En Córdoba, tres ONG promueven este derecho en temas de género.
Para exigir un derecho primero hay que saber de qué se trata. Para controlar la manera en que se cumple un derecho, dónde se destinan los fondos del Estado, hay que saber de qué se trata. Y para saber de qué se trata, existe el derecho al acceso a la información pública. Promover su defensa con un enfoque en temas de género (como la violencia doméstica, la trata de mujeres, la salud, la seguridad y el urbanismo) es el objetivo del proyecto “Mujeres por la equidad y la transparencia”.
A través de la red nacional “Mujeres al borde de la información”, el proyecto (que es más amplio) busca estimular a las mujeres –en forma individual, agrupadas o desde organizaciones– que practiquen pedidos de información pública sobre temas que las involucra directamente.
En Córdoba, hay tres ONG (Organizaciones No Gubernamentales), coordinadas por la Red Nosotras en el Mundo, que ya presentaron diferentes pedidos de información pública.
Entre otros, Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) le solicitó al Ministerio de Seguridad provincial información sobre las detenciones de las trabajadoras sexuales mientras que Ciscsa requirió a la Jefatura Central de Policía información sobre la trata de mujeres.
Los temas sobre los que se puede hacer un pedido son múltiples y pueden afectar a cualquier mujer. Un ejemplo: el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable garantiza a todos el acceso a anticonceptivos de manera gratuita pero en Córdoba se registraron faltantes de anticonceptivos inyectables.
Va otro ejemplo. Una mujer se toma todos los días un colectivo para llevar muy temprano sus hijos al colegio. De un día para el otro se cambia el recorrido y la mujer tiene que atravesar varios baldíos donde, además, no hay iluminación.
Visita. Con el objetivo de promover el proyecto, subvencionado por Unifem y Undef –los fondos de Naciones Unidas para la mujer y para la democracia, respectivamente–, ayer visitó Córdoba María Luisa Storani, coordinadora del área de acceso a la información a nivel nacional.
“Queremos que se una más gente, más organizaciones”, dice Storani y explica que cuando se planifican políticas con un presupuesto específico que benefician a las mujeres (por ejemplo, de salud reproductiva) pero luego se desvían los fondos o no llega el dinero, ello impide nivelar las inequidades de género y se presta a actos de corrupción.
La idea, dice Storani, es que durante un año mujeres en todo el territorio argentino realicen los pedidos de información pública y a partir de ello se exija una ley nacional que reconozca el derecho y se promueva modificaciones a leyes y ordenanzas locales ya existentes para que funcionen mejor.
En la actualidad, sólo se cuenta con un decreto nacional que reconoce este derecho incluido en la Constitución Nacional. En Córdoba hay un a ley provincial pero pocos conocen el derecho y muchos menos lo hacen valer.
Correo electrónico: centronosotrasargentina@rednosotrasenelmundo.org
En las páginas www.rednosotrasenelmundo.org y www.mujeranticorrupcion.org.ar
Fuente: La Voz del Interior
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martes, 2 de octubre de 2007
viernes, 28 de septiembre de 2007
"Poca gente sabe que tiene derecho a pedir información al Estado"
El acceso a la información es una herramienta importantísima para poder ejercer otros derechos, como la salud, la educación, la seguridad".
Si bien en Córdoba hay, desde 1999, una ley que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública en los organismos provinciales y municipales y de que, a nivel nacional existe desde 2003 un decreto que posibilita solicitar datos a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, aún no son muchos los ciudadanos que tienen conocimiento de esta herramienta. Y eso ocurre aunque se trate de un arma tan ignorada como relevante para impulsar una mayor transparencia de los actos de gobierno y también para hacer posible, no sólo la participación ciudadana, sino también el ejercicio de numerosos derechos, como la salud o la educación.
Con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial del Acceso a la Información, La Voz del Interior dialogó con la abogada María Julia Giorgelli, responsable de esa área en la Asociación de Derechos Civiles (ADC), una de las principales organizaciones no gubernamentales que desde 2003 trabaja en el tema a nivel nacional.
–¿Cuál es la importancia del acceso a la información para el ciudadano común? ¿Para qué le sirve en concreto?
–Básicamente consiste en el derecho de pedir información que está en manos del Estado, en principio con dos fines. Por una parte, con un objetivo de transparencia y anticorrupción, orientado hacia un control de las cuentas y la cosa pública, como posibilidad de participar en los asuntos públicos. Pero sobre todo, también tiene un carácter instrumental, ya que es una herramienta para ejercer otros derechos constitucionales. Y ése es el rasgo que más nos interesa en ADC.
–¿Qué ejemplos se pueden dar sobre este aspecto instrumental del derecho?
–A la gente le sirve todo el tiempo y, por eso, debería usarlo con más frecuencia. Por ejemplo, en Buenos Aires, se puede preguntar sobre la contaminación del Riachuelo, para saber cuál es el plan de saneamiento que le corresponde definir al Gobierno, y que impacta en el derecho a la salud y de tener un mejor medio ambiente. También se puede preguntar si se puede obtener sin costo un medicamento o un tratamiento; cuáles son los requisitos para acceder a un plan social; en transporte, si se van a reemplazar unidades de transporte público en mal estado, y muchísimas cosas más. O sea que esto permite a gente de distintos sectores sociales y con diferentes necesidades, acceder a un reclamo o a un mejor ejercicio de sus derechos.
–O sea que salud, educación, ambiente, seguridad, serían algunas áreas clave.
–Sí, y también vivienda, derechos del consumidor, derechos políticos, acceso a servicios públicos.
–¿Qué nivel de conocimiento tiene la población sobre la existencia de este derecho?
–No mucho. En nuestra experiencia realmente es muy poca la gente que sabe que tiene el derecho de pedir información al Estado, y de que éste le conteste. Y creo que esto se enmarca en una crisis más general de credibilidad y poca participación en la cosa pública por parte de los ciudadanos, que están bastante escépticos.
–A criterio de ADC ¿cómo incide en esto la poca o nula difusión que se hizo en el país desde el Estado de la existencia de esta herramienta, a diferencia de lo que se hizo en otros países, como Gran Bretaña, donde no sólo se instruyó a los funcionarios para dar información, sino también a los ciudadanos sobre cómo pedirla?
–Creo que acá no se trata sólo del desconocimiento de la existencia de este derecho, sino también que se vincula con una cuestión de carácter cultural, que se da tanto desde el Estado como de la ciudadanía, que es lo que se suele llamar la cultura del secretismo. Esto implica, por un lado, que los funcionarios se ven sorprendidos por la obligación de dar la información, y , también, con que los ciudadanos ignoran que la pueden pedir.
Pero también es verdad que el rol del Estado ha sido bastante pobre. No digo nulo, porque la situación no es igual en todas las provincias. Y, por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo nacional ha habido algún avance, con la existencia del decreto y de la creación de una red de enlaces para responder a los pedidos de información. Pero no es suficiente, porque no hay campañas de instrucción hacia la ciudadanía, ni tampoco hacia el interior del propio Estado. Y aunque se trate de escenarios complejos, es clave potenciar las acciones de implementación de este derecho.
–¿Es suficiente que a nivel nacional exista sólo un decreto y no una ley, como se venía reclamando?
–Aunque es importante que esté el decreto, no es suficiente, porque tiene limitaciones. Por eso durante mucho tiempo trabajamos por la sanción de una ley nacional. Hoy por ejemplo es complicado pedir datos al Poder Judicial o Legislativo, porque el decreto es para el Poder Ejecutivo. Y eso deja mucho margen de discrecionalidad al funcionario que recibe el pedido, y hace que, en definitiva, el derecho no esté totalmente garantizado. Además del tema de que un decreto puede ser modificado por otro presidente, y de que no implica un consenso de la ciudadanía, como sí sucede con la ley.
Para ejercer el derecho ciudadano
Normativa en Córdoba. En la provincia existe la ley N° 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. Por su intermedio, toda persona tiene derecho a recibir información completa, oportuna y veraz de todo órgano de la administración pública provincial, municipal y comunal, así como de entes autárquicos y sociedades del Estado.
La solicitud es gratuita y no se puede exigir al solicitante que exprese el motivo de su requisitoria. El pedido debe hacerse por escrito, y la respuesta debe darse en 10 días hábiles.
Normativa nacional. En el país se cuenta con el decreto presidencial N° 1172/03, que regula el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Es más limitado que una ley y no rige para el Poder Judicial ni para el Poder Legislativo nacional. Obliga a brindar información a todos los organismos del PEN, entidades que funcionen bajo su órbita y a las organizaciones que reciben subsidios del PEN. Tampoco requiere expresar el motivo del pedido, sino sólo identificarse y detallar la información que se requiere.
En otras provincias. En el país ya son 11 las provincias que cuentan con leyes o decretos. Son Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego.
Fuente: La Voz del Interior
Si bien en Córdoba hay, desde 1999, una ley que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública en los organismos provinciales y municipales y de que, a nivel nacional existe desde 2003 un decreto que posibilita solicitar datos a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, aún no son muchos los ciudadanos que tienen conocimiento de esta herramienta. Y eso ocurre aunque se trate de un arma tan ignorada como relevante para impulsar una mayor transparencia de los actos de gobierno y también para hacer posible, no sólo la participación ciudadana, sino también el ejercicio de numerosos derechos, como la salud o la educación.
Con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial del Acceso a la Información, La Voz del Interior dialogó con la abogada María Julia Giorgelli, responsable de esa área en la Asociación de Derechos Civiles (ADC), una de las principales organizaciones no gubernamentales que desde 2003 trabaja en el tema a nivel nacional.
–¿Cuál es la importancia del acceso a la información para el ciudadano común? ¿Para qué le sirve en concreto?
–Básicamente consiste en el derecho de pedir información que está en manos del Estado, en principio con dos fines. Por una parte, con un objetivo de transparencia y anticorrupción, orientado hacia un control de las cuentas y la cosa pública, como posibilidad de participar en los asuntos públicos. Pero sobre todo, también tiene un carácter instrumental, ya que es una herramienta para ejercer otros derechos constitucionales. Y ése es el rasgo que más nos interesa en ADC.
–¿Qué ejemplos se pueden dar sobre este aspecto instrumental del derecho?
–A la gente le sirve todo el tiempo y, por eso, debería usarlo con más frecuencia. Por ejemplo, en Buenos Aires, se puede preguntar sobre la contaminación del Riachuelo, para saber cuál es el plan de saneamiento que le corresponde definir al Gobierno, y que impacta en el derecho a la salud y de tener un mejor medio ambiente. También se puede preguntar si se puede obtener sin costo un medicamento o un tratamiento; cuáles son los requisitos para acceder a un plan social; en transporte, si se van a reemplazar unidades de transporte público en mal estado, y muchísimas cosas más. O sea que esto permite a gente de distintos sectores sociales y con diferentes necesidades, acceder a un reclamo o a un mejor ejercicio de sus derechos.
–O sea que salud, educación, ambiente, seguridad, serían algunas áreas clave.
–Sí, y también vivienda, derechos del consumidor, derechos políticos, acceso a servicios públicos.
–¿Qué nivel de conocimiento tiene la población sobre la existencia de este derecho?
–No mucho. En nuestra experiencia realmente es muy poca la gente que sabe que tiene el derecho de pedir información al Estado, y de que éste le conteste. Y creo que esto se enmarca en una crisis más general de credibilidad y poca participación en la cosa pública por parte de los ciudadanos, que están bastante escépticos.
–A criterio de ADC ¿cómo incide en esto la poca o nula difusión que se hizo en el país desde el Estado de la existencia de esta herramienta, a diferencia de lo que se hizo en otros países, como Gran Bretaña, donde no sólo se instruyó a los funcionarios para dar información, sino también a los ciudadanos sobre cómo pedirla?
–Creo que acá no se trata sólo del desconocimiento de la existencia de este derecho, sino también que se vincula con una cuestión de carácter cultural, que se da tanto desde el Estado como de la ciudadanía, que es lo que se suele llamar la cultura del secretismo. Esto implica, por un lado, que los funcionarios se ven sorprendidos por la obligación de dar la información, y , también, con que los ciudadanos ignoran que la pueden pedir.
Pero también es verdad que el rol del Estado ha sido bastante pobre. No digo nulo, porque la situación no es igual en todas las provincias. Y, por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo nacional ha habido algún avance, con la existencia del decreto y de la creación de una red de enlaces para responder a los pedidos de información. Pero no es suficiente, porque no hay campañas de instrucción hacia la ciudadanía, ni tampoco hacia el interior del propio Estado. Y aunque se trate de escenarios complejos, es clave potenciar las acciones de implementación de este derecho.
–¿Es suficiente que a nivel nacional exista sólo un decreto y no una ley, como se venía reclamando?
–Aunque es importante que esté el decreto, no es suficiente, porque tiene limitaciones. Por eso durante mucho tiempo trabajamos por la sanción de una ley nacional. Hoy por ejemplo es complicado pedir datos al Poder Judicial o Legislativo, porque el decreto es para el Poder Ejecutivo. Y eso deja mucho margen de discrecionalidad al funcionario que recibe el pedido, y hace que, en definitiva, el derecho no esté totalmente garantizado. Además del tema de que un decreto puede ser modificado por otro presidente, y de que no implica un consenso de la ciudadanía, como sí sucede con la ley.
Para ejercer el derecho ciudadano
Normativa en Córdoba. En la provincia existe la ley N° 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. Por su intermedio, toda persona tiene derecho a recibir información completa, oportuna y veraz de todo órgano de la administración pública provincial, municipal y comunal, así como de entes autárquicos y sociedades del Estado.
La solicitud es gratuita y no se puede exigir al solicitante que exprese el motivo de su requisitoria. El pedido debe hacerse por escrito, y la respuesta debe darse en 10 días hábiles.
Normativa nacional. En el país se cuenta con el decreto presidencial N° 1172/03, que regula el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Es más limitado que una ley y no rige para el Poder Judicial ni para el Poder Legislativo nacional. Obliga a brindar información a todos los organismos del PEN, entidades que funcionen bajo su órbita y a las organizaciones que reciben subsidios del PEN. Tampoco requiere expresar el motivo del pedido, sino sólo identificarse y detallar la información que se requiere.
En otras provincias. En el país ya son 11 las provincias que cuentan con leyes o decretos. Son Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego.
Fuente: La Voz del Interior
sábado, 25 de agosto de 2007
Chaco quiere que la información pública sea un bien social
Se trata de un proyecto impulsado en esa provincia cuya idea es que la información pública sea preservada “de cualquier connotación propagandística o tendenciosa” y que se la canalice a través de la publicidad oficial, que debe ser objetiva. La iniciativa fue presentada esta semana por el diputado justicialista Ricardo Sánchez, quien señaló que “esto surge ante la necesidad de transparentar las pautas publicitarias, que son un modo de amordazar a la prensa y someterla a los intereses del gobierno de turno”.
En el transcurso de esta semana, un diputado chaqueño presentó un proyecto de ley ante la Legislatura provincial para que “la información pública sea un bien social que debe ser preservado de cualquier connotación propagandística o tendenciosa”. La iniciativa propone también que se canalice a través de la publicidad oficial, que debe “informar objetivamente”.
“Esto surge ante la necesidad de transparentar las pautas publicitarias, que son un modo de amordazar a la prensa y someterla a los intereses del gobierno de turno”, dijo a Diario Judicial el diputado Ricardo Sánchez, impulsor del proyecto.
El legislador justicialista remarcó que “sería saludable transparentar estos fondos, que se mal usan”, y en ese sentido, la iniciativa propone regular varios puntos de la publicidad oficial. Primero se la define como “toda comunicación promovida por el Estado Provincial, a través de cualquiera de sus áreas y destinada a la difusión de su actividad inherente y al servicio del interés general”.
Por otra parte, sienta que su finalidad es, entre otras: “afianzar los valores y principios establecidos en la Constitución Nacional y Constitución Provincial; informar objetivamente sobre la gestión de gobierno, quedando prohibida su exaltación y el elogio de sus logros, o el de sus autoridades y funcionarios públicos”.
Respecto a la difusión de la publicidad oficial, el proyecto también pretende que el presupuesto provincial defina “con absoluta claridad el porcentaje que se destinará a cada una de las categorías de medios de difusión: a) grafica; b) radial; c) televisiva; d) portales de Internet”, y que se distribuya “regular y simultáneamente a cada medio debidamente registrado por el término del año presupuestado”.
En tanto, la propuesta incluye la creación del "Registro Provincial de Medios de Comunicación de la provincia del Chaco", que debe estar integrado por todos los medios de comunicación que desarrollan su actividad en la provincia y deseen recibir publicidad oficial.
Finalmente, siguiendo en la tendencia de evitar que la publicidad oficial se utilice con fines políticos, el proyecto de la ley prohíbe que sea utilizada por el gobierno dentro de los 30 días anteriores a la fecha de las elecciones provinciales, “quedando exceptuadas las que emanen de causas de fuerza mayor debidamente justificadas”, aclara la iniciativa.
Al referirse a la viabilidad que tendrá la propuesta en la Legislatura, el diputado Sánchez dijo que el 16 de setiembre hay elecciones en la provincia y por eso ve con dificultad que el bloque del oficialismo permita un despacho favorable. De todas maneras, el legislador adelantó que irá consultando a distintos sectores sociales, asociaciones y foros para que “presionen institucionalmente” y se alcance la sanción de la ley.
Fuente: Diario Judicial
En el transcurso de esta semana, un diputado chaqueño presentó un proyecto de ley ante la Legislatura provincial para que “la información pública sea un bien social que debe ser preservado de cualquier connotación propagandística o tendenciosa”. La iniciativa propone también que se canalice a través de la publicidad oficial, que debe “informar objetivamente”.
“Esto surge ante la necesidad de transparentar las pautas publicitarias, que son un modo de amordazar a la prensa y someterla a los intereses del gobierno de turno”, dijo a Diario Judicial el diputado Ricardo Sánchez, impulsor del proyecto.
El legislador justicialista remarcó que “sería saludable transparentar estos fondos, que se mal usan”, y en ese sentido, la iniciativa propone regular varios puntos de la publicidad oficial. Primero se la define como “toda comunicación promovida por el Estado Provincial, a través de cualquiera de sus áreas y destinada a la difusión de su actividad inherente y al servicio del interés general”.
Por otra parte, sienta que su finalidad es, entre otras: “afianzar los valores y principios establecidos en la Constitución Nacional y Constitución Provincial; informar objetivamente sobre la gestión de gobierno, quedando prohibida su exaltación y el elogio de sus logros, o el de sus autoridades y funcionarios públicos”.
Respecto a la difusión de la publicidad oficial, el proyecto también pretende que el presupuesto provincial defina “con absoluta claridad el porcentaje que se destinará a cada una de las categorías de medios de difusión: a) grafica; b) radial; c) televisiva; d) portales de Internet”, y que se distribuya “regular y simultáneamente a cada medio debidamente registrado por el término del año presupuestado”.
En tanto, la propuesta incluye la creación del "Registro Provincial de Medios de Comunicación de la provincia del Chaco", que debe estar integrado por todos los medios de comunicación que desarrollan su actividad en la provincia y deseen recibir publicidad oficial.
Finalmente, siguiendo en la tendencia de evitar que la publicidad oficial se utilice con fines políticos, el proyecto de la ley prohíbe que sea utilizada por el gobierno dentro de los 30 días anteriores a la fecha de las elecciones provinciales, “quedando exceptuadas las que emanen de causas de fuerza mayor debidamente justificadas”, aclara la iniciativa.
Al referirse a la viabilidad que tendrá la propuesta en la Legislatura, el diputado Sánchez dijo que el 16 de setiembre hay elecciones en la provincia y por eso ve con dificultad que el bloque del oficialismo permita un despacho favorable. De todas maneras, el legislador adelantó que irá consultando a distintos sectores sociales, asociaciones y foros para que “presionen institucionalmente” y se alcance la sanción de la ley.
Fuente: Diario Judicial
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