Agnes Callamard, directora de artículo 19, en defensa de la libertad de expresión.Artículo 19 es una ONG con asiento en Londres que se dedica a defender y promover la libertad de expresión y el acceso a la información. La francesa Agnès Callamard, directora de la organización, señala que en Argentina, en el 2006 “fueron archivados todos los esfuerzos por desarrollar el acceso a la información”.
Por Andrew Graham-Yooll
–Para los que no tienen noción de la existencia de Artículo 19, ¿cómo opera en estos momentos?
–Desde hace tres años (es decir, desde que llegó ella a ser directora ejecutiva), hemos incrementado el personal a 26 personas. La base de la acción está en Londres desde los comienzos, hace más de veinte años. Pero además estamos tratando de salir de Inglaterra para ampliar la acción en el exterior. Tenemos una oficina en México DF, con un plantel de cinco personas; otra en Brasil, con dos personas. También tenemos oficina en Nairobi, Kenia, con dos, una persona en el Líbano, otra en Nepal, y estamos por abrir una agencia en Bangladesh. La estrategia de Artículo 19, su visión y objetivo son ahora tratar de localizar actividades para maximizar nuestro impacto, en términos de apoyar a entidades similares, con asesoramiento en dirigencia en derechos humanos y estar en el lugar preciso cuando la oportunidad requiere visibilidad en la defensa de la libertad de expresión. Debo decir que esta visión y las prioridades han sido efectivas. Cómo seguimos adelante para seguir expandiendo y sosteniendo la acción dependerá de nuestra financiación y de la forma en que nos desarrollamos económicamente.
–¿De dónde provienen los fondos de esta ONG?
–Por suerte nuestra base de ingresos es bastante amplia. Es uno de los aspectos positivos de Artículo 19. Tenemos una media docena de donantes fuertes que nos proveen anualmente de las cifras mayores para nuestra actividad. Entre ellos está la Fundación Soros, la Fundación Ford, el gobierno sueco a través de su oficina de desarrollo internacional (SIDA), el gobierno británico mediante una ONG de apoyo al desarrollo en el exterior, y la Fundación Rausing, que es uno de los donantes más generosos.
–Vistos desde afuera, nunca hallé una razón clara de por qué Artículo 19 y la revista Index on Censorship no pudieron aunar esfuerzos. Fue un problema desde el comienzo cuando el iniciador de Artículo 19, el fallecido Martin Ennals, ex secretario general de Amnistía Internacional, y Philip Spender, director de la Writers and Scholars Educational Trust, que publicaba Index on Censorship, no pudieron llegar a un acuerdo. Me pregunto si fue solamente un conflicto de personalidades, o si hubo algo más. En general, la dispersión de los esfuerzos de derechos humanos, muchas veces por diferencias ideológicas o económicas, me parece una lástima. Se desperdician tiempo y fondos.
–Vea, no puedo hablar de ese pasado, que usted vivió como director de la revista, porque yo no estaba en esos tiempos. Lo que sí le puedo decir es que hoy estamos tratando de trabajar en la forma más coordinada posible. Verá que compartimos el mismo edificio. Además, la mayor parte de nuestra acción por la libertad de expresión en el Reino Unido se desarrolla en combinación con la revista Index..., y con el Centro PEN de Inglaterra (ex PEN Club, organización internacional de escritores). El noventa por ciento de la acción aquí se hace en base a la colaboración entre las tres oficinas. Además, existen negociaciones, que preceden a mi arribo a Artículo 19, que se vienen desarrollando con seis grupos más. Para reforzar la acción conjunta y la relación de las nueve organizaciones, en este momento se promueve un plan de promoción de alfabetización y literatura. Esto requiere mucho estudio si se va a instalar en sociedades muy diferentes. El objetivo es crear un centro mundial de libertad de expresión y literatura. Por ahora se monitorea toda nueva legislación que atañe a libertad de expresión. Si pensamos, ahora hablamos de solamente las tres primeras agencias, que un proyecto de legislación constituye una amenaza a la libertad de expresión, haremos un análisis y un informe acerca de la naturaleza de lo que vemos como amenaza. Nos unimos para responder en la forma más efectiva posible a lo que parece tergiversar una libertad esencial en la democracia. Aclaro que lo de abrirnos a un programa de alfabetización no está en el programa de Artículo 19 en la actualidad. Es un proyecto para el futuro y requiere de mucho más esfuerzo que el que podemos aportar los entes que mencioné. La idea es desarrollar una recomendación de política de alfabetización en todo el mundo y eso no es tarea fácil. La promoción de la alfabetización y del desarrollo de la literatura mediante traducciones, etc; ya es parte de la acción de otras ONG entre las nueve que mencioné. El proyecto será de otros, nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a defender la libertad del emprendimiento. Por ahora se organizan seminarios y conferencias para elevar la concientización de la necesidad de la libertad de expresión en los programas de alfabetización.
–Siempre que me encuentro con una organización como Artículo 19 me llevo la impresión de que América latina es una región secundaria para ustedes. El interés británico, y más generalmente, europeo, parece concentrarse en países de Africa, Medio Oriente y regiones asiáticas.
–Creo que eso está cambiando. Es cierto que en Africa la impresión es que Artículo 19 tiene una actividad regional, que no es lo mismo en Asia y Europa, donde la acción se radica en países individuales. También en Medio Oriente nuestra acción es relativamente nueva, de tan sólo dos años. Tenemos dos personas en la región, y nuestra labor se concentra en Irak, Yemen y un poco en Egipto. Vamos a hacer más en América latina a través de un programa iniciado hace dos años que busca establecer contacto con organizaciones de base, para atender a cambios conceptuales. Verá que América latina hoy se está convirtiendo en punto de mayor atención para el Reino Unido y Europa. En esa región se va ampliando el trabajo pero no puede considerarse regional. Hemos comenzado a trabajar en México y por ahora seguiremos avanzando país por país. El hecho de referencia es que un periódico mexicano en idioma inglés, The Reporter, dijo en noviembre que Artículo 19 se ha establecido como voz y autoridad en lo que hace a la libertad de expresión. También hemos logrado llamar la atención de los medios en Brasil, cosa que no es fácil. Pero ésas son oficinas locales, y no regionales. No hemos hecho mucho en la Argentina, ni lo intentamos si bien en 2005 y 2006 hemos estado presentes mediante un admirable socio, que es la Asociación de Derechos Civiles (ADC). Uno de nuestros fracasos en América latina ha sido que los gobiernos, me refiero en general, son reacios a llevar adelante la legislación para el derecho de acceso a la información. En la Argentina en 2006 nos pareció que todos los esfuerzos por desarrollar el derecho a la información se archivaron. Se cayó todo en ese 2006 quizá debido al desprecio por el tema demostrado por el presidente de la República. Posiblemente no entendió bien los beneficios de fortalecer la democracia implícitos en la liberación del acceso a la información.Espero que podamos convencer a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la importancia de la transparencia informativa oficial y que haga de ella una prioridad. Hay que reconocer que hubo buenos ejemplos de decisiones en el tribunal y en la subcomisión interamericana de derechos humanos en lo que se refiere al acceso a la información. Pero varios gobiernos, con razonamientos bastante problemáticos, no han tomado los recaudos necesarios. Brasil es un ejemplo de un gobierno que pudo tomar algunos pasos en el tema, pero ahora esos pasos parecen más un baile, dos adelante, tres para atrás. Luego se mueven a un costado para desmentir que se ignora el tema. Es ridículo que democracias establecidas se comporten de esta forma. Por un lado las autoridades, en Brasil y en otros países, reconocen que la transparencia es una parte esencial del progreso democrático, pero no hay movimiento hacia ese progreso. Venezuela es otro caso de lamentar. La sociedad en ese país está tan polarizada que es muy difícil para una organización internacional anunciar una acción imparcial en cuanto a situaciones controvertidas y ser aceptada como creíble. En todo momento algún grupo saldrá a usar un análisis nuestro para beneficio de su bando. Venezuela es un campo minado. Cualquiera sean las circunstancias históricas, o las justificaciones históricas posibles que la gente quiera instalar en el escenario político, no se puede justificar la represión actual de la libertad de expresión. No corresponde a la visión que propuso el presidente Hugo Chávez en años recientes. El anunció un proyecto de justicia social, de justicia internacional, de mayor igualdad. Nada de eso se equipara con restringir la libertad de expresión. Aun cuando todos los medios del país estén contra ese proyecto no se justifica silenciar a los medios. Quiero hacer notar que siempre que se comienza a silenciar las voces de disenso por lo general es imposible detenerse en unas pocas voces. Eso lo enseña la historia. Un sistema que no tolera la crítica, el disenso, se extiende a todos los niveles. Y aclaro que si nosotros defendemos la crítica, no significa que apoyemos lo que dicen las voces del disenso. Significa que para el bien de la sociedad, para el bien de la democracia, el disenso es necesario.
–Su labor principal, la producción de Artículo 19, parece ser la emisión de comentarios y comunicados de prensa. ¿Qué más produce esta organización?
–En realidad, a lo que usted se refiere es tan sólo una pequeña parte de la labor. Por tradición, Artículo 19 no es un actor veloz en la reacción frente a los hechos. No tendemos a responder a las crisis de inmediato, como lo haría Amnistía Internacional. Nuestro proceder por el derecho a la libertad de expresión es dedicarnos a una política estructural, sugerir nuevas posibilidades y métodos, nuevas instituciones, y también hacer una contribución a los diferentes ambientes para la libertad de expresión. Gran parte de nuestro trabajo es a largo plazo, de alcance profundo, llevando el conocimiento internacional a organizaciones y comunidades de base. Combinamos la labor legal, la búsqueda de niveles aceptables, y de contacto entre grupos para la mejor protección de la libertad de expresión. En fin, nuestra labor muchas veces no es muy visible, no alcanza grandes titulares, pero el proceder lentamente es una parte importante de nuestro trabajo. Le doy ejemplos: ofrecemos aprendizaje para el mejor conocimiento y aceptación de la libertad de expresión, entrenamos y elevamos la capacidad de docentes en el tema, organizamos seminarios para debatir nuevos aspectos de la legislación de medios y de comunicaciones. Con frecuencia mensual producimos informes analíticos sobre hechos de actualidad. Por ejemplo, en noviembre publicamos un análisis sobre la legislación china en relación con los medios. Esto se relaciona con los medios mismos, pero también es de interés para todo lo que tiene que ver con intercambio comercial e inversiones. También en noviembre publicamos informes sobre la libertad de expresión en Turquía y el Código Penal Turco. Mucha gente detenida está procesada por ofender lo que se describe como la entidad nacional. Es complejo. Otro de estos informes cubrió la situación de Turquía frente a los kurdos de Irak. Si bien tiene relación con la crisis reciente y la amenaza de invasión por Turquía, el informe es producto de una misión de estudio en julio de 2007. Hace tres años que trabajamos en Sudán, en Jartum, para tratar de elaborar un mecanismo para la libre expresión. Esto no se logra de la noche a la mañana. Hay que llevar a muchos participantes al diálogo. Hay que convencer a mucha gente, en muchos casos muy reacia, para que entiendan que los beneficios que pueden obtener mediante la libertad de expresión pueden ser buenos para su país, para la sociedad y el desarrollo. Esto hacemos. Hacemos muchas reuniones de comprensión, para que la gente pueda entender lo que es la libertad y que les puede ser útil participar en la preparación de políticas que pueden ser debatidas con funcionarios y con la sociedad civil. Luego, en otra etapa, hay que acompañar a la gente para ver si una política, en un cierto contexto, puede funcionar y ser aprobada por una asamblea o una Legislatura. Ese proceso es lento.
–¿Por qué establecieron una oficina tan grande en México? Un ente con cinco personas, frente a un total mundial, incluyendo la central en Londres, de veintiséis personas.
–Creció. Comenzó con dos personas y decidieron que quedaba mucho más por hacer en México. Hay varias ONG muy buenas en el país, pero decidimos que había espacio para la labor de Artículo 19. Por esto estamos desarrollando nuevos proyectos adecuados al medio local. Hay un equipo de cinco personas ahora, pero esto puede no seguir así en un par de años. Los números del personal varían según la naturaleza de los proyectos de investigación. Por ahora no se podría mantener una oficina de cinco personas por cinco años. Nuestra publicación regular, el newsletter, se hace en castellano en México. Aparece cada tantos meses, dependiendo del volumen de nuestra labor. Nosotros aportamos fondos, pero ellos han iniciado un proceso de financiación propio. El director local, Darío Ramírez, es parte del sistema central. Las dos personas en la oficina de San Pablo, encabezada por Paula Martins, también. No tenemos otras delegaciones en la región, pero como dije tenemos muy buenos socios en Buenos Aires, donde funciona la ADC. En Santiago de Chile trabajamos con Pro Acceso. Nuestros socios regionales son IPYS, en Lima, Perú. Con la gente en Chile estamos trabajando para lograr mayor transparencia en el acceso a la información. Debo decir que mientras no parezcamos muy involucrados en América latina como región, es importante que la gente nos acompañe mostrando mayor interés en los asuntos de la región, más allá de sus propias fronteras. Hay que comprometerse e interesarse por lo que sucede afuera, meterse en temas internacionales. Las naciones latinoamericanas se están convirtiendo en actores de primera línea en los hechos internacionales, por lo que es prioritario que presten sus voces a situaciones de libertad de expresión en lugares como Burma o Pakistán o China. La región debe ser escuchada. La sociedad civil en América latina es una de las más vibrantes del mundo, y sería fantástico que se tomara un rol más grande en hechos mundiales. Hasta ahora la región ha mirado demasiado hacia adentro.
–Toda esta labor, ¿llega al público en algún lugar?
–El objetivo es llegar a un público más amplio, no especializado, interesado en aportes que son centrales a la política pero que no son de uso corriente. Ahora ni siquiera tenemos mucho espacio en los grandes medios que parecemos defender. Los medios, en realidad, tienen una mala prensa. Cada vez que se publican esos sondeos de opinión sobre la percepción pública de las instituciones que consideran confiables, los medios están lejos del primer puesto. Hay bastante desconfianza de los medios en Europa. Por lo tanto hay mucho trabajo de campo para hacer para llegar al público y para explicar lo que es libertad de expresión en los mismos medios. Tenemos que explicar por qué importa, reforzar la comprensión, por qué hay que tolerar algo de las expresiones consideradas extremistas porque es importante para la salud de la democracia. No es un mensaje fácil de entregar. En eso estamos.
¿Por que Agnes Callamard?
Una mujer en campaña
Con un currículum como activista por los derechos humanos, principalmente en derechos de la mujer, y de grupos de minorías, Agnès Callamard dirige la oficina londinense de Artículo 19, una ONG fundada y lanzada con base en el concepto del pasaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese Artículo 19 dice que “todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión: este derecho incluye la libertad de sostener opinión sin interferencias y de buscar, recibir y transmitir información e ideas a través de los medios sin mediar fronteras”.
Más allá de la declaración, la organización Artículo 19 se define como responsable de la “campaña global por la libertad de expresión”. Callamard tiene un doctorado en relaciones internacionales, con especialización en los problemas de refugiados de Mozambique y Malawi.
Francesa, con un fuerte acento en su inglés, ha vivido en Inglaterra durante nueve años en distintas etapas desde 1995. Fue docente en Toronto, Canadá, luego pasó cinco años en Amnistía Internacional en su oficina central en Londres, después creó una oficina de responsabilidad civil en Ginebra, Suiza (Humanitarian Accountability Partnership, www.ap.org), que monitorea las funciones civiles en circunstancias como desastres naturales.
En octubre de 1994 fue nombrada directora de Artículo 19. La organización, en sus orígenes, intentó fusionarse a mediados de los años ochenta con la revista especializada trimestral Index on Censorship, iniciada en 1972. La unión no se logró y quedaron socios para las campañas internacionales por la libertad de expresión. Quizá la acción más conocida de Artículo 19 fue a fines de los ochenta y comienzos de los noventa, cuando su entonces directora, Frances De Souza, hoy miembro de la Cámara alta británica, pasó a ser la principal vocera y negociadora en las cuestiones relativas a la amenaza de muerte, o Fatua, declarada por el dirigente iraní ayatolá Khomeini, contra el escritor indo-británico Salman Rushdie. En esos años, la defensa de Salman Rushdie requirió de todo el esfuerzo de Artículo 19.
Hoy la acción es diferente, menos estridente, más negociadora, conducente a educar e instalar la concientización de los beneficios de la libertad de expresión como forma de respaldar la democracia. Callamard es ahora la activista más conocida en esta labor.
Fuente: Página/12
