Rechazo al proyecto de acceso a la información votado por los senadores oficialistas

La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario y el Foro de Comunicación Santafesino (Focos) repudia la media sanción que los senadores justicialistas le dieron ayer a su proyecto de acceso a la información de carácter restrictivo y destaca que esta iniciativa no refleja el espíritu de la norma que la sociedad santafesina necesita y que le dará mayor transparencia a la gestión pública, a la vez que garantizará el derecho de la ciudadanía a buscar y recibir información pública. Junto a la red de organizaciones sociales de la provincia y del país que desde hace años elevan su reclamo en este sentido, seguiremos bregando porque prime el consenso de las fuerzas políticas y se consagre una norma sin restricciones ni artilugios de ningún tipo.
Después de cuatro años de dilaciones, la decisión que tomó ayer la bancada mayoritaria de la Cámara alta genera una confusa situación legislativa que retrasará la aprobación definitiva de la ley. A partir de ahora existen dos iniciativas con media sanción -la de los senadores justicialistas y la de todos los bloques de diputados- inspiradas en objetivos diferentes. De esta manera se posterga una vez más la posibilidad de profundizar la democracia en nuestra provincia.
Conviene recordar que en agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley y quedaron incorporadas en la norma que obtuvo media sanción ayer.
Por ello, desde el Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) y la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, manifestamos nuestro rechazo al procedimiento legislativo utilizado por los senadores justicialistas y advertimos sobre el riesgo que significan algunas cláusulas o expresiones contenidas en el proyecto aprobado.
En primer lugar, se entiende como información pública la "acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido es de interés general", introduciendo una distinción sobre el carácter general o particular de los datos que significa una peligrosa limitación (Artículo 1º). ¿Quién y cómo define si una información en poder de algún organismo del Estado es de "interés general" y puede ser conocida por el público?
En segundo término, se establece que todos los órganos y entes alcanzados por la ley "deben generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información" (Artículo 7º). Esta disposición se complementa con el Artículo 8º del proyecto, que limita la solicitud de información "a lo informado en el índice por el órgano o ente que corresponda". De esta manera sólo se podrían conocer los datos incorporados al listado elaborado por los distintos órganos y entes alcanzados por la ley.
En tercer lugar, merece reproche la fijación de aranceles (aunque mínimos) contrarios al principio de que la información pública debe ser gratuita salvo sus costos de reproducción; la obligación de exponer motivos al momento de requerir información; y el estiramiento de los plazos para responder una solicitud.
Sin embargo, el aspecto más peligroso del proyecto de los senadores justicialistas es la introducción de un procedimiento para establecer la reserva o confidencialidad de determinada información por espacio de treinta años, por razones tan amplias como seguridad, defensa, inteligencia, contrainteligencia, política económica financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica. (Artículo 15º)
Para establecer la reserva o confidencialidad de una información sólo hace falta un decreto, resolución o acordada. Con este subrepticio dispositivo los senadores justicialistas refuerzan la cultura del secreto y el ocultamiento que ha imperado en la provincia en los últimos 25 años.

19 de octubre de 2007

Foro de Comunicación Santafesino - FOCOS
Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico - SPR

Integrantes de la Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación - FETRACCOM - CTA

Basta de restricciones. Reclamo a los senadores que tratarán la ley de acceso a la información

Ante la posibilidad de que el próximo jueves 18 de octubre la Cámara de Senadores de la provincia trate la ley de acceso a la información, la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario y el Foro de Comunicación Santafesino (Focos) exhortan una vez más a los legisladores a aprobar un proyecto que garantice el acceso universal a los datos de los tres Poderes del Estado, sin cláusulas o expresiones de sesgo limitativo que atenten contra el derecho a buscar y recibir información pública.
En agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información, tal como desde hace años viene reclamando una red de organizaciones sociales de la provincia y del país. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley, que se propone permitir a todos los ciudadanos sin limitaciones el conocimiento de la información producida por el Estado en sus distintos niveles.
Este jueves la Cámara alta podría tratar ambas iniciativas, de allí que los trabajadores de prensa de la provincia llamamos a la reflexión a los legisladores para que no se inclinen una vez más por la cultura del secreto y el ocultamiento. Los senadores se encuentran ante la oportunidad histórica de aprobar una ley de acceso a la información, lo que sucedería si se refrenda al proyecto girado por Diputados el año pasado. De lo contrario, los santafesinos nos encontraríamos frente a dos iniciativas con media sanción -la de los senadores justicialistas y la de los diputados-, lo que además de contrariar la profundización de la democracia y la transparencia de la gestión pública sumaría confusión en cuanto a la técnica legislativa. Y eso, en definitiva, retrasará la aprobación de la norma que la sociedad reclama y que respaldan tanto el gobernador Jorge Obeid y la vicegobernadora María Eugenia Bielsa como el futuro mandatario Hermes Binner.

16 de octubre de 2007
Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico-SPR Foro de Comunicación Santafesino (Focos)
Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom-CTA)

Nuevo reclamo por la Ley de Acceso a la Información Pública

En el Día Mundial del Derecho a Saber
El Día del Derecho a Saber se conmemora el 28 de septiembre en todo el mundo. La fecha fue consagrada en un encuentro internacional de organizaciones que promueven el acceso a la información pública, realizado en Bulgaria en 2002, donde se creó además la Red de Defensores del Acceso a la Información.
Desde la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, reafirmamos en este 28 de septiembre nuestro reclamo a las autoridades santafesinas para que se promulgue una ley de acceso a la información pública de los tres poderes del Estado. Desde hace años venimos impulsando junto a una red de organizaciones, nacionales y provinciales, del ámbito gremial, social, comunitario, estudiantil, académico y de derechos humanos, la sanción de una norma que garantice el derecho de todos y todas a acceder a los datos que obran en poder del Estado, ya que la información pública no es un bien que pertenezca a los gobiernos ni a un sector determinado sino a toda la sociedad. Además, y fundamentalmente, ejercitar el derecho a saber asegura el funcionamiento, la profundización y el fortalecimiento de la democracia.
En ese sentido, y en el marco de la campaña “Queremos saber”, en agosto pasado presentamos un video en el que los candidatos a gobernador manifestaron su compromiso público con una ley de acceso. Entre ellos se encontraba quien resultó electo como mandatario, Hermes Binner, quien incluso a poco de las elecciones volvió a pronunciarse a favor de promover la norma. Sin embargo, el 14 de septiembre los senadores justicialistas incumplieron una vez más la deuda que mantienen con todos los santafesinos. Se trata de los mismos legisladores que en su momento contradijeron el espíritu del mensaje del Ejecutivo al incluir la cláusula restrictiva del interés legítimo.
Es por eso que bregamos porque la Legislatura haga posible finalmente este anhelo de cientos de organizaciones del más amplio espectro que reclaman la democratización y la transparencia de la gestión pública.
Desde la Comisión continuaremos insistiendo como desde hace años lo hacemos para que el ejercicio de este derecho sea una realidad y no una invocación abstracta. En ese sentido convocamos a todos los santafesinos a sumarse a la campaña de acción ciudadana “Queremos saber”. En el sitio de Internet http://informacionya.blogspot.com/ podrán encontrar información acerca de las acciones encaradas por el Sindicato de Prensa Rosario en la búsqueda de consensos que conlleven a la sanción de una ley de acceso a la información pública. Además, novedades del país y del mundo relacionadas con el tema.

Rosario, 28 de septiembre de 2007

Comisión en defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico
Sindicato de Prensa Rosario

Compromiso de las autoridades electas por el acceso a la información

El gobernador electo de la provincia Hermes Binner y la vicegobernadora electa Griselda Tessio expresaron su respaldo a la implementación de mecanismos que garanticen el acceso a la información pública. En el mismo sentido se manifestó el intendente electo de Santa Fe Mario Barletta.
El Foro de la Comunicación Santafesino (FOCOS), junto al Sindicato de Prensa de Rosario y más de cien organizaciones de la sociedad santafesina, viene reclamando la sanción de una ley de acceso a la información existente en manos de los distintos poderes del Estado. La necesidad de esta norma fue reiterada a través de distintos actos y manifestaciones en los últimos años. Recientemente, en el marco de la campaña “Queremos saber”, la mayoría de los candidatos a la gobernación de Santa Fe manifestaron su compromiso para el reconocimiento de este derecho.
Por ello, resulta auspicioso, que entre los primeros anuncios de su futura gestión el gobernador electo de la provincia, Hermes Binner, haya reiterado su decisión de garantizar a todos los santafesinos el libre acceso a la información pública en manos del Estado. En un sentido similar se manifestó la vicegobernadora electa Griselda Tessio, para quien es indispensable la implementación de mecanismos específicos que aseguren el ejercicio de este derecho, como garantía de un gobierno de ética y transparencia.
Por su parte, el intendente electo de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta afirmó en declaraciones televisivas su decisión de “elevar el proyecto a días de asumir en la municipalidad, que genere el acceso a la información pública, similar al que ha sido discutido en el orden provincial “. Para el electo funcionario es necesario “que la ciudadanía sepa toda la información que tiene que ver con el destino de los fondos públicos”.
Cabe recordar, que en el año 2005, el Foro de la Comunicación Santafesino (FOCOS) presentó en el Concejo Municipal de Santa Fe, un proyecto de ordenanza de Acceso a la Información Pública, que solo recibió respaldo de la Comisión de Cultura del cuerpo, para luego quedar paralizado por decisión de la bancada justicialista.
Frente a esta nueva oportunidad que se presenta para la sociedad santafesina, los trabajadores de prensa esperamos que las autoridades recientemente electas honren su palabra y comiencen a remover de la provincia la cultura del secreto y el oscurantismo. El acceso a la información pública es un derecho que excede el reclamo puntual de los trabajadores de prensa y su vigencia permitiría avanzar en la profundización de la democracia, aportará transparencia a los actos de gobierno y promovería la participación ciudadana.

Un fallo a favor de la Información Pública

La información deberá ser comprobable
En la causa por el saneamiento del Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio traslado de la demanda a los Estados involucrados y a las empresas acusadas de contaminar la cuenca. A su vez ordenó brindar información que sea comprobable por cualquier interesado, respecto de la problemática ambiental en la zona.
El Máximo Tribunal de la Nación ordenó a los Estados involucrados y a la Autoridad de la Cuenca, que confeccionen informes, detallados y comprobables, respecto de todas las cuestiones que atañen al daño ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Según opinión de los expertos de la Universidad de Buenos Aires y de empresas involucradas, el plan propuesto por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma no fue completamente satisfactorio. Por ello, los jueces de la Corte ordenaron la recolección de información para poder tener una visión más completa del plan que se estaría implementando.
Los magistrados tuvieron en cuenta las discusiones que se llevaron a cabo en las exposiciones por el conflicto del Riachuelo en las audiencias de este año. En ellas se advirtió que sobre determinados temas se carecía de información y sobre otros era dudosa o contradictoria con las versiones de otros sujetos que intervenían en el juicio.
La Corte pidió, particularmente, que se la informe de todos los aspectos que conforman la emergencia ambiental en la causa caratulada “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río - Matanza - Riachuelo)”.
Este informe deberá contener datos científicos actualizados sobre la situación ambiental, listado de las industrias que operan en la cuenca, la cantidad y proporción de los residuos que se vierten, de los traslados de las empresas contaminantes, de las propuestas para el sector industrial por parte de la Autoridad de Cuenca y los acuerdos firmados.
También deberá dejarse constancia del aporte presupuestario para la ejecución del plan, en especial de los aportes realizados por las jurisdicciones que conforman la Autoridad de Cuenca. A su vez, todas las consultas realizadas a expertos nacionales e internacionales respecto del plan, si las hubiera, y la totalidad de las fuentes de financiamiento.
Así también deberá constar el traslado de la población, el saneamiento de los basurales, información sobre la limpieza de los márgenes de la cuenca, la expansión de la red de agua potable y desagües cloacales, y el plan sanitario de emergencia.
Deberán informar sobre los costos totales de las obras y el avance hasta el 2015 del plan en cuestión, haciendo énfasis en que la información brindada deberá ser de acceso público y fácilmente comprobable por cualquier interesado.
Los jueces de la Corte establecieron que dicho informe deberá ser presentado por escrito y defendido oralmente en la audiencia del 31 de octubre de este año a las 10 de la mañana, en la cual se propenderá a terminar con las dudas sobre la credibilidad de la solución propuesta por las demandadas.
Esta resolución llevó la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Maqueda y Carmen Argibay.

Fuente: Diario Judicial

Santa Fe: Reclaman la sanción de la ley de información

Pedido del diputado provincial Héctor Jullier.
El diputado provincial por el Partido Demócrata Progresista Héctor Jullier se refirió a la falta de voluntad política del oficialismo para sancionar la ley de derecho a la información. “Este gobierno está terminando su gestión y nada hace pensar que en la provincia dejen de ocultarse los actos de gobierno”, manifestó.
El legislador santafesino indicó que entre otras cosas, una norma de este tipo “serviría para evitar los manejos discrecionales en materia de publicidad oficial, que muchas veces es utilizada como una herramienta de poder y control de los mismos medios de comunicación por parte de los gobiernos de turno”.
“Todos los santafesinos tienen derecho a saber cómo manejan los funcionarios los asuntos públicos. Qué decisiones toman, qué destino le dan al dinero del Estado, o qué hacen o dejan de hacer. Este derecho de acceso a la información pública es reconocido internacionalmente como un derecho humano y, en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Sin embargo nuestra provincia, por decisión política del oficialismo, sigue negando el acceso a la información a sus ciudadanos”, expresó Jullier. Para el diputado del PDP, “hay un evidente doble discurso. El gobernador, apenas asumido, había prometido a la opinión pública que una de sus prioridades sería promover la sanción de una norma que respete los postulados constitucionales sobre el tema, algo que volvió a reiterar año a año en cada inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura. Pero lamentablemente, a escasos meses de concluir esta gestión, debemos decir claramente que este gobierno no ha tenido voluntad política para que los santafesinos sepan qué es lo que hacen quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado”.
Párrafo aparte merecieron en la consideración de Jullier los legisladores del oficialismo. “Hablan de acceso irrestricto a la información en sus discursos, pero sus acciones y omisiones tienden a evitar la consagración legal del mismo”, señaló.
Más adelante, Jullier se refirió a las “inconcebibles trabas” propuestas por representantes del PJ en la Legislatura, mediante distintos proyectos de ley. “Una de las más vergonzosas fue la ley impulsada por el senador Raúl Gramajo, quien incluyó en una iniciativa la obligación en los solicitantes de acreditar interés legítimo”.

"En Chubut no hay acceso a la información pública"

Néstor Di Pierro y Walter García Moreno "han firmado en junio pasado convenios complementarios con Pan American Energy, cuyos términos se desconocen; también un acuerdo de asociación para explotar petróleo en Perú y una probable intermediación para la compra de acciones de YPF".
El diputado Carlos Lorenzo denunció que el Gobierno Provincial "está impidiendo el libre acceso a la información pública", lo que constituye una "clara violación de uno de los principales derechos que consagra la Constitución Provincial", al tiempo que anunció que promoverá un acción penal contra los funcionarios que no responden los pedidos de informes.
En la ciudad de Comodoro Rivadavia donde acompañó la actividad del candidato a Gobernador de la UCR Raúl Barneche, el legislador radical reiteró que "cientos de pedidos de informes realizados desde la Legislatura no fueron contestados" y que el Gobierno "sólo difunde datos con un fin publicitario y esconde toda la documentación relacionada –por ejemplo-, con los contratos petroleros".

Nuevos convenios
En ese sentido Lorenzo puso en conocimiento de los medios de Comodoro Rivadavia que el titular de Petrominera Néstor Di Pierro y el síndico de esa empresa estatal Walter García Moreno "han firmado en junio pasado convenios complementarios con Pan American Energy, cuyos términos se desconocen, como así también un acuerdo de asociación para explotar petróleo en Perú y una probable intermediación para la compra de acciones de YPF".
El diputado de la UCR cuestionó al gobernador Mario Das Neves y al ministro coordinador Norberto Yauhar por "no dar información veraz sobre los actos de gobierno" y dijo que " ellos solos saben lo que firmaron y ni siquiera lo informan a través de los medios de prensa". Lorenzo ha requerido información sobre la política petrolera y en especial ha solicitado conocer los términos de los acuerdos alcanzados por Petrominera S.E.
En ese sentido recordó que se pidió conocer si la Provincia ha concesionado áreas o yacimientos de hidrocarburos para la exploración y explotación; si se han realizado convenios de asociación con otras provincias, sociedades estatales, mixtas o privadas para tal fin o para el transporte, almacenamiento e industrialización de las sustancias minerales y de hidrocarburos líquidos, gaseosos y sus derivados.

Fallo apelado
Lorenzo informó que apeló el fallo del juez Universal de Rawson Carlos Alberto Tesi, quien en primera instancia rechazó un amparo presentado por el legislador en su condición de simple ciudadano donde requería información oficial amparado en la Ley de Libre Acceso a las Fuentes de Información.
"Hemos respondido que para ser diputado, primero hay que ser ciudadano", explicó Lorenzo, quien además dijo que la cuestión de fondo "es que la Administración Central debe velar en el estado de derecho para que cualquier ciudadano pueda acceder libremente a la información sobre la gestión de Gobierno".
Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical de la Provincia del Chubut

Siete candidatos a gobernador por una ley de acceso a la información pública

Los candidatos a gobernador Rafael Bielsa (Frente para la Victoria), Hermes Binner (Frente Progresista Cívico y Social), Carlos Blanco (Partido Obrero), Walter Jesús Eiguren (Movimiento por la Dignidad y la Independencia), Silvia Gómez (Partido Humanista), Alejandro Parlante (Movimiento Socialista de los Trabajadores) y Alicia Tate (Unión Cívica Radical) manifestaron su compromiso con una ley de acceso a la información pública sin restricciones. A través de los testimonios recogidos y editados en un video que presentó el lunes pasado la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, quienes se postulan para el cargo de gobernador, y pertenecen al más amplio espectro ideológico, explicaron la importancia de una norma que consagre el derecho de acceso a la información en manos de los tres poderes del Estado. Después de la proyección y ante la presencia de organizaciones sociales, políticas, gremiales, comunitarias, académicas, de derechos humanos, de legisladores provinciales y candidatos a ocupar bancas en la Legislatura provincial, rubricaron el compromiso cuatro postulantes: Binner, Blanco, Gómez y Tate. El resto había expresado la dificultad de hacerse presente en la sala de la Mutual Mercantil Argentina, de Urquiza 1539, donde se llevó a cabo el encuentro.
En esa oportunidad también se presentó la consigna ¡Queremos saber! como la que presidirá de ahora en más la campaña por una ley sin condicionamientos limitativos.

Por el acceso a la información pública

La sanción de una ley que haga posible el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es desde hace muchos años una deuda que los legisladores provinciales tienen con los santafesinos. Sobre este tema la Comisión continuó con un amplio trabajo de difusión entre las organizaciones civiles de todo el espectro social, que sumaron sus voces y esfuerzos en reclamo por acceder a la información que se genera en el ámbito de los tres poderes del Estado. Además mantuvo un permanente debate público con quienes tienen sobre el tema una actitud tan cerrada como limitativa.
La actitud es sostenida, solamente, por el bloque de senadores justicialistas, que en una concepción casi feudal de las relaciones políticas y sociales continúa negando un requisito indispensable para la profundización de la democracia, que se opone a dejar en la discrecionalidad de legisladores el dar o no a conocer la información que pertenece a la sociedad. El senador Joaquín Raúl Gramajo Benavídez, del departamento 9 de Julio, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dejó escritas páginas lamentables en la historia de la Legislatura: Gramajo no debate ni recibe a las organizaciones de la comunidad que pretenden exponer su punto de vista. Tampoco brinda la argumentación para el disenso, pero tiene como seguidores a los otros 14 senadores justicialistas, quienes votan para que los habitantes y ciudadanos tengan que explicar por qué les interesa conocer qué hacen los gobernantes, al requerirles que demuestren "interés legítimo".
Los argumentos limitativos ya se habían impuesto en julio de 2004, cuando el proyecto del gobernador Jorge Obeid que ingresó por el Senado fue tratado y se modificó con la incorporación, entre otras, de la invocación del interés legítimo.
Desde el comienzo el proyecto estaba herido de muerte, porque la composición de la Cámara tan contraria a transparentar los actos de gobierno viene desde hace muchos años.
Una experiencia similar transcurrió con el proyecto presentado por el entonces diputado Carlos Favario, que tuvo el apoyo unánime de los diputados y quedó trabado cuando en el Senado se comenzó a invocar la categoría limitativa. De ahí que desde esta Comisión del SPR, que considera a la información como un derecho humano fundamental, que posibilita el conocimiento y el logro de otros derechos, se continuó en el trabajo de hacer escuchar las voces de las distintas expresiones sociales y se eligió para esa manifestación por la libertad de expresión la puerta misma de la Legislatura, en la capital provincial.
La idea fue pedir a los diputados que, como ya lo habían hecho años atrás, dieran muestras de una verdadera concepción democrática, trataran los distintos proyectos en la materia, tomaran lo mejor de cada uno y otorgaran media sanción a una ley sin restricciones.
Así fue que el 29 de septiembre de 2005 -se eligió esa fecha porque era día de sesión de las dos cámaras y en ocasión de que el 28 de septiembre es el Día Mundial del Derecho a Saber- las escalinatas del Congreso provincial y el hall del edificio fueron el escenario de un acto de reclamo durante el que cada organización sindical, estudiantil, académica, profesional, comunitaria y de derechos humanos de Rosario, de Santa Fe y de otras ciudades de la provincia participaron para exigir transparencia en las acciones de gobierno. En la organización también estuvieron el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el Foro de Comunicación Santafesino (FoCoS), con quienes renovamos la campaña de firmas que logró reunir más de doscientas expresiones de las organizaciones regionales, nacionales e internacionales para pedir por una ley sin restricciones.
Ese día, desde un gran 'cofre' cerrado con candado, que al compás de la actuación y de la música de una murga se logró abrir, salieron muchas de las preguntas que en esta provincia no hay a quién formular con garantía de obtener la devolución correspondiente.
Luego, se repartieron en Diputados y en Senadores pequeñas réplicas de ese 'cofre', a la manera de 'souvenirs', para recordarles a los legisladores el mandato de formular y aprobar leyes para la democracia. Ese día hubo reuniones con el presidente de la Cámara Baja Edmundo Barrera y con los titulares de los distintos bloques.
Poco tiempo después, el 30 de noviembre de 2005, los diputados dieron una muestra de madurez política al alcanzar un consenso entre los distintos proyectos sobre el tema, el del gobernador Obeid que les llegaba de Senadores con la incorporación del 'interés legítimo', más los de los diputados Gabriel Real del PDP, Hugo Marcucci de la Unión Cívica Radical y Danilo Kilibarda del PJ.
El resultado fue una media sanción con las principales condiciones que necesita una ley en la materia, sin limitaciones elitistas. Desde el Sindicato de Prensa Rosario se dio el amplio respaldo a la decisión unánime de los diputados, como lo hicieron las organizaciones sociales que se expidieron con su firma y su presencia.
Ya en el período de sesiones extraordinarias -de mediados de diciembre de 2005 a fines de abril de 2006- donde el expediente por el derecho a la información formaba parte de la agenda a considerar, los senadores revisaron la decisión de los diputados y desde el bloque justicialista se insistió con la limitación del interés legítimo.
Antes, desde nuestra organización, se intentó la reunión con los miembros del Senado para expresar la preocupación por el tema pero la audiencia solicitada no fue concedida por el Justicialismo. El SPR fue recibido por la vicegobernadora, en su calidad de presidenta de la Cámara Alta, con quien hubo coincidencia acerca de que el "interés legítimo" contradice el derecho que corresponde a los ciudadanos y niega el espíritu de una ley en la materia.
Sobre el final del período de sesiones extraordinarias, los diputados que debían tratar el tema en segunda revisión -si luego los senadores insistían con la limitación y transformaban el proyecto en ley, el gobernador podía vetar parcialmente los artículos- no sesionaron y el expediente perdió estado parlamentario.
En situación de un volver a comenzar, desde esta Comisión del Sindicato de Prensa Rosario se considera importante que el acuerdo alcanzado por los diputados en diciembre pasado se plasme en un proyecto que ingrese a la Cámara con el acuerdo de todos los bloques. Resultará importante que no se pierda el trayecto recorrido, que fue una buena práctica de convivencia democrática.

En Rosario
La ciudad de Rosario cuenta desde 2001 con la ordenanza Nº 7249, mejorada luego por otra norma, la Nº 7827 del 2005, que consagra en el ámbito de la ciudad el derecho de acceso a la información pública para todas las personas y la posiciona, junto a otras pocas en el país, entre las más avanzadas en la materia.
Sin embargo el texto, contenido y alcance de esa ordenanza no es conocido por los habitantes de la ciudad ni por las organizaciones del más amplio espectro de la actividad rosarina. De allí que el SPR junto al CIPPEC pidió audiencia al intendente Miguel Lifschitz, una reunión que se concretó el 27 de marzo de 2006.
En esa oportunidad se planteó la necesidad de avanzar en las formas de conocimiento de la legislación local que permitan una verdadera y activa participación de los vecinos de la ciudad.
Para ello se propuso que a través de todos los mecanismos que el municipio posee a su alcance se difunda la existencia de la ordenanza y a la vez se organicen charlas que desde la estructura de descentralización de la ciudad, como desde la propia Universidad Nacional, posibiliten una amplia difusión acerca de qué es posible preguntar sobre la información en poder del gobierno rosarino.
Lifschitz se comprometió a estudiar las formas de instrumentar esa tarea de difusión y conocimiento.