“Los gobiernos son reacios a la legislación para el derecho de acceso a la información”

Agnes Callamard, directora de artículo 19, en defensa de la libertad de expresión.
Artículo 19 es una ONG con asiento en Londres que se dedica a defender y promover la libertad de expresión y el acceso a la información. La francesa Agnès Callamard, directora de la organización, señala que en Argentina, en el 2006 “fueron archivados todos los esfuerzos por desarrollar el acceso a la información”.
Por Andrew Graham-Yooll

–Para los que no tienen noción de la existencia de Artículo 19, ¿cómo opera en estos momentos?

–Desde hace tres años (es decir, desde que llegó ella a ser directora ejecutiva), hemos incrementado el personal a 26 personas. La base de la acción está en Londres desde los comienzos, hace más de veinte años. Pero además estamos tratando de salir de Inglaterra para ampliar la acción en el exterior. Tenemos una oficina en México DF, con un plantel de cinco personas; otra en Brasil, con dos personas. También tenemos oficina en Nairobi, Kenia, con dos, una persona en el Líbano, otra en Nepal, y estamos por abrir una agencia en Bangladesh. La estrategia de Artículo 19, su visión y objetivo son ahora tratar de localizar actividades para maximizar nuestro impacto, en términos de apoyar a entidades similares, con asesoramiento en dirigencia en derechos humanos y estar en el lugar preciso cuando la oportunidad requiere visibilidad en la defensa de la libertad de expresión. Debo decir que esta visión y las prioridades han sido efectivas. Cómo seguimos adelante para seguir expandiendo y sosteniendo la acción dependerá de nuestra financiación y de la forma en que nos desarrollamos económicamente.

–¿De dónde provienen los fondos de esta ONG?

–Por suerte nuestra base de ingresos es bastante amplia. Es uno de los aspectos positivos de Artículo 19. Tenemos una media docena de donantes fuertes que nos proveen anualmente de las cifras mayores para nuestra actividad. Entre ellos está la Fundación Soros, la Fundación Ford, el gobierno sueco a través de su oficina de desarrollo internacional (SIDA), el gobierno británico mediante una ONG de apoyo al desarrollo en el exterior, y la Fundación Rausing, que es uno de los donantes más generosos.

–Vistos desde afuera, nunca hallé una razón clara de por qué Artículo 19 y la revista Index on Censorship no pudieron aunar esfuerzos. Fue un problema desde el comienzo cuando el iniciador de Artículo 19, el fallecido Martin Ennals, ex secretario general de Amnistía Internacional, y Philip Spender, director de la Writers and Scholars Educational Trust, que publicaba Index on Censorship, no pudieron llegar a un acuerdo. Me pregunto si fue solamente un conflicto de personalidades, o si hubo algo más. En general, la dispersión de los esfuerzos de derechos humanos, muchas veces por diferencias ideológicas o económicas, me parece una lástima. Se desperdician tiempo y fondos.

–Vea, no puedo hablar de ese pasado, que usted vivió como director de la revista, porque yo no estaba en esos tiempos. Lo que sí le puedo decir es que hoy estamos tratando de trabajar en la forma más coordinada posible. Verá que compartimos el mismo edificio. Además, la mayor parte de nuestra acción por la libertad de expresión en el Reino Unido se desarrolla en combinación con la revista Index..., y con el Centro PEN de Inglaterra (ex PEN Club, organización internacional de escritores). El noventa por ciento de la acción aquí se hace en base a la colaboración entre las tres oficinas. Además, existen negociaciones, que preceden a mi arribo a Artículo 19, que se vienen desarrollando con seis grupos más. Para reforzar la acción conjunta y la relación de las nueve organizaciones, en este momento se promueve un plan de promoción de alfabetización y literatura. Esto requiere mucho estudio si se va a instalar en sociedades muy diferentes. El objetivo es crear un centro mundial de libertad de expresión y literatura. Por ahora se monitorea toda nueva legislación que atañe a libertad de expresión. Si pensamos, ahora hablamos de solamente las tres primeras agencias, que un proyecto de legislación constituye una amenaza a la libertad de expresión, haremos un análisis y un informe acerca de la naturaleza de lo que vemos como amenaza. Nos unimos para responder en la forma más efectiva posible a lo que parece tergiversar una libertad esencial en la democracia. Aclaro que lo de abrirnos a un programa de alfabetización no está en el programa de Artículo 19 en la actualidad. Es un proyecto para el futuro y requiere de mucho más esfuerzo que el que podemos aportar los entes que mencioné. La idea es desarrollar una recomendación de política de alfabetización en todo el mundo y eso no es tarea fácil. La promoción de la alfabetización y del desarrollo de la literatura mediante traducciones, etc; ya es parte de la acción de otras ONG entre las nueve que mencioné. El proyecto será de otros, nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a defender la libertad del emprendimiento. Por ahora se organizan seminarios y conferencias para elevar la concientización de la necesidad de la libertad de expresión en los programas de alfabetización.

–Siempre que me encuentro con una organización como Artículo 19 me llevo la impresión de que América latina es una región secundaria para ustedes. El interés británico, y más generalmente, europeo, parece concentrarse en países de Africa, Medio Oriente y regiones asiáticas.

–Creo que eso está cambiando. Es cierto que en Africa la impresión es que Artículo 19 tiene una actividad regional, que no es lo mismo en Asia y Europa, donde la acción se radica en países individuales. También en Medio Oriente nuestra acción es relativamente nueva, de tan sólo dos años. Tenemos dos personas en la región, y nuestra labor se concentra en Irak, Yemen y un poco en Egipto. Vamos a hacer más en América latina a través de un programa iniciado hace dos años que busca establecer contacto con organizaciones de base, para atender a cambios conceptuales. Verá que América latina hoy se está convirtiendo en punto de mayor atención para el Reino Unido y Europa. En esa región se va ampliando el trabajo pero no puede considerarse regional. Hemos comenzado a trabajar en México y por ahora seguiremos avanzando país por país. El hecho de referencia es que un periódico mexicano en idioma inglés, The Reporter, dijo en noviembre que Artículo 19 se ha establecido como voz y autoridad en lo que hace a la libertad de expresión. También hemos logrado llamar la atención de los medios en Brasil, cosa que no es fácil. Pero ésas son oficinas locales, y no regionales. No hemos hecho mucho en la Argentina, ni lo intentamos si bien en 2005 y 2006 hemos estado presentes mediante un admirable socio, que es la Asociación de Derechos Civiles (ADC). Uno de nuestros fracasos en América latina ha sido que los gobiernos, me refiero en general, son reacios a llevar adelante la legislación para el derecho de acceso a la información. En la Argentina en 2006 nos pareció que todos los esfuerzos por desarrollar el derecho a la información se archivaron. Se cayó todo en ese 2006 quizá debido al desprecio por el tema demostrado por el presidente de la República. Posiblemente no entendió bien los beneficios de fortalecer la democracia implícitos en la liberación del acceso a la información.Espero que podamos convencer a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la importancia de la transparencia informativa oficial y que haga de ella una prioridad. Hay que reconocer que hubo buenos ejemplos de decisiones en el tribunal y en la subcomisión interamericana de derechos humanos en lo que se refiere al acceso a la información. Pero varios gobiernos, con razonamientos bastante problemáticos, no han tomado los recaudos necesarios. Brasil es un ejemplo de un gobierno que pudo tomar algunos pasos en el tema, pero ahora esos pasos parecen más un baile, dos adelante, tres para atrás. Luego se mueven a un costado para desmentir que se ignora el tema. Es ridículo que democracias establecidas se comporten de esta forma. Por un lado las autoridades, en Brasil y en otros países, reconocen que la transparencia es una parte esencial del progreso democrático, pero no hay movimiento hacia ese progreso. Venezuela es otro caso de lamentar. La sociedad en ese país está tan polarizada que es muy difícil para una organización internacional anunciar una acción imparcial en cuanto a situaciones controvertidas y ser aceptada como creíble. En todo momento algún grupo saldrá a usar un análisis nuestro para beneficio de su bando. Venezuela es un campo minado. Cualquiera sean las circunstancias históricas, o las justificaciones históricas posibles que la gente quiera instalar en el escenario político, no se puede justificar la represión actual de la libertad de expresión. No corresponde a la visión que propuso el presidente Hugo Chávez en años recientes. El anunció un proyecto de justicia social, de justicia internacional, de mayor igualdad. Nada de eso se equipara con restringir la libertad de expresión. Aun cuando todos los medios del país estén contra ese proyecto no se justifica silenciar a los medios. Quiero hacer notar que siempre que se comienza a silenciar las voces de disenso por lo general es imposible detenerse en unas pocas voces. Eso lo enseña la historia. Un sistema que no tolera la crítica, el disenso, se extiende a todos los niveles. Y aclaro que si nosotros defendemos la crítica, no significa que apoyemos lo que dicen las voces del disenso. Significa que para el bien de la sociedad, para el bien de la democracia, el disenso es necesario.

–Su labor principal, la producción de Artículo 19, parece ser la emisión de comentarios y comunicados de prensa. ¿Qué más produce esta organización?

–En realidad, a lo que usted se refiere es tan sólo una pequeña parte de la labor. Por tradición, Artículo 19 no es un actor veloz en la reacción frente a los hechos. No tendemos a responder a las crisis de inmediato, como lo haría Amnistía Internacional. Nuestro proceder por el derecho a la libertad de expresión es dedicarnos a una política estructural, sugerir nuevas posibilidades y métodos, nuevas instituciones, y también hacer una contribución a los diferentes ambientes para la libertad de expresión. Gran parte de nuestro trabajo es a largo plazo, de alcance profundo, llevando el conocimiento internacional a organizaciones y comunidades de base. Combinamos la labor legal, la búsqueda de niveles aceptables, y de contacto entre grupos para la mejor protección de la libertad de expresión. En fin, nuestra labor muchas veces no es muy visible, no alcanza grandes titulares, pero el proceder lentamente es una parte importante de nuestro trabajo. Le doy ejemplos: ofrecemos aprendizaje para el mejor conocimiento y aceptación de la libertad de expresión, entrenamos y elevamos la capacidad de docentes en el tema, organizamos seminarios para debatir nuevos aspectos de la legislación de medios y de comunicaciones. Con frecuencia mensual producimos informes analíticos sobre hechos de actualidad. Por ejemplo, en noviembre publicamos un análisis sobre la legislación china en relación con los medios. Esto se relaciona con los medios mismos, pero también es de interés para todo lo que tiene que ver con intercambio comercial e inversiones. También en noviembre publicamos informes sobre la libertad de expresión en Turquía y el Código Penal Turco. Mucha gente detenida está procesada por ofender lo que se describe como la entidad nacional. Es complejo. Otro de estos informes cubrió la situación de Turquía frente a los kurdos de Irak. Si bien tiene relación con la crisis reciente y la amenaza de invasión por Turquía, el informe es producto de una misión de estudio en julio de 2007. Hace tres años que trabajamos en Sudán, en Jartum, para tratar de elaborar un mecanismo para la libre expresión. Esto no se logra de la noche a la mañana. Hay que llevar a muchos participantes al diálogo. Hay que convencer a mucha gente, en muchos casos muy reacia, para que entiendan que los beneficios que pueden obtener mediante la libertad de expresión pueden ser buenos para su país, para la sociedad y el desarrollo. Esto hacemos. Hacemos muchas reuniones de comprensión, para que la gente pueda entender lo que es la libertad y que les puede ser útil participar en la preparación de políticas que pueden ser debatidas con funcionarios y con la sociedad civil. Luego, en otra etapa, hay que acompañar a la gente para ver si una política, en un cierto contexto, puede funcionar y ser aprobada por una asamblea o una Legislatura. Ese proceso es lento.

–¿Por qué establecieron una oficina tan grande en México? Un ente con cinco personas, frente a un total mundial, incluyendo la central en Londres, de veintiséis personas.

–Creció. Comenzó con dos personas y decidieron que quedaba mucho más por hacer en México. Hay varias ONG muy buenas en el país, pero decidimos que había espacio para la labor de Artículo 19. Por esto estamos desarrollando nuevos proyectos adecuados al medio local. Hay un equipo de cinco personas ahora, pero esto puede no seguir así en un par de años. Los números del personal varían según la naturaleza de los proyectos de investigación. Por ahora no se podría mantener una oficina de cinco personas por cinco años. Nuestra publicación regular, el newsletter, se hace en castellano en México. Aparece cada tantos meses, dependiendo del volumen de nuestra labor. Nosotros aportamos fondos, pero ellos han iniciado un proceso de financiación propio. El director local, Darío Ramírez, es parte del sistema central. Las dos personas en la oficina de San Pablo, encabezada por Paula Martins, también. No tenemos otras delegaciones en la región, pero como dije tenemos muy buenos socios en Buenos Aires, donde funciona la ADC. En Santiago de Chile trabajamos con Pro Acceso. Nuestros socios regionales son IPYS, en Lima, Perú. Con la gente en Chile estamos trabajando para lograr mayor transparencia en el acceso a la información. Debo decir que mientras no parezcamos muy involucrados en América latina como región, es importante que la gente nos acompañe mostrando mayor interés en los asuntos de la región, más allá de sus propias fronteras. Hay que comprometerse e interesarse por lo que sucede afuera, meterse en temas internacionales. Las naciones latinoamericanas se están convirtiendo en actores de primera línea en los hechos internacionales, por lo que es prioritario que presten sus voces a situaciones de libertad de expresión en lugares como Burma o Pakistán o China. La región debe ser escuchada. La sociedad civil en América latina es una de las más vibrantes del mundo, y sería fantástico que se tomara un rol más grande en hechos mundiales. Hasta ahora la región ha mirado demasiado hacia adentro.

–Toda esta labor, ¿llega al público en algún lugar?

–El objetivo es llegar a un público más amplio, no especializado, interesado en aportes que son centrales a la política pero que no son de uso corriente. Ahora ni siquiera tenemos mucho espacio en los grandes medios que parecemos defender. Los medios, en realidad, tienen una mala prensa. Cada vez que se publican esos sondeos de opinión sobre la percepción pública de las instituciones que consideran confiables, los medios están lejos del primer puesto. Hay bastante desconfianza de los medios en Europa. Por lo tanto hay mucho trabajo de campo para hacer para llegar al público y para explicar lo que es libertad de expresión en los mismos medios. Tenemos que explicar por qué importa, reforzar la comprensión, por qué hay que tolerar algo de las expresiones consideradas extremistas porque es importante para la salud de la democracia. No es un mensaje fácil de entregar. En eso estamos.

¿Por que Agnes Callamard?
Una mujer en campaña
Con un currículum como activista por los derechos humanos, principalmente en derechos de la mujer, y de grupos de minorías, Agnès Callamard dirige la oficina londinense de Artículo 19, una ONG fundada y lanzada con base en el concepto del pasaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese Artículo 19 dice que “todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión: este derecho incluye la libertad de sostener opinión sin interferencias y de buscar, recibir y transmitir información e ideas a través de los medios sin mediar fronteras”.

Más allá de la declaración, la organización Artículo 19 se define como responsable de la “campaña global por la libertad de expresión”. Callamard tiene un doctorado en relaciones internacionales, con especialización en los problemas de refugiados de Mozambique y Malawi.

Francesa, con un fuerte acento en su inglés, ha vivido en Inglaterra durante nueve años en distintas etapas desde 1995. Fue docente en Toronto, Canadá, luego pasó cinco años en Amnistía Internacional en su oficina central en Londres, después creó una oficina de responsabilidad civil en Ginebra, Suiza (Humanitarian Accountability Partnership, www.ap.org), que monitorea las funciones civiles en circunstancias como desastres naturales.

En octubre de 1994 fue nombrada directora de Artículo 19. La organización, en sus orígenes, intentó fusionarse a mediados de los años ochenta con la revista especializada trimestral Index on Censorship, iniciada en 1972. La unión no se logró y quedaron socios para las campañas internacionales por la libertad de expresión. Quizá la acción más conocida de Artículo 19 fue a fines de los ochenta y comienzos de los noventa, cuando su entonces directora, Frances De Souza, hoy miembro de la Cámara alta británica, pasó a ser la principal vocera y negociadora en las cuestiones relativas a la amenaza de muerte, o Fatua, declarada por el dirigente iraní ayatolá Khomeini, contra el escritor indo-británico Salman Rushdie. En esos años, la defensa de Salman Rushdie requirió de todo el esfuerzo de Artículo 19.

Hoy la acción es diferente, menos estridente, más negociadora, conducente a educar e instalar la concientización de los beneficios de la libertad de expresión como forma de respaldar la democracia. Callamard es ahora la activista más conocida en esta labor.
Fuente: Página/12

Santo Tomé: aprobaron el derecho a acceder libremente a la información pública

Los ediles del Frente Progresista Cívico y Social de la vecina ciudad afirmaron que el Concejo Municipal aprobó el proyecto que establece y regula, en el ámbito local, el Derecho a la Información Pública que asiste a todos los ciudadanos.
Fuente: La Noticia on line de Santo Tomé
Los ediles del Frente Progresista Cívico y Social de la ciudad de Santo Tomé, Dra. Daniela Qüesta, Prof. Libertad Lostumbo, Farm. Lidia Sauco, Sr. Luis Martínez y Prof. Martín Giménez, afirmaron que el Concejo Municipal aprobó el proyecto que establece y regula, en el ámbito local, el Derecho a la Información Pública que asiste a todos los ciudadanos.
De este modo, a 17 días de haber asumido por mandato popular la responsabilidad de gobernar la ciudad, el Frente Progresista da cumplimiento a uno de sus principales compromisos asumidos ante la ciudadanía en la etapa de campaña electoral, destacaron.
En los considerandos de la nueva legislación referida, se señala que el Derecho a la Información Pública, además de encontrarse reconocido por la Constitución Nacional y la Convención Americana de los Derechos Humanos, “es uno de los instrumentos cuya necesidad se pone en evidencia luego de más de 20 años de democracia, resultando de fundamental importancia abordar la discusión para dotar al Sistema Republicano de mayores elementos de participación ciudadana (...)”. En este marco, el libre acceso a la Información Pública se define como: “una nueva herramienta con que cuenta el ciudadano para informarse, luchar contra la corrupción de los gobiernos e indirectamente es una estrategia efectiva para mejorar su gestión”.
A nivel municipal, de acuerdo con la Ordenanza aprobada, “al no contar con los procedimientos pautados para su ejercicio, la información de los actos de gobierno se pierde en los insuficientes principios de la publicidad oficial; por ello se hace necesario regular el Derecho de Peticionar ante las Autoridades Públicas”.
En virtud de lo expuesto, desde el día de hoy, por iniciativa de los ediles del Frente Progresista Cívico y Social, ha quedado sancionado en Santo Tomé que: “Toda persona, física o jurídica, tiene derecho a requerir y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de acuerdo al principio de publicidad de los actos de gobierno (...)”. En este sentido, el artículo 2º de la legislación mencionada entiende que se presume pública a toda información que se halle en poder de cualquier organismo perteneciente a la Municipalidad y al Concejo Municipal de Santo Tomé.
En lo que respecta a la instrumentación de este derecho por parte de los ciudadanos, la nueva Ordenanza establece que: “La solicitud de Información debe ser realizada por escrito. La misma deberá contener: nombre y apellido, documentación que acredite la identidad, domicilio en la cual puede ser notificado el requirente y una descripción de la información que solicita, sin estar sujeto a otra formalidad”.
La solicitud deberá ser satisfecha por el organismo oficial pertinente al momento de ser realizada, o proveerla en el plazo de 15 días hábiles administrativos con la posibilidad de una prórroga por razones fundadas. En caso de que la solicitud de información no hubiera sido respondida en los plazos legales, o que el organismo y/o funcionario requerido obstruyese el acceso a dicha información, el requirente tendrá habilitada la vía legal correspondiente.
Por último, es importante destacar que “el acceso a la información es gratuito”, quedando a cargo del solicitante sólo los costos de la expedición de copias.
A través de la sanción de esta Ordenanza, como se expresaba anteriormente, el Frente Progresista Cívico y Social cumple con uno de los mayores compromisos asumidos durante la campaña electoral y ratifica su convicción de promover desde la gestión pública los valores de la transparencia, la participación y la solidaridad.

Rechazo al proyecto de acceso a la información votado por los senadores oficialistas

La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario y el Foro de Comunicación Santafesino (Focos) repudia la media sanción que los senadores justicialistas le dieron ayer a su proyecto de acceso a la información de carácter restrictivo y destaca que esta iniciativa no refleja el espíritu de la norma que la sociedad santafesina necesita y que le dará mayor transparencia a la gestión pública, a la vez que garantizará el derecho de la ciudadanía a buscar y recibir información pública. Junto a la red de organizaciones sociales de la provincia y del país que desde hace años elevan su reclamo en este sentido, seguiremos bregando porque prime el consenso de las fuerzas políticas y se consagre una norma sin restricciones ni artilugios de ningún tipo.
Después de cuatro años de dilaciones, la decisión que tomó ayer la bancada mayoritaria de la Cámara alta genera una confusa situación legislativa que retrasará la aprobación definitiva de la ley. A partir de ahora existen dos iniciativas con media sanción -la de los senadores justicialistas y la de todos los bloques de diputados- inspiradas en objetivos diferentes. De esta manera se posterga una vez más la posibilidad de profundizar la democracia en nuestra provincia.
Conviene recordar que en agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley y quedaron incorporadas en la norma que obtuvo media sanción ayer.
Por ello, desde el Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) y la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, manifestamos nuestro rechazo al procedimiento legislativo utilizado por los senadores justicialistas y advertimos sobre el riesgo que significan algunas cláusulas o expresiones contenidas en el proyecto aprobado.
En primer lugar, se entiende como información pública la "acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido es de interés general", introduciendo una distinción sobre el carácter general o particular de los datos que significa una peligrosa limitación (Artículo 1º). ¿Quién y cómo define si una información en poder de algún organismo del Estado es de "interés general" y puede ser conocida por el público?
En segundo término, se establece que todos los órganos y entes alcanzados por la ley "deben generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información" (Artículo 7º). Esta disposición se complementa con el Artículo 8º del proyecto, que limita la solicitud de información "a lo informado en el índice por el órgano o ente que corresponda". De esta manera sólo se podrían conocer los datos incorporados al listado elaborado por los distintos órganos y entes alcanzados por la ley.
En tercer lugar, merece reproche la fijación de aranceles (aunque mínimos) contrarios al principio de que la información pública debe ser gratuita salvo sus costos de reproducción; la obligación de exponer motivos al momento de requerir información; y el estiramiento de los plazos para responder una solicitud.
Sin embargo, el aspecto más peligroso del proyecto de los senadores justicialistas es la introducción de un procedimiento para establecer la reserva o confidencialidad de determinada información por espacio de treinta años, por razones tan amplias como seguridad, defensa, inteligencia, contrainteligencia, política económica financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica. (Artículo 15º)
Para establecer la reserva o confidencialidad de una información sólo hace falta un decreto, resolución o acordada. Con este subrepticio dispositivo los senadores justicialistas refuerzan la cultura del secreto y el ocultamiento que ha imperado en la provincia en los últimos 25 años.

19 de octubre de 2007

Foro de Comunicación Santafesino - FOCOS
Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico - SPR

Integrantes de la Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación - FETRACCOM - CTA

Basta de restricciones. Reclamo a los senadores que tratarán la ley de acceso a la información

Ante la posibilidad de que el próximo jueves 18 de octubre la Cámara de Senadores de la provincia trate la ley de acceso a la información, la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario y el Foro de Comunicación Santafesino (Focos) exhortan una vez más a los legisladores a aprobar un proyecto que garantice el acceso universal a los datos de los tres Poderes del Estado, sin cláusulas o expresiones de sesgo limitativo que atenten contra el derecho a buscar y recibir información pública.
En agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información, tal como desde hace años viene reclamando una red de organizaciones sociales de la provincia y del país. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley, que se propone permitir a todos los ciudadanos sin limitaciones el conocimiento de la información producida por el Estado en sus distintos niveles.
Este jueves la Cámara alta podría tratar ambas iniciativas, de allí que los trabajadores de prensa de la provincia llamamos a la reflexión a los legisladores para que no se inclinen una vez más por la cultura del secreto y el ocultamiento. Los senadores se encuentran ante la oportunidad histórica de aprobar una ley de acceso a la información, lo que sucedería si se refrenda al proyecto girado por Diputados el año pasado. De lo contrario, los santafesinos nos encontraríamos frente a dos iniciativas con media sanción -la de los senadores justicialistas y la de los diputados-, lo que además de contrariar la profundización de la democracia y la transparencia de la gestión pública sumaría confusión en cuanto a la técnica legislativa. Y eso, en definitiva, retrasará la aprobación de la norma que la sociedad reclama y que respaldan tanto el gobernador Jorge Obeid y la vicegobernadora María Eugenia Bielsa como el futuro mandatario Hermes Binner.

16 de octubre de 2007
Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico-SPR Foro de Comunicación Santafesino (Focos)
Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom-CTA)

Mujeres trabajan por el acceso a la información pública

En Córdoba, tres ONG promueven este derecho en temas de género.
Para exigir un derecho primero hay que saber de qué se trata. Para controlar la manera en que se cumple un derecho, dónde se destinan los fondos del Estado, hay que saber de qué se trata. Y para saber de qué se trata, existe el derecho al acceso a la información pública. Promover su defensa con un enfoque en temas de género (como la violencia doméstica, la trata de mujeres, la salud, la seguridad y el urbanismo) es el objetivo del proyecto “Mujeres por la equidad y la transparencia”.
A través de la red nacional “Mujeres al borde de la información”, el proyecto (que es más amplio) busca estimular a las mujeres –en forma individual, agrupadas o desde organizaciones– que practiquen pedidos de información pública sobre temas que las involucra directamente.
En Córdoba, hay tres ONG (Organizaciones No Gubernamentales), coordinadas por la Red Nosotras en el Mundo, que ya presentaron diferentes pedidos de información pública.
Entre otros, Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) le solicitó al Ministerio de Seguridad provincial información sobre las detenciones de las trabajadoras sexuales mientras que Ciscsa requirió a la Jefatura Central de Policía información sobre la trata de mujeres.
Los temas sobre los que se puede hacer un pedido son múltiples y pueden afectar a cualquier mujer. Un ejemplo: el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable garantiza a todos el acceso a anticonceptivos de manera gratuita pero en Córdoba se registraron faltantes de anticonceptivos inyectables.
Va otro ejemplo. Una mujer se toma todos los días un colectivo para llevar muy temprano sus hijos al colegio. De un día para el otro se cambia el recorrido y la mujer tiene que atravesar varios baldíos donde, además, no hay iluminación.
Visita. Con el objetivo de promover el proyecto, subvencionado por Unifem y Undef –los fondos de Naciones Unidas para la mujer y para la democracia, respectivamente–, ayer visitó Córdoba María Luisa Storani, coordinadora del área de acceso a la información a nivel nacional.
“Queremos que se una más gente, más organizaciones”, dice Storani y explica que cuando se planifican políticas con un presupuesto específico que benefician a las mujeres (por ejemplo, de salud reproductiva) pero luego se desvían los fondos o no llega el dinero, ello impide nivelar las inequidades de género y se presta a actos de corrupción.
La idea, dice Storani, es que durante un año mujeres en todo el territorio argentino realicen los pedidos de información pública y a partir de ello se exija una ley nacional que reconozca el derecho y se promueva modificaciones a leyes y ordenanzas locales ya existentes para que funcionen mejor.
En la actualidad, sólo se cuenta con un decreto nacional que reconoce este derecho incluido en la Constitución Nacional. En Córdoba hay un a ley provincial pero pocos conocen el derecho y muchos menos lo hacen valer.

Correo electrónico: centronosotrasargentina@rednosotrasenelmundo.org
En las páginas www.rednosotrasenelmundo.org y www.mujeranticorrupcion.org.ar

Fuente: La Voz del Interior

Adepa denunció a políticos que dificultan el acceso a la información pública

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA), cuya 45 Asamblea anual se está realizando en Mendoza, señaló que en la Argentina subsisten condicionamientos a la libertad de prensa provenientes de los poderes públicos y además "estilos de gestión cerrados" que tienen "dificultades para comprender que la información pública es un derecho de la ciudadanía".
Además, ADEPA advirtió que algunos gobiernos de la región adoptan la confrontación con la prensa como estrategia y planteó que el periodismo analiza la gestión de gobierno, pone de relieve los actos sospechados de corrupción y señalas los abusos de poder, "sin aceptar interferencias gubernamentales.
En su Informe Anual sobre Libertad de Prensa, ADEPA también denunció que desde el Estado se reiteraron "descalificaciones" a periodistas y "hostigamientos" a medios por su línea editorial, volvió a insistir sobre el uso discrecional de los recursos públicos que, en algunos casos, sirvieron para "castigar la discrepancia y premiar la afinidad" y recordó, como ejemplo, un último pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el Diario "Río Negro".
En la 45 Asamblea que se realiza en nuestra provincia, la entidad que nuclea a los editores dio a conocer su opinión al respecto y a modo de balance anual, a través del titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Gamond.

Este es el texto completo de las conclusiones:
"ADEPA considera que, como sucede desde la restauración democrática de 1983, merced a la custodia de la sociedad y fundamentada en la Constitución, la libertad de prensa está vigente en el país. Sin embargo, subsisten condicionamientos derivados de quienes desde los poderes públicos insisten en desconocer su función institucional. "No podemos dejar de señalar que el contexto en el que se desarrolla el trabajo de la prensa -a nivel nacional, provincial y local- tampoco resulta ajeno al proceso de deterioro institucional y cultural que la sociedad argentina viene sufriendo desde hace largos años.
"Como otras instituciones del país que enfrentan desafíos para resguardar el lugar que el orden republicano les otorga, la prensa ha seguido padeciendo dificultades y tensiones que en muchos casos exceden el normal desenvolvimiento del sistema de frenos y contrapesos de toda democracia.
"No sólo ha subsistido la falta de un diálogo institucional maduro y transparente entre gobernantes y medios periodísticos. También se mantuvieron vigentes estilos de gestión cerrados sobre sí mismos, con dificultades para comprender que la información pública es un derecho de la ciudadanía, respecto del cual la prensa constituye un intermediario crítico y necesario.
"Esto hace imprescindible la pronta sanción de la demorada ley de acceso a la información pública en aquellas jurisdicciones judiciales que no lo hayan promulgado, así como el dictado de normas que sustituyan la Ley de Radiodifusión vigente desde hace muchos años y ajena a los principios republicanos. "Desde distintas jurisdicciones del Estado se reiteraron descalificaciones a periodistas por el mero ejercicio de su tarea de investigación y hostigamientos a medios por su línea editorial. Al igual que el uso discrecional de recursos, utilizados no como herramienta racional de difusión de actos de gobierno, sino en determinados casos- para castigar la discrepancia y premiar la afinidad.
"Siguen pendientes, desde la crisis de 2001-2002, las respuestas oficiales a la situación de vulnerabilidad económica en la que se sumergió gran parte de la prensa nacional, sobre todo en el caso de las medianas y pequeñas publicaciones del interior del país. Los medios enfrentan hoy graves contingencias derivadas de los cambios macroeconómicos, impositivos y regulatorios que alteraron su ecuación financiera y que nunca fueron abordados, como en otros sectores de la vida nacional.
"Así mismo, vemos con preocupación la tendencia creciente a resolver conflictos puntuales o sectoriales mediante prácticas de impacto general que, al bloquear la libre circulación de personas, bienes o ideas, violentan la convivencia y los principios constitucionales.
"Valoramos como expresión positiva de uno de los poderes del Estado, la profundización del diálogo planteado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para generar una comunicación fluida con toda la sociedad a través de la prensa. Un claro ejemplo de republicanismo lo constituye el reciente pronunciamiento del Alto Tribunal (fallo Río Negro s/amparo) sobre los criterios de racionalidad y no discriminación que deben guiar la distribución de la publicidad oficial para no afectar la libertad de prensa.
"La prensa argentina ha ejercido, en su inmensa mayoría, su papel de manera cabal, contribuyendo a la más amplia y correcta información de la ciudadanía. Debe destacarse su aporte al esclarecimiento de casos de indudable trascendencia social y a la puesta en agenda de temas de fuerte incidencia pública.
"Así es que en nuestra condición de editores analizamos la gestión de gobierno, ponemos de relieve los actos sospechados de corrupción y señalamos los abusos de poder sin aceptar interferencias gubernamentales. "La libertad de prensa que ratificamos es la que se sustenta en la legalidad, en la equidad, en el ejercicio de la actividad periodística desde el vientre mismo de la democracia republicana, que nos supone asumiendo con responsabilidad el riesgo profesional y empresario. Además capacitándonos y alentando la formación profesional de nuestros colaboradores, incorporando tecnología, digitalizando nuestros productos y generando los recursos que nos hagan económicamente sustentables como garantía del cumplimiento de nuestra misión periodística.
"Sabemos bien que las tensiones y conflictos entre el poder y la prensa no son un fenómeno exclusivo de nuestro país. ADEPA lo ha señalado así en mayo pasado cuando advirtió sobre los riesgos que se percibían para la tarea periodística en el ámbito continental.
"Algunos gobiernos de la región adoptan la confrontación con la prensa como estrategia, usando tácticas diferentes como la ausencia de diálogo, la descalificación a medios o periodistas y, en situaciones más graves, la hostilidad abierta. Es quizás Venezuela el país donde se ha producido el avance más elocuente. Allí se retiró la licencia de la que RCTV era titular desde 1953, por difundir opiniones críticas sobre la actual gestión de gobierno. También es sombrío el panorama en Bolivia y Ecuador que parecen reproducir poco a poco la matriz autocrática de Cuba.
"Desde nuestro lugar, y frente al nuevo período institucional que se abre de cara a un cuarto de siglo ininterrumpido de democracia, ADEPA alienta la esperanza de que se inicie una etapa de diálogo, con vistas a la reafirmación institucional del país. "Una etapa donde todas las instituciones, entre ellas la prensa, encuentren el ambiente propicio para su fortalecimiento al servicio de la República".

Fuente: DyN

Nuevo reclamo por la Ley de Acceso a la Información Pública

En el Día Mundial del Derecho a Saber
El Día del Derecho a Saber se conmemora el 28 de septiembre en todo el mundo. La fecha fue consagrada en un encuentro internacional de organizaciones que promueven el acceso a la información pública, realizado en Bulgaria en 2002, donde se creó además la Red de Defensores del Acceso a la Información.
Desde la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, reafirmamos en este 28 de septiembre nuestro reclamo a las autoridades santafesinas para que se promulgue una ley de acceso a la información pública de los tres poderes del Estado. Desde hace años venimos impulsando junto a una red de organizaciones, nacionales y provinciales, del ámbito gremial, social, comunitario, estudiantil, académico y de derechos humanos, la sanción de una norma que garantice el derecho de todos y todas a acceder a los datos que obran en poder del Estado, ya que la información pública no es un bien que pertenezca a los gobiernos ni a un sector determinado sino a toda la sociedad. Además, y fundamentalmente, ejercitar el derecho a saber asegura el funcionamiento, la profundización y el fortalecimiento de la democracia.
En ese sentido, y en el marco de la campaña “Queremos saber”, en agosto pasado presentamos un video en el que los candidatos a gobernador manifestaron su compromiso público con una ley de acceso. Entre ellos se encontraba quien resultó electo como mandatario, Hermes Binner, quien incluso a poco de las elecciones volvió a pronunciarse a favor de promover la norma. Sin embargo, el 14 de septiembre los senadores justicialistas incumplieron una vez más la deuda que mantienen con todos los santafesinos. Se trata de los mismos legisladores que en su momento contradijeron el espíritu del mensaje del Ejecutivo al incluir la cláusula restrictiva del interés legítimo.
Es por eso que bregamos porque la Legislatura haga posible finalmente este anhelo de cientos de organizaciones del más amplio espectro que reclaman la democratización y la transparencia de la gestión pública.
Desde la Comisión continuaremos insistiendo como desde hace años lo hacemos para que el ejercicio de este derecho sea una realidad y no una invocación abstracta. En ese sentido convocamos a todos los santafesinos a sumarse a la campaña de acción ciudadana “Queremos saber”. En el sitio de Internet http://informacionya.blogspot.com/ podrán encontrar información acerca de las acciones encaradas por el Sindicato de Prensa Rosario en la búsqueda de consensos que conlleven a la sanción de una ley de acceso a la información pública. Además, novedades del país y del mundo relacionadas con el tema.

Rosario, 28 de septiembre de 2007

Comisión en defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico
Sindicato de Prensa Rosario

"Poca gente sabe que tiene derecho a pedir información al Estado"

El acceso a la información es una herramienta importantísima para poder ejercer otros derechos, como la salud, la educación, la seguridad".
Si bien en Córdoba hay, desde 1999, una ley que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública en los organismos provinciales y municipales y de que, a nivel nacional existe desde 2003 un decreto que posibilita solicitar datos a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, aún no son muchos los ciudadanos que tienen conocimiento de esta herramienta. Y eso ocurre aunque se trate de un arma tan ignorada como relevante para impulsar una mayor transparencia de los actos de gobierno y también para hacer posible, no sólo la participación ciudadana, sino también el ejercicio de numerosos derechos, como la salud o la educación.
Con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial del Acceso a la Información, La Voz del Interior dialogó con la abogada María Julia Giorgelli, responsable de esa área en la Asociación de Derechos Civiles (ADC), una de las principales organizaciones no gubernamentales que desde 2003 trabaja en el tema a nivel nacional.

–¿Cuál es la importancia del acceso a la información para el ciudadano común? ¿Para qué le sirve en concreto?
–Básicamente consiste en el derecho de pedir información que está en manos del Estado, en principio con dos fines. Por una parte, con un objetivo de transparencia y anticorrupción, orientado hacia un control de las cuentas y la cosa pública, como posibilidad de participar en los asuntos públicos. Pero sobre todo, también tiene un carácter instrumental, ya que es una herramienta para ejercer otros derechos constitucionales. Y ése es el rasgo que más nos interesa en ADC.

–¿Qué ejemplos se pueden dar sobre este aspecto instrumental del derecho?
–A la gente le sirve todo el tiempo y, por eso, debería usarlo con más frecuencia. Por ejemplo, en Buenos Aires, se puede preguntar sobre la contaminación del Riachuelo, para saber cuál es el plan de saneamiento que le corresponde definir al Gobierno, y que impacta en el derecho a la salud y de tener un mejor medio ambiente. También se puede preguntar si se puede obtener sin costo un medicamento o un tratamiento; cuáles son los requisitos para acceder a un plan social; en transporte, si se van a reemplazar unidades de transporte público en mal estado, y muchísimas cosas más. O sea que esto permite a gente de distintos sectores sociales y con diferentes necesidades, acceder a un reclamo o a un mejor ejercicio de sus derechos.

–O sea que salud, educación, ambiente, seguridad, serían algunas áreas clave.
–Sí, y también vivienda, derechos del consumidor, derechos políticos, acceso a servicios públicos.
–¿Qué nivel de conocimiento tiene la población sobre la existencia de este derecho?
–No mucho. En nuestra experiencia realmente es muy poca la gente que sabe que tiene el derecho de pedir información al Estado, y de que éste le conteste. Y creo que esto se enmarca en una crisis más general de credibilidad y poca participación en la cosa pública por parte de los ciudadanos, que están bastante escépticos.

–A criterio de ADC ¿cómo incide en esto la poca o nula difusión que se hizo en el país desde el Estado de la existencia de esta herramienta, a diferencia de lo que se hizo en otros países, como Gran Bretaña, donde no sólo se instruyó a los funcionarios para dar información, sino también a los ciudadanos sobre cómo pedirla?
–Creo que acá no se trata sólo del desconocimiento de la existencia de este derecho, sino también que se vincula con una cuestión de carácter cultural, que se da tanto desde el Estado como de la ciudadanía, que es lo que se suele llamar la cultura del secretismo. Esto implica, por un lado, que los funcionarios se ven sorprendidos por la obligación de dar la información, y , también, con que los ciudadanos ignoran que la pueden pedir.
Pero también es verdad que el rol del Estado ha sido bastante pobre. No digo nulo, porque la situación no es igual en todas las provincias. Y, por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo nacional ha habido algún avance, con la existencia del decreto y de la creación de una red de enlaces para responder a los pedidos de información. Pero no es suficiente, porque no hay campañas de instrucción hacia la ciudadanía, ni tampoco hacia el interior del propio Estado. Y aunque se trate de escenarios complejos, es clave potenciar las acciones de implementación de este derecho.

–¿Es suficiente que a nivel nacional exista sólo un decreto y no una ley, como se venía reclamando?
–Aunque es importante que esté el decreto, no es suficiente, porque tiene limitaciones. Por eso durante mucho tiempo trabajamos por la sanción de una ley nacional. Hoy por ejemplo es complicado pedir datos al Poder Judicial o Legislativo, porque el decreto es para el Poder Ejecutivo. Y eso deja mucho margen de discrecionalidad al funcionario que recibe el pedido, y hace que, en definitiva, el derecho no esté totalmente garantizado. Además del tema de que un decreto puede ser modificado por otro presidente, y de que no implica un consenso de la ciudadanía, como sí sucede con la ley.

Para ejercer el derecho ciudadano
Normativa en Córdoba. En la provincia existe la ley N° 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. Por su intermedio, toda persona tiene derecho a recibir información completa, oportuna y veraz de todo órgano de la administración pública provincial, municipal y comunal, así como de entes autárquicos y sociedades del Estado.
La solicitud es gratuita y no se puede exigir al solicitante que exprese el motivo de su requisitoria. El pedido debe hacerse por escrito, y la respuesta debe darse en 10 días hábiles.

Normativa nacional. En el país se cuenta con el decreto presidencial N° 1172/03, que regula el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Es más limitado que una ley y no rige para el Poder Judicial ni para el Poder Legislativo nacional. Obliga a brindar información a todos los organismos del PEN, entidades que funcionen bajo su órbita y a las organizaciones que reciben subsidios del PEN. Tampoco requiere expresar el motivo del pedido, sino sólo identificarse y detallar la información que se requiere.

En otras provincias. En el país ya son 11 las provincias que cuentan con leyes o decretos. Son Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego.

Fuente: La Voz del Interior

Neuquén: La Justicia le ordenó al Ministerio de Acción Social que brinde información

El ministerio de María Oscos había respondido en forma parcial a un pedido de la Defensoría del Niño sobre el programa de familias sustitutas.
La Justicia provincial le ordenó a las autoridades del ministerio de Acción Social que entreguen la información completa sobre el programa de familias sustitutas que funcionaba bajo su órbita, la cual le había sido solicitada por la Defensoría del Niño a mediados de año, pero que los funcionarios de la cartera sólo suministraron en forma parcial.
La resolución la emitió la sala II de la Cámara Civil integrada por Federico Gigena Basombrío y Luis Silva Zambrano el pasado jueves, y se suma a la lista de fallos de similar contenido contra organismos estatales que se negaron a brindar información pública de diverso tipo.
Ambos magistrados confirmaron la sentencia de primera instancia que había emitido el último 20 de junio la jueza Isabel Kohon, titular del juzgado de Familia 2, la cual el gobierno decidió apelar al resultarle adversa.
La disputa judicial surgió en abril luego de que las titulares de la Defensoría del Niño y el Adolescente, Nara Osés, Edith Galarza, Mónica Amiconi y Lidia Romano, presentaron un amparo para obtener información detallada sobre el programa de familias sustitutas, al que deben supervisar.
Antes del amparo, las autoridades del ministerio de Acción Social sólo entregaron información parcial.
Entre las omisiones, figuró la nómina de profesionales que hacen el seguimiento de las familias, la periodicidad de las visitas de seguimiento social y de las entrevistas psicológicas en cada situación, la modalidad de coordinación de las tareas de selección de familias, de seguimiento y de tratamiento; los años de ejercicio de cada profesional, así como su capacitación en esta problemática, y el número de familias asignadas a cada uno.
Las defensoras formularon el pedido como consecuencia de dos hechos graves: una adolescente que estaba con una familia sustituta mantuvo encuentros con su progenitor en los que fue abusada; y un chico que también estaba con una familia sustituta, fue encontrado ahorcado.
La jueza Kohon fue categórica respecto al accionar de ministerio a cargo de María Oscos: "La negativa de la provincia a brindar la totalidad de la información contradice la publicidad de los actos de gobierno, principio inherente al sistema republicano, adoptado por la Constitución de la provincia", afirmó.
Además remarcó que "el derecho a la información es primordial en toda sociedad democrática ya que a través de mismo se hacen exigibles otros derechos", y señaló que "...nos encontramos ante una omisión arbitraria y lógicamente lesiva por parte de la autoridad pública".
Con esos argumentos, sostuvo que "la omisión en que ha incurrido la demandada deviene inconstitucional".
En la apelación el gobierno había negado "que el Estado incurra en omisión arbitraria e ilegítima" y que se "vulneren derechos constitucionales".
Fuente: Diario Río Negro

Los ciudadanos gozan del derecho de acceder a la información pública, pero el Estado lo limita

El director del Área de Participación Ciudadana de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nàpoli, convocó a la sociedad a participar más de las problemáticas naturales y ejercer el derecho de acceder a la Información Pública. “Es importante lograr que el Estado y los funcionarios públicos, tomen conciencia que los ciudadanos gozan de leyes, decretos y normativas vigentes y, de esta manera, vayan dejando atrás la cultura del secreto que ha imperado durante décadas en la función pública”, sostuvo.

El abogado Andrés Nápoli, especialista en Derecho Ambiental, realizó la semana pasada una ronda de conferencias en distintas localidades de Corrientes, oportunidad en la que disertó sobre "Información Pública, antecedentes y mecanismos", en respuesta a una invitación del Programa de Educación Ambiental de la organización “Conservation Land Trust”.

En diálogo con ArgentinaForestal.com el profesional respondió una entrevista en la que recalcó a la sociedad que “hay que lograr que el Estado y los funcionarios públicos, tomen conciencia que los ciudadanos gozan del derecho de acceder a la información pública y vayan dejando atrás la cultura del secreto que ha imperado durante décadas en la función pública”.

Por otra parte, convocó a una mayor participación ciudadana en los temas ambientales. “Esto se presenta como un elemento central en el discurso y las preocupaciones por el ambiente y el desarrollo. Numerosos acuerdos internacionales, declaraciones, planes de acción han subrayado la importancia y necesidad de avanzar hacia el desarrollo sustentable a través de una mayor participación ciudadana”, explicó.

Para avanzar en esto, consideró que el acceso a la información es un requisito “indispensable” para que los ciudadanos puedan participar de todos los procesos de toma de decisiones. “No se puede participar, por lo menos de manera adecuada, si no se cuenta con información”, recalcó.

AF:¿Qué pasa con la información pública en Argentina en relación a los temas ambientales?

AN: En lo que hace a información ambiental, en Argentina existen dos normas fundamentales que consagran este derecho. En primer lugar, la Ley nº 25.675 (Ley General del Ambiente), establece los principios básicos que rigen el acceso a información de carácter ambiental, al tiempo que impone al Estado una serie de obligaciones relacionadas con la producción y difusión de la información pública.
Por otra parte, en el año 2004 se sancionó la Ley nº 25.831, de Acceso a la Información Pública Ambiental, que regula todos los requisitos para que cualquier persona pueda solicitar información relacionada con la temática ambiental que posea el Estado. Dicha norma tiene la particularidad de aplicarse de manera directa tanto a nivel nacional, como así también en las provincias y en los municipios, en virtud de ser una norma de presupuestos mínimos, y que surge de conformidad con lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Asimismo, en el ámbito de la administración pública nacional rige el Dto. 1172/03.
Sin embargo y más allá de la sanción de dicha norma, lo importante es lograr que el Estado y los funcionarios públicos, tomen conciencia que los ciudadanos gozan derecho de acceder a la información pública y vayan dejando atrás la cultura del secreto que ha imperado durante décadas en la función pública.

AF:¿Cuál es el derecho del ciudadano a exigir al Estado esta información?

AN: Los ciudadanos, en virtud de las normas que regulan este derecho, pueden solicitar al Estado toda la información que obre en su poder y que se encuentre en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el Estado, (en cualquiera de sus formas), o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público.
La posibilidad de acceder a la información que posee el Estado sobre cuestiones ambientales es fundamental para la protección del derecho al ambiente que garantiza la Constitución Nacional. Recordemos que la Ley Fundamental reconoce a todos las personas el derecho a gozar de un ambiente sano y les otorga además la obligación de preservarlo.
Por otra parte, la información es además un requisito indispensable para que los ciudadanos puedan participar de todos los procesos de toma de decisiones. No se puede participar, por lo menos de manera adecuada, si no se cuenta con información.

AF:¿Por qué hay que sensibilizar a la sociedad a interesarse y participar más activamente en temas ambientales?

AN: La participación pública, se presenta como un elemento central en el discurso y las preocupaciones por el ambiente y el desarrollo. Numerosos acuerdos internacionales, declaraciones, planes de acción han subrayado la importancia y necesidad de avanzar hacia el desarrollo sustentable a través de una mayor participación ciudadana. Así, se puede mencionar la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992), suscripta por más de cien jefes de Estado y de Gobierno, la cual en su Principio 10 establece que “... el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda ...”.
El fenómeno de la participación pública, sin embargo, no es exclusivo de la temática ambiental. En numerosas áreas o cuestiones de la vida social, como por ejemplo derechos humanos, derechos de los consumidores, etc., la participación de la ciudadanía ha sido un factor central para el avance de estos temas en el ámbito de la opinión pública y la agenda política. En todo caso, la importancia y la atención que genera la participación pública en la temática ambiental es una manifestación más de la centralidad que ha adquirido la sociedad civil en la vida democrática moderna.

AF: ¿Cuál es el derecho de un proyecto ambiental privado a resistirse a brindar información? ¿Es decir, cuando la sociedad le puede exigir al Estado información de proyecto privado que impacta en el ambiente? ¿Hay un límite en esto?

AN: El principio general que se ha desarrollado en las diversas legislaciones del mundo que rigen la temática y que también ha tomado la Ley nº 25.831 y el Dto. 1172/03, es que toda la información producida por el Estado es pública, por ende accesible. Ahora bien, existen una serie de supuestos de excepción, en los cuales el Estado se encuentra habilitado para no brindar la información. Los mismos se encuentran establecidos por el Art. 7º de la Ley nº 25.831. Son los que hacen a la defensa nacional, seguridad interior las relaciones internacionales, el secreto comercial o industrial, la propiedad intelectual, la confidencialidad de datos personales o la información clasificada como secreta o confidencial por Ley o Decreto.

AF:¿Y cuál es la responsabilidad de un inversor ambiental de brindar información a la comunidad?

AN: La responsabilidad de un privado de brindar información sobre las actividades que realiza, que por sus características pudiera ocasionar un impacto negativo al ambiente es similar a la del Estado, a quien debe proporcionarle toda la información a la que se encuentre obligado, en virtud de la normas, lo cual ocurre por ejemplo con aquellas empresas que deben inscribirse en registros especiales, por caso el de operadores de residuos peligrosos.
Por otra parte, el Art. 16 de la Ley Nº 25.675 impone a todas las personas que realicen actividades riesgosas para el ambiente la obligación de informar sobre las mismas.

AF: ¿Cuáles son los “antecedentes y mecanismos” más relevantes sobre la Información Pública y que la sociedad debiera ejercer?

AN: En la mayor parte de las conferencias que brindo intento dar a conocer este derecho y los mecanismos para su ejercicio. Tengamos en cuenta que se trata de un derecho sumamente novedoso y que su ejercicio requerirá sin duda de una gran tarea de difusión, cuestión en la que el Estado tiene una tarea fundamental, tal como sucede en México, en donde es el gobierno ha desarrollado una fuerte campaña de difusión pública, tendiente a dar a conocer la existencia de este derecho para que todas las personas puedan ejercerlo.
Asimismo, también destaco que los pedidos de información cuentan con un procedimiento informal, vale decir que si bien deben ser presentados por escrito, no conllevan costos alguno, ni requieren de asistencia letrada (vale decir no hace falta contratar a abogados) y sólo hay que preocuparse por formular preguntas de manera clara y precisa, para que puedan ser respondidas de igual forma.

AF: ¿Por qué considera Ud. que la práctica habitual del Estado es restringir o limitar la información ambiental, cuando se trata de un derecho?

AN: Porque la información es poder y quien tiene el poder rara vez está dispuesto a compartirlo.
Esto ha sido la consecuencia de la ausencia de práctica democrática en nuestra sociedad y de las instituciones, que ha impuesto modelos en los cuales los funcionarios se creen con derecho a estar por encima de la sociedad, cuando es exactamente al revés.
Este tipo de herramientas tiende a fortalecer a la democracia y a achicar la brecha entre gobernantes y gobernados, algo que resulta indispensable en momentos en los cuales existe tanto escepticismo en la sociedad respecto de la función de muchos de aquellos que hoy cumplen, de manera circunstancial, funciones de gobierno.

Fuente: Revista ArgentinaForestal.com

Inacceso a la información pública

Los organismos del Poder Ejecutivo no cumplen, o lo hacen parcialmente, con el decreto que les ordena dar a publicidad todas las audiencias de gestión que sus integrantes mantienen. Así lo revela un informe de la ONG Poder Ciudadano que monitoreó 13 dependencias, entre Ministerios y Secretarías nacionales, durante los pirmeros seis meses del 2007.
Difundido a través de la agencia de noticias Infocívica, el informe da cuenta de que, por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia publicó sólo cinco audiencias; la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), cuatro; la Secretaría Legal y Técnica, dos; y la Casa Militar y la Secretaría de Cultura no registraron ninguna audiencia.
En relación a los ministerios, los de Interior y Economía no hicieron uso del registro para informar sus audiencias sino que las publicaron en sus páginas de internet.
Otra de las conclusiones del trabajo fue que en dos ministerios la cantidad de audiencias descendió notablemente en comparación con otros períodos. El Ministerio de Defensa registró 127 audiencias en el primer semestre de 2006, 64 en los segundos seis meses y 23 en la primera mitad de este año. La cartera de Desarrollo Social informó 118 audiencias de enero a junio de 2006, 34 en el segundo semestre y 14 en lo que va de este año.
Tampoco se registraron audiencias que fueron dadas a conocer públicamente por los medios de comunicación. Uno de los casos que revela el informe, que viene haciendo Poder Ciudadano todos los semestres desde el 2004, es el del Ministerio de Trabajo. La cartera sólo registro cinco audiencias cuando diarios nacionales informaron sobre otras tres reuniones vinculadas al conflicto docente en Santa Cruz. “Las temáticas que se trataron en estas reuniones claramente entran dentro de la categoría gestión de intereses que deberían ser de conocimiento público”, señala el informe.
El trabajo de la ONG se centra en la Publicidad de la Gestión de Intereses, uno de los aspectos regulados por el decreto 1172 del 2003 de acceso a la información pública firmado por el presidente Néstor Kirchner. A través de aquél se aprobaron una serie de reglamentos que permiten conocer datos con los que cuenta la administración central.
“Se entiende por Gestión de Intereses a los fines del presente, toda actividad desarrollada —en modalidad de audiencia— por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de terceros —con o sin fines de lucro— cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional”, señala el artículo 2 del reglamento para la publicidad de las audiencias.
Para la responsable de Área de Transparencia y Anticorrupción de Poder Ciudadano, Julieta Arias “la regulación de la gestión de intereses se relaciona íntimamente con el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública y la obligación por parte de los funcionarios de brindar información respecto de sus gestiones” y resaltó que “un cumplimiento efectivo de la norma en cuestión implicaría a priori, una mayor transparencia y menor discrecionalidad en el ejercicio de la función pública”.
En el informe la ONG también concluye que la gestión de los intereses públicos requiere una ley y no un decreto. “Depende exclusivamente de la voluntad de los funcionarios de abrir a la ciudadanía la información acerca de aquellas reuniones particulares que han tenido por objeto incidir en su gestión”, advierte el trabajo. Y agrega: “En este sentido, la discrecionalidad de los funcionarios puede constituir un fuerte obstáculo para el libre ejercicio del acceso a la información”.

Fuente: Diario Judicial

Poder Ciudadano continúa detectando falencias en el derecho al acceso a la información pública

La conclusión surge de un relevamiento que realizó la ONG entre enero y junio respecto de si los organismos públicos cumplen con la "Publicidad de la Gestión de Intereses". Los resultados revelan que, en general, se publican muy pocas audiencias en el registro creado para este fin; incluso algunos organismos no publicaron ninguna. También se detectaron reuniones publicadas por medios de alcance nacional, pero que no fueron dadas a conocer en el Registro Único de audiencias, como exige la norma.
El acceso a la información pública es un derecho constitucional de todo ciudadano. Sin embargo, y pese a que la Argentina existe desde 2003 un decreto que lo reglamenta, sigue siendo una deuda pendiente del Estado para con la sociedad. Al menos, así lo revela el último monitoreo que realizó la Fundación Poder Ciudadano, entre enero y junio de este año, sobre uno de los componentes del decreto 1172/03: la Publicidad de la Gestión de Intereses.
Se trata de un relevamiento que realiza semestralmente la ONG desde 2004, que busca detectar si, efectivamente, se cumple una de las garantías que ofrece la normativa (llamada "Mejora de la calidad de la Democracia y sus Instituciones"): la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda conocer los encuentros que mantienen los funcionarios públicos con personas que representan un interés determinado. En síntesis, la pregunta a responder con este monitoreo es: ¿Se cumple la publicidad de la Gestión de Intereses?
Los resultados fueron más que elocuentes: Todavía hay organismos nacionales que tienen una escasa publicación de estos encuentros. Algunos, incluso, no publicaron ni uno sólo en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses, creado por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, y que se encuentra disponible en la página web http://www.blogger.com/www.mejordemocracia.gov.ar. Por si esto fuera poco, dos de los ministerios nacionales no publicaron sus audiencias en este registro, y sólo las dieron a conocer a través de sus páginas web institucionales. Esta situación dificulta el acceso a la información por parte de la ciudadanía interesada.
Para ejemplificar, se toman algunos casos: la Secretaría General publicó en el registro sólo cinco audiencias correspondientes al período enero-junio; la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), cuatro; y la Secretaría Legal y Técnica, dos. En tanto, la Casa Militar y la Secretaría de Cultura no han registrado ninguna audiencia en el período monitoreado. Y los ministerios del Interior y de Economía no utilizaron el registro de audiencias para hacer las publicaciones de estos actos, aunque sí los registraron en sus páginas webs.
¿El resultado más llamativo?: El Ministerio de Trabajo registró sólo cinco audiencias. Esto contrasta con el monitoreo de notas publicadas en los diarios La Nación y Clarín, que reveló que, por estos medios, se mencionaron (como parte de coberturas periodísticas) al menos tres audiencias que no aparecen en el Registro Único de Audiencias de Gestión.
En efecto, según La Nación y Clarín, el titular de la cartera de Trabajo, Carlos Tomada, mantuvo reuniones el 2 y 3 de mayo último con la conducción de la Asociación de Docentes de Santa Cruz. El 16 del mismo mes, y en el marco del conflicto docente desatado en Santa Cruz, el Ministro se reunió con los representantes gremiales Mónica Galván y Pedro Muñoz, la Secretaria de Educación Provincial, Silvia Esteban y el titular de la cartera de Economía de Santa Cruz, Juan Bontempo. Sin embargo, el Registro Único de Audiencia de Intereses publica una sola audiencia del titular de la cartera de Trabajo durante mayo, fechada el 24, que se realizó con el Presidente de la Fundación Pro Tejer. El último caso se habría dado en junio, en el que, según el diario La Nación, Tomada mantuvo una reunión con el abogado de la CGT, Héctor Recalde, y los gremialistas Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Omar Suárez (Marítimos) y Leonardo Favre (Apops). Según el registro de audiencia, el titular de la cartera de Trabajo no ha sostenido audiencias de gestión de intereses en el mes de Junio. Las temáticas que se trataron en estas reuniones claramente entran dentro de la categoría “gestión de intereses” que deberían ser de conocimiento público.
Las sorpresas no terminan allí. Hay organismos públicos que, incluso, han disminuido sustancialmente el número de audiencias publicadas durante los últimos tres semestres monitoreados por Poder Ciudadano. Es el caso de los ministerios de Defensa y de Desarrollo Social. El primero, por ejemplo, publicó 127 audiencias durante el primer semestre de 2006, un número que descendió a 64 en el segundo semestre de ese año, y a 23 en la primera mitad de 2007. Desarrollo Social, en tanto, arrancó en 2006 con 118 publicaciones, terminó ese año con 34, y durante el primer semestre de este año sólo registró 14 audiencias.
Es importante destacar que la existencia de gran cantidad de audiencias publicadas no significa a priori un cumplimiento acabado de la normativa en cuestión. Sin embargo, es llamativa la diferencia cuantitativa en una misma cartera, en similar cantidad de tiempo.
“La regulación de la gestión de intereses se relaciona íntimamente con el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública y la obligación por parte de los funcionarios de brindar información respecto de sus gestiones. Un cumplimiento efectivo de la norma en cuestión implicaría a priori, una mayor transparencia y menor discrecionalidad en el ejercicio de la función pública”, destacó la Responsable de Área de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación Poder Ciudadano.
Manuel Calvagno, investigador y miembro del equipo que elaboró el informe, explica: “El Decreto 1172/03 ha sido un gran avance en materia de acceso a la información. Sin embargo, requiere de un cumplimiento responsable del mismo por parte de los funcionarios alcanzados por la norma. Y de una ciudadanía activa dispuesta a controlar ese cumplimiento”.
Las conclusiones del monitoreo señalan la necesidad de que la regulación de la gestión de intereses se realice a través de una ley y no sólo por medio de un decreto . Por otro lado, resalta el hecho de que, pese a la existencia de la norma regulatoria, ésta no garantiza un efectivo cumplimiento por parte de los funcionarios sujetos a ella (el monitoreo alcanza a 13 dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, la mayoría de las cuales presenta un alto grado de exposición a la gestión de intereses por parte de diversos sectores). “Depende exclusivamente de la voluntad de los funcionarios de abrir a la ciudadanía la información acerca de aquellas reuniones particulares que han tenido por objeto incidir en su gestión”, señala el informe. Y agrega: “En este sentido, la discrecionalidad de los funcionarios puede constituir un fuerte obstáculo para el libre ejercicio del acceso a la información”.

Para acceder al informe completo, haga click acá.

Advierten sobre “limitantes” al acceso a la información ambiental

Andrés Nápoli, director del Área de Participación Ciudadana Fundación Ambiente y Recursos Naturales destacó el acceso a la información pública como una herramienta fundamental para la vigencia del derecho al medio ambiente. Instó a la comunidad a interesarse y al estado a agilizar la accesibilidad a la información. “Acarreamos todavía la misma carencia de 1810: el pueblo aún quiere saber de qué se trata” dijo en relación a las dificultades del acceso a información ambiental.
Esta charla estuvo organizada por la CLT (Conservation Land Trust), la cuestionada entidad fundada por Douglas Tompkins. La intención de la conferencia fue “estimular acciones con la gente, con la comunidad para accionar a favor del medio ambiente”. Nápoli insistió en la urgencia de la capacitación de los potenciales usuarios de la información pública, especialmente información ambiental.
“Acarreamos todavía la misma carencia de 1810: el pueblo aún quiere saber de qué se trata”. La comunidad quiere saber qué hacen sus gobernantes. Qué hacen con sus fondos, recursos, créditos. Qué hacen, en este caso, con su medio ambiente.
“La información acerca de la administración del ambiente se torna especialmente significativa a partir de la reforma constitucional. La información es un derecho y una herramienta” afirmó el disertante.
Cuestionó la poca operatividad de organismos estatales en el suministro de la información. “Cada vez que el Estado no brinda la información se recurre a la Justicia”. Implica duplicación de funciones, dilación e incremento de costos.
Toda la información que produce el estado para la toma de decisiones administrativas es pública. El acceso a ella es un derecho humano de tercera generación y de ejercicio colectivo, “como un condominio, todos somos propietarios de esta información, todos tenemos derecho a solicitarla sin justificar la solicitud.”
Para el expositor la información es, perfectamente equivalente a poder. Por eso nadie quiere compartirla, a nadie le interesa democratizar la información. “El estado, si contesta la solicitud, asume su responsabilidad, por eso no se quiere contestar.
Además enfatizó que esta información está muchas veces vedada, a pesar de su “libre acceso” jurídico. Vedada para los analfabetos, vedada para quienes, como los aborígenes, no hablan la misma lengua y vedada, incluso, para quienes ignoran su derecho a solicitarla o las maneras en que este derecho puede ejercerse.
El artículo 50 de la constitución correntina obliga al estado a compartir la información existente en materia ambiental y habilita al ciudadano a participar en la toma de decisiones a ese respecto, aunque no obliga al estado a producir nueva información, salvo que surja de otras normas o del ejercicio de sus funciones.
En este tenor la obligación se hace extensiva también a los titulares de las empresas que brindan servicios públicos haciéndolos pasibles de acción penal.

Compromiso de las autoridades electas por el acceso a la información

El gobernador electo de la provincia Hermes Binner y la vicegobernadora electa Griselda Tessio expresaron su respaldo a la implementación de mecanismos que garanticen el acceso a la información pública. En el mismo sentido se manifestó el intendente electo de Santa Fe Mario Barletta.
El Foro de la Comunicación Santafesino (FOCOS), junto al Sindicato de Prensa de Rosario y más de cien organizaciones de la sociedad santafesina, viene reclamando la sanción de una ley de acceso a la información existente en manos de los distintos poderes del Estado. La necesidad de esta norma fue reiterada a través de distintos actos y manifestaciones en los últimos años. Recientemente, en el marco de la campaña “Queremos saber”, la mayoría de los candidatos a la gobernación de Santa Fe manifestaron su compromiso para el reconocimiento de este derecho.
Por ello, resulta auspicioso, que entre los primeros anuncios de su futura gestión el gobernador electo de la provincia, Hermes Binner, haya reiterado su decisión de garantizar a todos los santafesinos el libre acceso a la información pública en manos del Estado. En un sentido similar se manifestó la vicegobernadora electa Griselda Tessio, para quien es indispensable la implementación de mecanismos específicos que aseguren el ejercicio de este derecho, como garantía de un gobierno de ética y transparencia.
Por su parte, el intendente electo de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta afirmó en declaraciones televisivas su decisión de “elevar el proyecto a días de asumir en la municipalidad, que genere el acceso a la información pública, similar al que ha sido discutido en el orden provincial “. Para el electo funcionario es necesario “que la ciudadanía sepa toda la información que tiene que ver con el destino de los fondos públicos”.
Cabe recordar, que en el año 2005, el Foro de la Comunicación Santafesino (FOCOS) presentó en el Concejo Municipal de Santa Fe, un proyecto de ordenanza de Acceso a la Información Pública, que solo recibió respaldo de la Comisión de Cultura del cuerpo, para luego quedar paralizado por decisión de la bancada justicialista.
Frente a esta nueva oportunidad que se presenta para la sociedad santafesina, los trabajadores de prensa esperamos que las autoridades recientemente electas honren su palabra y comiencen a remover de la provincia la cultura del secreto y el oscurantismo. El acceso a la información pública es un derecho que excede el reclamo puntual de los trabajadores de prensa y su vigencia permitiría avanzar en la profundización de la democracia, aportará transparencia a los actos de gobierno y promovería la participación ciudadana.

Los candidatos y la información pública

El Foro de Comunicación Santafesino y el Sindicato de Prensa Rosario organizan un encuentro donde se conocerá la postura de los aspirantes a la gobernación de Santa Fe sobre la ley de Acceso a la Información pública en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial.
El Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) y el Sindicato de Prensa Rosario invitan a todas las organizaciones de la sociedad y al público en general a participar el próximo miércoles 29 de agosto, a las 19, del encuentro donde se presentara el video que contiene la postura de los candidatos a gobernador de la provincia en relación con el derecho de acceso a la información pública.
Esta convocatoria es la continuación de un encuentro similar realizado en la ciudad de Rosario donde varios candidatos rubricaron su compromiso público para impulsar esta ley y lograr que en la provincia se termine con la cultura del secreto y del oscurantismo.
Al finalizar se entregara a cada organización el Informe 2006-2007 de la Comisión de Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario.
El acto se llevara a cabo en el Centro Cultural ATE - Casa España, Rivadavia 2871, el próximo miércoles 29 de agosto a las 19. Esperamos contar con la presencia de todas las organizaciones interesadas en el fortalecimiento y profundización de la democracia en la provincia de Santa Fe.

El derecho a la información en la agenda del ombudsman

Javier Darío Restrepo *
Aunque con distintos nombres, los reclamos de los lectores se repitieron cuando pasé de ser Defensor del Lector del diario El Tiempo, en Bogotá, al periódico El Colombiano de Medellín. En uno y en otro caso la queja vehemente tenía que ver con la información política.
¿Cómo es posible que en mi periódico liberal, del que he sido suscriptor desde mi juventud -decía por el teléfono un hombre aparentemente de edad avanzada-, cómo es posible que ahora aparezca con la fotografía a todo color de un candidato conservador en la primera página? Eran los primeros meses de mi ejercicio como defensor y coincidían con lo más intenso de una campaña electoral. Después las cartas de los lectores tomaron otra dirección: la del debate entre los seguidores políticos de Juan Manuel Santos, miembro de la familia Santos, propietaria del periódico, y los que rechazaban al joven político: los primeros creían que el periódico no lo trataba con equidad y que lo había silenciado; los otros consideraban excesivos los espacios de información sobre su actividad política.
Al llegar a El Colombiano las cartas al defensor denunciaban una parcialidad del diario a favor de los políticos amigos de la casa Gómez Martínez, copropietarios, mientras otros, los menos, defendían la posición editorial y la seriedad imparcial de sus informaciones.
La sola presencia de un defensor en un periódico parece convocar a los lectores para ejercer el derecho a exigir la información de su interés y a que ésta tenga prioridad sobre los intereses de los dueños o directores del medio. Oscuramente entienden que formulan un reclamo justo; que en las informaciones políticas se deben respetar reglas de juego basadas en la equidad; que, como lectores, merecen respeto para sus opiniones políticas; que el hecho de ser suscriptores les da una calidad parecida a la de los accionistas para sentirse como “de la casa” y, por tanto, a ser tenidos en cuenta. El defensor, sin embargo, tendría que ser más ambicioso y buscar algo más: activar la conciencia de un derecho al que esos lectores aún no denominan por su nombre: el derecho a la información.
La conciencia de ese derecho nace cuando se lo descubre, que es tanto como avanzar en el conocimiento de la naturaleza humana y en los fundamentos de su dignidad. El de la humanidad ha sido un largo proceso de descubrimiento de sí misma, en que los grandes hitos corresponden al hallazgo de sus derechos.
A los constituyentes de 1789 en París, les resultaba claro que el derecho a la libre expresión, retenido con mano de hierro por los reyes, buscado a precio de sangre por tantos defensores de ese derecho, ejercido clandestinamente entre las sombras de la subversión por los anónimos o seudónimos autores de las numerosas hojas con que se alimentaba el espíritu de la revolución, ese derecho, digo, debía proclamarse en aquella asamblea constituyente como una adquisición del ser humano. Era algo parecido, así lo sentían, a dar por completo y por fin acabado, el cuadro de la persona humana, hasta entonces mutilo. Hubo entonces euforia por el hallazgo y los ecos de la celebración por ese logro aún no terminan. Estallan, como cohetes de fiesta de acción retardada, cada vez que un periódico proclama ante gobiernos con acentos dictatoriales, o ante anunciantes que remedan dictadores, el derecho a expresarse sin las cortapisas del poder.
Pero aquellos denodados defensores de la libertad de expresión en 1789 aún no conocían el otro derecho, el derecho a la información. Es decir, su conocimiento de la naturaleza humana y de sus derechos, a pesar de sus heroicos avances, era incompleto. La misma limitación tuvieron los grandes defensores de la libertad de prensa, que llegaron a darle un valor absoluto y que concentraron en ella, como objetivo único, toda su capacidad defensiva.
Esto explica por qué durante siglos se tratara como un derecho de una sola vía y que tuviera un sobredesarrollo el derecho del que emite o del que informa, y que alrededor de él se tejiera una espesa malla de defensas legales y constitucionales y de una rica jurisprudencia, hasta que hombres, como el juez Byron White, dieron los pasos hacia un nuevo hallazgo.
La licitación pública para unas licencias de radio convocó en esa ocasión a un numeroso grupo de aspirantes entre los que sólo una parte resultó favorecida con la concesión. Los que no fueron favorecidos, acogiéndose al texto de la Primera Enmienda, alegaron como absoluto su derecho a emitir y sometieron el caso al examen de la Corte, en la que se produjo finalmente la célebre sentencia Red Lion en la que el juez White decidió: “No hay un derecho que garantice a todos a emitir; las frecuencias son limitadas y a algunos pocos debe privilegiarse sobre otros (...) La comunidad como un todo retiene sus intereses de libre expresión por radio y su derecho colectivo a tener los medios funcionando consistentemente con los propósitos de la Primera Enmienda. Es el derecho de los televidentes y radioescuchas, no el derecho de los medios, lo que importa”.
A la vista de sentencias como ésta se puso en evidencia el desequilibrio que había creado la pretendida absolutización de ese derecho. Los derechos, como la justicia, son equilibrio; son el resultado de la armonía entre fuerzas opuestas, y esto no había sucedido en el caso del derecho a informar; ni se había desarrollado una visión clara del papel de la responsabilidad, que es la madurez de la libertad; ni había aparecido esa indispensable dimensión de la libertad de expresión, que es su objetivo y justificación: el derecho a la información, que es el derecho de quien recibe.
Esta jurisprudencia se dio casi al mismo tiempo con expresiones autorizadas como la de Naciones Unidas que en 1948 en su Carta Internacional de Derechos Humanos proclamó el “derecho de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas.” En 1964 el Papa Juan XXIII fue más explícito: “Todo ser humano tiene derecho natural a la libertad para buscar la verdad y tener una objetiva información de los sucesos públicos,” escribió en Pacem in Terris. Y en 1978 UNESCO agregó: “La información es un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho del hombre de carácter primordial, en la medida en que el derecho a la información valoriza y permite el ejercicio de los demás derechos”. De esta última subrayo la expresión que califica a este derecho como el que valoriza y permite los demás derechos, incluido desde luego el derecho a informar. Se informa porque alguien necesita información, que si no existiese ni esa necesidad, ni ese sujeto, la tarea de informar carecería de sentido; el derecho a la información es, pues, ontológica y temporalmente anterior al derecho de informar, es el que le da sentido y equilibrio, sin ese necesario peso el acto de informar se convierte en un arbitrario y abusivo uso del poder de la información.
Al desarrollo de la doctrina no correspondió el de las prácticas, puesto que el recorrido de las ideas desde el cerebro hasta las manos suele ser largo y tortuoso; la formulación de un derecho, tras el laborioso proceso de su descubrimiento, no lo es todo, es apenas el comienzo de un largo período, como el de las semillas en la tierra, de germinación y de crecimiento, hasta que cambian la historia. A Lenin le atribuyeron la contundente frase que expresa esa paciente espera e irrevocable suerte: por donde pasan las ideas, 50 años después pasarán los cañones.
El panorama que debía cambiar -equivoqué el tiempo del verbo- ...el panorama que debe cambiar es el de un derecho que se considera absoluto e indiscutible, el de los que informan, que en consecuencia se sienten dueños de la información, amos de un imperio al que le rinden culto soberanos, potentados, famosos, narcotraficantes y terroristas que, sin ellos, los reyes del imperio de papel o del espectro electromagnético, serían patéticas figuras solitarias y mudas. Castells lo precisa con rigor científico al hablar de los políticos y gobernantes encerrados en la prisión de los medios. Esa envanecedora condición es más que suficiente razón para que los que emiten se consideren dueños de un poder absoluto.
Esta situación lejos de atenuarse se ha agravado en nuestros días merced a la aparición de nuevos factores: los medios de comunicación se han convertido en parte de poderosos complejos empresariales en los que predomina, con todas sus consecuencias, la lógica comercial.
Dicho así, éste es un lugar común que se maneja en esta clase de eventos; pero algo nuevo y alarmante aparece cuando se examinan sus implicaciones que lógicamente conducen a la necesidad de defender y activar el derecho a la información.
En efecto, se trata, hoy por hoy, de un poder gigantesco que domina en nuestros días. Hasta hace unas décadas el punto de referencia que permitía hacerse una idea de ese poder era la oleada de pánico desatada por Orson Welles con su emisión radial sobre la invasión de los extraterrestres. Hoy ese episodio parece inocente frente a la invasión permanente de los medios que cambian hábitos de consumo, arrasan culturas y homogeneizan audiencias mundiales, estimulan guerras, orientan la economía y la política, cambian la visión de la vida, imponen modas y logran que sea verdad lo que ellos mantienen como tal, y desaparecen como hechos los acontecimientos que los medios de comunicación silencian. Esas colosales empresas reúnen a la vez periódicos, canales de televisión, estaciones de radio, estudios de cine, televisión por cable, agencias de publicidad, juegos de video, páginas y portales de Internet, producción de DVD y todo cuanto la tecnología de las comunicaciones ha permitido crear. Reunidas todas estas actividades por poderosas empresas, desaparecen las fronteras que las separaban y, desde luego, se convierten en cosa del pasado las incompatibilidades éticas que mantenían fronteras entre periodistas y publicistas, por ejemplo, o entre periódicos y empresas distribuidoras de películas.
No sólo desaparecen esas barreras protectoras del interés de los receptores, es que desaparecen también los ciudadanos. El receptor de informaciones está dejando de contar. En unos pocos años ha desaparecido ese rasgo de identidad que le daba toda su dignidad al periodismo, por ejemplo, o sea su dedicación al servicio de la sociedad. Ese servicio incluyó, en los momentos más deslumbrantes y sobrecogedores de su historia, la entrega de la vida del periodista, o el destierro, o la prisión. Ésa es una historia que ya no tiene vigencia, salvo como registro hagiográfico, en los medios regidos por la lógica comercial de las grandes empresas.
La gran empresa puede producir automóviles, o cervezas, o servicio de transporte aéreo, o productos petroquímicos de alta calidad, pero nunca un buen periodismo, porque éste se hace cuando se informa para servir al lector y cuando lo inspira el progreso de toda la sociedad; objetivos que a la gran empresa no le importan, como lo reflejan los periódicos y revistas, las emisiones de radio y televisión en que son más importantes los avisos que las noticias. La proporción de 60% de información por 40% de publicidad desapareció bajo la presión y los buenos argumentos de los publicistas.
Para una lógica comercial, no puede tener importancia un producto que no se vende; y la información es gratuita en la televisión y en la radio y en el medio impreso se está convirtiendo en una coyuntura o pretexto para publicar avisos, situación que, de paso, ha cambiado el status del periodista. Ryszard Kapuscinski decía que la degradación del periodismo comenzó cuando coincidieron dos causas: la conversión de la noticia en mercancía y la masificación del periodismo. Son dos causas que se complementan y refuerzan: la mercantilización de la noticia le quita a la información periodística toda su dignidad, y si algo le resta, ésta desaparece en manos de periodistas que llegan al oficio, no por pasión, sino por cálculo o como un recurso último después del fracaso para encontrar una carrera fácil, o como fórmula para hacerse rico y famoso, que si alguno lo logra suele ser a costa de su conciencia o de sus deberes para con el lector.
La realidad creada por las grandes empresas es otra: la proletarización del periodista que, de ser líder de la sociedad, llegó a ser un sobreviviente, es decir, alguien que desempeña el oficio para mal comer. En esas condiciones el periodista cambió de bando y dejó de estar al servicio de sus lectores para estar bajo las órdenes de sus patrones, los empresarios.
El resultado está a la vista: el mundo vive la emergencia de una información contaminada, pero no con la conciencia clara con que padece y protesta por la contaminación del aire o de las aguas. Ya es un escándalo que el agua para beber tenga que ser embotellada y se está dando el caso del aire, que se vende purificado para uso individual; de la misma manera habría que pensar en los mecanismos de suministro de información descontaminada. Anotaba Ignacio Ramonet, de quien son estas ideas, que con la información ha ocurrido un proceso análogo al de los alimentos que, de ser escasos, se volvieron abundantes y variados, pero sospechosos de contaminación. La información de escasa y lenta -la noticia de la muerte de Napoleón se supo aquí cinco meses después y la victoria de Ayacucho se conoció en Caracas tres meses más tarde- se ha convertido en abundante y veloz. Hoy los hechos se conocen al instante y a través de numerosas fuentes, pero es una información bajo sospecha de contaminación. Por cuenta de dos informaciones falsas -el ejemplo es de Ramonet-, Estados Unidos y sus aliados se fueron a la guerra.
La degradación de la información y de los periodistas no lo es todo. Al lector se lo desconoce como receptor de información, pero cuenta a la hora del rating y de las cifras de circulación. Hoy se está recordando con la misma nostalgia con que se recuerdan los buenos tiempos idos, el discurso de Pulitzer al inaugurar uno de sus periódicos en que formuló, como un credo, la convicción de que los anuncios, el dinero y las noticias estarían al servicio del lector. Hoy el lector es un producto que se vende a los dueños de los avisos.
Esto es lo que nos está pasando o a punto de pasarnos. Mientras la tecnología de las comunicaciones avanza y se perfecciona, la crisis de la información pública es cada vez más aguda.
Pero frente a las situaciones de crisis la sociedad suele generar sus propias soluciones, de la misma manera que la conciencia de los errores se convierte en el comienzo de un aprendizaje para corregirlos y evitarlos. En el pasado o no se los veía, o no se los sentía; hoy son cada vez más conocidos y para prevenirlos aparecen los manuales de estilo o los códigos éticos que los medios adoptan como guías para la producción de piezas de comunicación de calidad y de acuerdo con unas políticas editoriales inspiradas en principios éticos y técnicos.
Son textos cuyo propósito es el de mantener vigente un deber ser de la profesión y de los medios, como el que se vieron obligados a expresar los periodistas de Time cuando su revista hizo parte del paquete negociado para la fusión AOL-Time-Warner. En el editorial publicado en esa ocasión expresaron lo que en todo manual de estilo se escribe a manera de preámbulo: que lo primero es el lector y su derecho a la información libre.
Junto con los manuales, la publicación de los códigos éticos, de la empresa y de los periodistas, fue una práctica que se generalizó en el siglo XX casi paralelamente con el desarrollo tecnológico de las comunicaciones. A mayor tecnología, más problemas éticos, nacidos de la convicción creciente del poder de los medios. Los códigos de otros siglos se reconocen como rarezas de anticuarios, que es el caso del credo de Benjamín Harris, conocido en 1690 y concentrado en los deberes de verdad, objetividad y exactitud. Tienen un aire de precursores los periodistas polacos que en 1890 se obligaron a seguir unas normas deontológicas que luego recogerían en múltiples códigos los periodistas del siglo XX. Ante la acumulación de preguntas y problemas que plantea el desarrollo de los medios, como tecnología y como empresas, la formulación de los grandes valores de la profesión se ha hecho necesaria, tanto como las brújulas en los barcos sacudidos por una tempestad. Con los medios de comunicación está ocurriendo lo que con las grandes empresas amenazadas por el huracán que provocó el colapso de Enron y una decena de compañías más, que estaban a merced de ejecutivos corruptos. La dura lección está enseñando que la ética es un activo indispensable para la supervivencia empresarial. El New York Times lo aprendió y con él los medios de comunicación que han tenido la honradez suficiente para entender que la credibilidad es un activo que debe cuidarse con un celo mayor que el consagrado a las rotativas y equipos de computación. En algunos países europeos, sobre todo, se ejerce un control a través de los Consejos de Prensa en que participan periodistas y lectores, como socios dentro del mismo proyecto; pero los códigos y manuales pueden ser letra muerta, un formulismo burocrático, si en los medios no se mantiene viva la conciencia de su necesidad. Y es aquí donde aparece la institución del Defensor del Lector.
Era necesario este largo recorrido en que han aparecido con toda su magnitud los problemas y perspectivas del periodismo de hoy, para resituar al Defensor del Lector. En el siglo XX este personaje atendió los más diversos menesteres: desde vigilante de la ortografía, la sintaxis y la buena calidad en el diseño y la impresión, pasando por el menester de recolector de quejas de toda índole: ejemplares que llegaban atrasados, o incompletos, lectores enojados por el escaso o excesivo espacio dedicado a una noticia, lectores en descuerdo con las políticas editoriales del medio, lectores ofendidos por alguna referencia o información dañina y así, hasta formarse alrededor de él una algarabía que le ha impedido ir más allá.
Mientras tanto, la imagen que proyecta el defensor ha sido cambiante y variada hasta el punto de crear confusión.
Una encuesta a 250 periodistas de tres diarios de Lisboa arrojó una imagen negativa de los defensores como moralistas en exceso, agresivos con los periodistas, nada independientes, agresivos con los lectores y con interés desmedido en los asuntos técnicos. Pero al lado de esta percepción figuraba otra, mayoritaria, la de los que veían al defensor como la puerta abierta del diario, o como el que recuerda los principios éticos, o el que estimula la autocrítica, o el que enseña la actividad periodística al lector u obliga a una mayor prudencia.
En un severo juicio Ignacio Ramonet afirmaba, en una reciente conferencia en Nueva York, que en este comienzo de siglo el ombudsman, absorbido por el ambiente contaminado de los medios comprados por las grandes empresas, se ha mercantilizado, se ha degradado y convertido en coartada para reforzar la credibilidad de los medios.
Tal variedad de conceptos y calificativos ratifica que una función tan amplia como la del defensor, aún no se puede dar por definida.
Está bien que el defensor lleve a cabo en el medio una función parecida a la del departamento de control de calidad en una fábrica; pero no es toda su función.
Está bien que su presencia y su actividad en el interior de un medio haga sentir a los lectores que alguien los representa y defiende sus derechos; se amplía así su función, pero resulta sospechosamente cercana a la de un relacionista público del medio.
Está bien que el defensor lleve a la redacción el aire fresco de nuevas iniciativas, de ideas renovadoras, pero esto no lo es todo.
Está bien que el defensor se convierta en un generador de credibilidad; en un argumento claro y viviente de la voluntad del medio para entregar al lector un servicio de excelencia; pero el defensor es más que eso.
Lo definía Hugo Aznar como el trabajador más solitario de un periódico porque nadie le da órdenes, ni tiene capacidad para ordenar nada; y así tiene que ser porque actúa con el poder y los límites de la conciencia. En las redacciones, como en el interior del ser humano, esta persona-conciencia no impone ni prohíbe, no sanciona ni premia, solamente comunica en silencio, con voces que no siempre se oyen pero que recuerdan qué es lo que debe hacerse. Esta es parte de su tarea, la de ser conciencia del medio, y se acerca a la utopía de su acción cuando actúa, a través de sus variadas funciones, como la conciencia del derecho de los lectores a la información.
La revolución educativa que llevó a cabo el pedagogo brasileño Pablo Freire logró un cambio de actitud en los educadores que, de la arrogancia de quien cree estar en la obligación de llenar con conocimientos unos recipientes vacíos, sus alumnos, llegaron a la certeza de que nadie educa a nadie, porque todos recibimos unos de otros. Es el mismo cambio de actitud con que se desplaza la arrogancia de los medios de comunicación, que de dueños exclusivos de la verdad, pasan a ser interlocutores en unos casos, mediadores casi siempre entre los distintos sectores de la sociedad. Cuando ese cambio se da, el receptor de las informaciones deja de ser visto como un ente pasivo, porque de él siempre se espera y demanda un aporte. Sus cartas, sus opiniones, sus informaciones no se reclaman con la cortesía helada de los relacionistas, sino con el interés profesional con que se busca un contacto real y una visión clara de la realidad. El lector deja de ser alguien ajeno, y se redescubre como parte de la comunidad que crea la palabra del medio de comunicación. Es la actitud que el defensor aclimata y promueve cuando entiende y ejecuta su labor de representar -atención al verbo, presentar doblemente- al lector en la redacción. Así comienza a mirarse el derecho a la información en el reconocimiento del sujeto de ese derecho.
Suelo recordar al lector que protestó porque, entre dos informaciones sobre premios, se le había dado en la primera página la prioridad de la foto en color y del titular de cuatro columnas a un campeón de patinaje y se había dejado en una modesta columna segundona a dos investigadores que habían ganado sendos premios de ciencias. Aquél lector alegó el derecho a una agenda que reflejara la importancia real de los hechos y no la apariencia ni el interés comercial del periódico. El derecho a la información aflora a la conciencia a través de la exigencia de una agenda del lector, no necesariamente coincidente con la agenda del medio de comunicación, ni con la agenda de los poderes que presionan en los medios. La presencia del gran capital en un periódico tiende a convertirlo en dócil caja de resonancia de los intereses empresariales y a silenciar cualquiera otra voz. Como en las ciudades griegas, en las que el ciudadano se reconocía porque tenía el derecho a la palabra y al esclavo, porque se le imponía el silencio, en las ciudades democráticas de hoy se ha convertido en una anormalidad normal que unos hablan -los dueños del poder de los medios- y que otros callen -los que reciben silenciosa, dócil y pasivamente el mensaje de los medios-. Romper ese dañino e injusto orden de cosas con el reclamo del derecho a la información, a través de la introducción de la agenda del lector y de la sociedad, es la tarea que cumple el defensor cuando somete a crítica temas y contenidos, cuando señala y denuncia vacíos, cuando rechaza las redundancias impuestas por el interés de los poderosos.
Cuando el Defensor del Lector está integrado a la redacción del medio y hace parte de su cotidianidad, llega a ser un guía a través de su trabajo con la redacción. Con los periodistas comparte experiencias, con ellos adelanta reuniones de actualización, de búsqueda y de autocrítica, que ponen en su mano instrumentos pedagógicos para proponer nuevas actitudes y revisiones renovadoras. Así el defensor puede sacudir rutinas y promover el desmonte de estereotipos, entre los que aparece con frecuencia la tradicional mirada de la historia desde el poder. Es el periodismo que se hace con entrevistas a quienes están en el poder: el rico, el famoso, el gobernante, el jerarca, el alto oficial; es decir, todos los que miran los hechos desde arriba. La conciencia del derecho a la información indica que esa es una información parcial, que impide conocer las realidades desde todos sus ángulos, que debe ser complementada y enriquecida con la visión de la historia desde abajo. Es decir, se trata de pensar la información desde sus destinatarios; una perspectiva que se descubre, no en los textos, sino en el ejercicio mismo del oficio con la ayuda y orientación de un defensor del lector que ha asumido con todo rigor la defensa de los derechos del lector.
Al desconocido que en el pasillo de salida de un avión me preguntó con seriedad de sepulturero: ¿a quién defiende el defensor?, no le pude responder porque la impaciente fila de viajeros se puso en movimiento, pero la respuesta que debí darle fue en este sentido: el defensor defiende la credibilidad del periodista y por eso lo estimula a fortalecerla y defenderla, porque a mayor credibilidad del periodista, mayor credibilidad del medio y un medio con credibilidad les presta a sus lectores el máximo de los servicios: una información en la que puedan creer.
Ser creíble es, desde luego, un triunfo del periodista, pero más que eso, es un servicio que se le presta al lector porque la credibilidad genera confianza, que es esa seguridad de que no habrá engaño, ni abuso, ni manipulación. Es, en otro orden, lo que convierte nuestra casa en morada, ese lugar donde la comida, la bebida, el afecto, el descanso, todo es sano y confiable. Allí no hay lugar para la duda, ni para la sospecha, por eso es morada, el sitio que no se cambia por ningún otro en el mundo.
La información confiable, esa que se acepta a ojo cerrado porque asegura el respeto a todos los derechos, es la que dan medios y productos con credibilidad. Es la que se echa de menos en un mundo de mentira en donde todo está contaminado, especialmente la información que se produce en los grandes medios en donde predomina el interés de los poderosos.
Un defensor del lector que se aplica al fomento y defensa de la credibilidad de los periodistas es mucho más que un simple oidor de quejas; es más que un inspector de calidad; supera en todo a un relacionista público preocupado por una imagen institucional; en nada se parece a un severo vigilante de la redacción. No se trata de asumir nuevas y originales tareas sino de unificarlas bajo una intencionalidad clara: convertirlas en elementos pedagógicos para hacer real el derecho del lector a la información.
Decía Sócrates en su discurso ante los jueces que lo habían condenado a muerte por impiedad, que él había sido colocado en la ciudad como junto a un caballo grande y noble, pero un poco lento por su tamaño y que necesitaba ser aguijoneado por una especie de tábano. “Según creo, afirmaba, el dios me ha colocado junto a la ciudad para una función semejante y como tal, despertándoos, persuadiéndoos y reprochándoos uno a uno, no cesaré durante todo el día de posarme en todas partes.”
Cuando releo esos verbos: despertar, persuadir, reprochar, y recreo la imagen del tábano que no deja dormir, que mantiene al gran animal en movimiento, creo encontrar una buena razón para pensar que Sócrates hablaba también del Defensor del Lector.

* Javier Darío Restrepo tiene 48 años de trayectoria periodística. Es miembro fundador de la Comisión de Ética del Círculo de Periodistas de Bogotá, del Instituto de Estudios sobre Comunicación y Cultura (IECO), de la Fundación para Libertad de Prensa y de Medios para la Paz. Ha sido defensor del lector de los diarios El Tiempo y El Colombiano. Es autor de numerosos libros y artículos en materia de comunicación social y ganador de diversos premios como el premio a la ética periodística del Centro Latinoamericano de Prensa (1997). Es colaborador de Sala de Prensa. Esta es la ponencia que presentó en el Congreso Anual “La autorregulación en los medios: el ombudsman como una alternativa viable”, organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura (Perú), en Lima los días 27 y 28 de octubre de 2004.