sectores). “Depende exclusivamente de la voluntad de los funcionarios de abrir a la ciudadanía la información acerca de aquellas reuniones particulares que han tenido por objeto incidir en su gestión”, señala el informe. Y agrega: “En este sentido, la discrecionalidad de los funcionarios puede constituir un fuerte obstáculo para el libre ejercicio del acceso a la información”.
Para acceder al informe completo, haga click acá.
El acceso a la información pública es un derecho constitucional de todo ciudadano. Sin embargo, y pese a que la Argentina existe desde 2003 un decreto que lo reglamenta, sigue siendo una deuda pendiente del Estado para con la sociedad. Al menos, así lo revela el último monitoreo que realizó la Fundación Poder Ciudadano, entre enero y junio de este año, sobre uno de los componentes del decreto 1172/03: la Publicidad de la Gestión de Intereses.
Se trata de un relevamiento que realiza semestralmente la ONG desde 2004, que busca detectar si, efectivamente, se cumple una de las garantías que ofrece la normativa (llamada "Mejora de la calidad de la Democracia y sus Instituciones"): la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda conocer los encuentros que mantienen los funcionarios públicos con personas que representan un interés determinado. En síntesis, la pregunta a responder con este monitoreo es: ¿Se cumple la publicidad de la Gestión de Intereses?
Los resultados fueron más que elocuentes: Todavía hay organismos nacionales que tienen una escasa publicación de estos encuentros. Algunos, incluso, no publicaron ni uno sólo en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses, creado por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, y que se encuentra disponible en la página web http://www.blogger.com/www.mejordemocracia.gov.ar. Por si esto fuera poco, dos de los ministerios nacionales no publicaron sus audiencias en este registro, y sólo las dieron a conocer a través de sus páginas web institucionales. Esta situación dificulta el acceso a la información por parte de la ciudadanía interesada.
Para ejemplificar, se toman algunos casos: la Secretaría General publicó en el registro sólo cinco audiencias correspondientes al período enero-junio; la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), cuatro; y la Secretaría Legal y Técnica, dos. En tanto, la Casa Militar y la Secretaría de Cultura no han registrado ninguna audiencia en el período monitoreado. Y los ministerios del Interior y de Economía no utilizaron el registro de audiencias para hacer las publicaciones de estos actos, aunque sí los registraron en sus páginas webs.
¿El resultado más llamativo?: El Ministerio de Trabajo registró sólo cinco audiencias. Esto contrasta con el monitoreo de notas publicadas en los diarios La Nación y Clarín, que reveló que, por estos medios, se mencionaron (como parte de coberturas periodísticas) al menos tres audiencias que no aparecen en el Registro Único de Audiencias de Gestión.
En efecto, según La Nación y Clarín, el titular de la cartera de Trabajo, Carlos Tomada, mantuvo reuniones el 2 y 3 de mayo último con la conducción de la Asociación de Docentes de Santa Cruz. El 16 del mismo mes, y en el marco del conflicto docente desatado en Santa Cruz, el Ministro se reunió con los representantes gremiales Mónica Galván y Pedro Muñoz, la Secretaria de Educación Provincial, Silvia Esteban y el titular de la cartera de Economía de Santa Cruz, Juan Bontempo. Sin embargo, el Registro Único de Audiencia de Intereses publica una sola audiencia del titular de la cartera de Trabajo durante mayo, fechada el 24, que se realizó con el Presidente de la Fundación Pro Tejer. El último caso se habría dado en junio, en el que, según el diario La Nación, Tomada mantuvo una reunión con el abogado de la CGT, Héctor Recalde, y los gremialistas Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Omar Suárez (Marítimos) y Leonardo Favre (Apops). Según el registro de audiencia, el titular de la cartera de Trabajo no ha sostenido audiencias de gestión de intereses en el mes de Junio. Las temáticas que se trataron en estas reuniones claramente entran dentro de la categoría “gestión de intereses” que deberían ser de conocimiento público.
Las sorpresas no terminan allí. Hay organismos públicos que, incluso, han disminuido sustancialmente el número de audiencias publicadas durante los últimos tres semestres monitoreados por Poder Ciudadano. Es el caso de los ministerios de Defensa y de Desarrollo Social. El primero, por ejemplo, publicó 127 audiencias durante el primer semestre de 2006, un número que descendió a 64 en el segundo semestre de ese año, y a 23 en la primera mitad de 2007. Desarrollo Social, en tanto, arrancó en 2006 con 118 publicaciones, terminó ese año con 34, y durante el primer semestre de este año sólo registró 14 audiencias.
Es importante destacar que la existencia de gran cantidad de audiencias publicadas no significa a priori un cumplimiento acabado de la normativa en cuestión. Sin embargo, es llamativa la diferencia cuantitativa en una misma cartera, en similar cantidad de tiempo.
“La regulación de la gestión de intereses se relaciona íntimamente con el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública y la obligación por parte de los funcionarios de brindar información respecto de sus gestiones. Un cumplimiento efectivo de la norma en cuestión implicaría a priori, una mayor transparencia y menor discrecionalidad en el ejercicio de la función pública”, destacó la Responsable de Área de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación Poder Ciudadano.
Manuel Calvagno, investigador y miembro del equipo que elaboró el informe, explica: “El Decreto 1172/03 ha sido un gran avance en materia de acceso a la información. Sin embargo, requiere de un cumplimiento responsable del mismo por parte de los funcionarios alcanzados por la norma. Y de una ciudadanía activa dispuesta a controlar ese cumplimiento”.
Las conclusiones del monitoreo señalan la necesidad de que la regulación de la gestión de intereses se realice a través de una ley y no sólo por medio de un decreto . Por otro lado, resalta el hecho de que, pese a la existencia de la norma regulatoria, ésta no garantiza un efectivo cumplimiento por parte de los funcionarios sujetos a ella (el monitoreo alcanza a 13 dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, la mayoría de las cuales presenta un alto grado de exposición a la gestión de intereses por parte de diversos sectores). “Depende exclusivamente de la voluntad de los funcionarios de abrir a la ciudadanía la información acerca de aquellas reuniones particulares que han tenido por objeto incidir en su gestión”, señala el informe. Y agrega: “En este sentido, la discrecionalidad de los funcionarios puede constituir un fuerte obstáculo para el libre ejercicio del acceso a la información”.
Para acceder al informe completo, haga click acá.
Advierten sobre “limitantes” al acceso a la información ambiental
Andrés Nápoli, director del Área de Participación Ciudadana Fundación Ambiente y Recursos Naturales destacó el acceso a la información pública como una herramienta fundamental para la vigencia del derecho al medio ambiente. Instó a la comunidad a interesarse y al estado a agilizar la accesibilidad a la información. “Acarreamos todavía la misma carencia de 1810: el pueblo aún quiere saber de qué se trata” dijo en relación a las dificultades del acceso a información ambiental.
Esta charla estuvo organizada por la CLT (Conservation Land Trust), la cuestionada entidad fundada por Douglas Tompkins. La intención de la conferencia fue “estimular acciones con la gente, con la comunidad para accionar a favor del medio ambiente”. Nápoli insistió en la urgencia de la capacitación de los potenciales usuarios de la información pública, especialmente información ambiental.
“Acarreamos todavía la misma carencia de 1810: el pueblo aún quiere saber de qué se trata”. La comunidad quiere saber qué hacen sus gobernantes. Qué hacen con sus fondos, recursos, créditos. Qué hacen, en este caso, con su medio ambiente.
“La información acerca de la administración del ambiente se torna especialmente significativa a partir de la reforma constitucional. La información es un derecho y una herramienta” afirmó el disertante.
Cuestionó la poca operatividad de organismos estatales en el suministro de la información. “Cada vez que el Estado no brinda la información se recurre a la Justicia”. Implica duplicación de funciones, dilación e incremento de costos.
Toda la información que produce el estado para la toma de decisiones administrativas es pública. El acceso a ella es un derecho humano de tercera generación y de ejercicio colectivo, “como un condominio, todos somos propietarios de esta información, todos tenemos derecho a solicitarla sin justificar la solicitud.”
Para el expositor la información es, perfectamente equivalente a poder. Por eso nadie quiere compartirla, a nadie le interesa democratizar la información. “El estado, si contesta la solicitud, asume su responsabilidad, por eso no se quiere contestar.
Además enfatizó que esta información está muchas veces vedada, a pesar de su “libre acceso” jurídico. Vedada para los analfabetos, vedada para quienes, como los aborígenes, no hablan la misma lengua y vedada, incluso, para quienes ignoran su derecho a solicitarla o las maneras en que este derecho puede ejercerse.
El artículo 50 de la constitución correntina obliga al estado a compartir la información existente en materia ambiental y habilita al ciudadano a participar en la toma de decisiones a ese respecto, aunque no obliga al estado a producir nueva información, salvo que surja de otras normas o del ejercicio de sus funciones.
En este tenor la obligación se hace extensiva también a los titulares de las empresas que brindan servicios públicos haciéndolos pasibles de acción penal.
Esta charla estuvo organizada por la CLT (Conservation Land Trust), la cuestionada entidad fundada por Douglas Tompkins. La intención de la conferencia fue “estimular acciones con la gente, con la comunidad para accionar a favor del medio ambiente”. Nápoli insistió en la urgencia de la capacitación de los potenciales usuarios de la información pública, especialmente información ambiental.
“Acarreamos todavía la misma carencia de 1810: el pueblo aún quiere saber de qué se trata”. La comunidad quiere saber qué hacen sus gobernantes. Qué hacen con sus fondos, recursos, créditos. Qué hacen, en este caso, con su medio ambiente.
“La información acerca de la administración del ambiente se torna especialmente significativa a partir de la reforma constitucional. La información es un derecho y una herramienta” afirmó el disertante.
Cuestionó la poca operatividad de organismos estatales en el suministro de la información. “Cada vez que el Estado no brinda la información se recurre a la Justicia”. Implica duplicación de funciones, dilación e incremento de costos.
Toda la información que produce el estado para la toma de decisiones administrativas es pública. El acceso a ella es un derecho humano de tercera generación y de ejercicio colectivo, “como un condominio, todos somos propietarios de esta información, todos tenemos derecho a solicitarla sin justificar la solicitud.”
Para el expositor la información es, perfectamente equivalente a poder. Por eso nadie quiere compartirla, a nadie le interesa democratizar la información. “El estado, si contesta la solicitud, asume su responsabilidad, por eso no se quiere contestar.
Además enfatizó que esta información está muchas veces vedada, a pesar de su “libre acceso” jurídico. Vedada para los analfabetos, vedada para quienes, como los aborígenes, no hablan la misma lengua y vedada, incluso, para quienes ignoran su derecho a solicitarla o las maneras en que este derecho puede ejercerse.
El artículo 50 de la constitución correntina obliga al estado a compartir la información existente en materia ambiental y habilita al ciudadano a participar en la toma de decisiones a ese respecto, aunque no obliga al estado a producir nueva información, salvo que surja de otras normas o del ejercicio de sus funciones.
En este tenor la obligación se hace extensiva también a los titulares de las empresas que brindan servicios públicos haciéndolos pasibles de acción penal.
miércoles, 5 de septiembre de 2007
Compromiso de las autoridades electas por el acceso a la información
El gobernador electo de la provincia Hermes Binner y la vicegobernadora electa Griselda Tessio expresaron su respaldo a la implementación de mecanismos que garanticen el acceso a la información pública. En el mismo sentido se manifestó el intendente electo de Santa Fe Mario Barletta.
El Foro de la Comunicación Santafesino (FOCOS), junto al Sindicato de Prensa de Rosario y más de cien organizaciones de la sociedad santafesina, viene reclamando la sanción de una ley de acceso a la información existente en manos de los distintos poderes del Estado. La necesidad de esta norma fue reiterada a través de distintos actos y manifestaciones en los últimos años. Recientemente, en el marco de la campaña “Queremos saber”, la mayoría de los candidatos a la gobernación de Santa Fe manifestaron su compromiso para el reconocimiento de este derecho.
Por ello, resulta auspicioso, que entre los primeros anuncios de su futura gestión el gobernador electo de la provincia, Hermes Binner, haya reiterado su decisión de garantizar a todos los santafesinos el libre acceso a la información pública en manos del Estado. En un sentido similar se manifestó la vicegobernadora electa Griselda Tessio, para quien es indispensable la implementación de mecanismos específicos que aseguren el ejercicio de este derecho, como garantía de un gobierno de ética y transparencia.
Por su parte, el intendente electo de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta afirmó en declaraciones televisivas su decisión de “elevar el proyecto a días de asumir en la municipalidad, que genere el acceso a la información pública, similar al que ha sido discutido en el orden provincial “. Para el electo funcionario es necesario “que la ciudadanía sepa toda la información que tiene que ver con el destino de los fondos públicos”.
Cabe recordar, que en el año 2005, el Foro de la Comunicación Santafesino (FOCOS) presentó en el Concejo Municipal de Santa Fe, un proyecto de ordenanza de Acceso a la Información Pública, que solo recibió respaldo de la Comisión de Cultura del cuerpo, para luego quedar paralizado por decisión de la bancada justicialista.
Frente a esta nueva oportunidad que se presenta para la sociedad santafesina, los trabajadores de prensa esperamos que las autoridades recientemente electas honren su palabra y comiencen a remover de la provincia la cultura del secreto y el oscurantismo. El acceso a la información pública es un derecho que excede el reclamo puntual de los trabajadores de prensa y su vigencia permitiría avanzar en la profundización de la democracia, aportará transparencia a los actos de gobierno y promovería la participación ciudadana.
El Foro de la Comunicación Santafesino (FOCOS), junto al Sindicato de Prensa de Rosario y más de cien organizaciones de la sociedad santafesina, viene reclamando la sanción de una ley de acceso a la información existente en manos de los distintos poderes del Estado. La necesidad de esta norma fue reiterada a través de distintos actos y manifestaciones en los últimos años. Recientemente, en el marco de la campaña “Queremos saber”, la mayoría de los candidatos a la gobernación de Santa Fe manifestaron su compromiso para el reconocimiento de este derecho.
Por ello, resulta auspicioso, que entre los primeros anuncios de su futura gestión el gobernador electo de la provincia, Hermes Binner, haya reiterado su decisión de garantizar a todos los santafesinos el libre acceso a la información pública en manos del Estado. En un sentido similar se manifestó la vicegobernadora electa Griselda Tessio, para quien es indispensable la implementación de mecanismos específicos que aseguren el ejercicio de este derecho, como garantía de un gobierno de ética y transparencia.
Por su parte, el intendente electo de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta afirmó en declaraciones televisivas su decisión de “elevar el proyecto a días de asumir en la municipalidad, que genere el acceso a la información pública, similar al que ha sido discutido en el orden provincial “. Para el electo funcionario es necesario “que la ciudadanía sepa toda la información que tiene que ver con el destino de los fondos públicos”.
Cabe recordar, que en el año 2005, el Foro de la Comunicación Santafesino (FOCOS) presentó en el Concejo Municipal de Santa Fe, un proyecto de ordenanza de Acceso a la Información Pública, que solo recibió respaldo de la Comisión de Cultura del cuerpo, para luego quedar paralizado por decisión de la bancada justicialista.
Frente a esta nueva oportunidad que se presenta para la sociedad santafesina, los trabajadores de prensa esperamos que las autoridades recientemente electas honren su palabra y comiencen a remover de la provincia la cultura del secreto y el oscurantismo. El acceso a la información pública es un derecho que excede el reclamo puntual de los trabajadores de prensa y su vigencia permitiría avanzar en la profundización de la democracia, aportará transparencia a los actos de gobierno y promovería la participación ciudadana.
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