La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario y el Foro de Comunicación Santafesino (Focos) repudia la media sanción que los senadores justicialistas le dieron ayer a su proyecto de acceso a la información de carácter restrictivo y destaca que esta iniciativa no refleja el espíritu de la norma que la sociedad santafesina necesita y que le dará mayor transparencia a la gestión pública, a la vez que garantizará el derecho de la ciudadanía a buscar y recibir información pública. Junto a la red de organizaciones sociales de la provincia y del país que desde hace años elevan su reclamo en este sentido, seguiremos bregando porque prime el consenso de las fuerzas políticas y se consagre una norma sin restricciones ni artilugios de ningún tipo.
Después de cuatro años de dilaciones, la decisión que tomó ayer la bancada mayoritaria de la Cámara alta genera una confusa situación legislativa que retrasará la aprobación definitiva de la ley. A partir de ahora existen dos iniciativas con media sanción -la de los senadores justicialistas y la de todos los bloques de diputados- inspiradas en objetivos diferentes. De esta manera se posterga una vez más la posibilidad de profundizar la democracia en nuestra provincia.
Conviene recordar que en agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley y quedaron incorporadas en la norma que obtuvo media sanción ayer.
Por ello, desde el Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) y la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, manifestamos nuestro rechazo al procedimiento legislativo utilizado por los senadores justicialistas y advertimos sobre el riesgo que significan algunas cláusulas o expresiones contenidas en el proyecto aprobado.
En primer lugar, se entiende como información pública la "acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido es de interés general", introduciendo una distinción sobre el carácter general o particular de los datos que significa una peligrosa limitación (Artículo 1º). ¿Quién y cómo define si una información en poder de algún organismo del Estado es de "interés general" y puede ser conocida por el público?
En segundo término, se establece que todos los órganos y entes alcanzados por la ley "deben generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información" (Artículo 7º). Esta disposición se complementa con el Artículo 8º del proyecto, que limita la solicitud de información "a lo informado en el índice por el órgano o ente que corresponda". De esta manera sólo se podrían conocer los datos incorporados al listado elaborado por los distintos órganos y entes alcanzados por la ley.
En tercer lugar, merece reproche la fijación de aranceles (aunque mínimos) contrarios al principio de que la información pública debe ser gratuita salvo sus costos de reproducción; la obligación de exponer motivos al momento de requerir información; y el estiramiento de los plazos para responder una solicitud.
Sin embargo, el aspecto más peligroso del proyecto de los senadores justicialistas es la introducción de un procedimiento para establecer la reserva o confidencialidad de determinada información por espacio de treinta años, por razones tan amplias como seguridad, defensa, inteligencia, contrainteligencia, política económica financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica. (Artículo 15º)
Para establecer la reserva o confidencialidad de una información sólo hace falta un decreto, resolución o acordada. Con este subrepticio dispositivo los senadores justicialistas refuerzan la cultura del secreto y el ocultamiento que ha imperado en la provincia en los últimos 25 años.
19 de octubre de 2007
Foro de Comunicación Santafesino - FOCOS
Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico - SPR
Integrantes de la Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación - FETRACCOM - CTA
viernes, 19 de octubre de 2007
martes, 16 de octubre de 2007
Basta de restricciones. Reclamo a los senadores que tratarán la ley de acceso a la información
Ante la posibilidad de que el próximo jueves 18 de octubre la Cámara de Senadores de la provincia trate la ley de acceso a la información, la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario y el Foro de Comunicación Santafesino (Focos) exhortan una vez más a los legisladores a aprobar un proyecto que garantice el acceso universal a los datos de los tres Poderes del Estado, sin cláusulas o expresiones de sesgo limitativo que atenten contra el derecho a buscar y recibir información pública.
En agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información, tal como desde hace años viene reclamando una red de organizaciones sociales de la provincia y del país. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley, que se propone permitir a todos los ciudadanos sin limitaciones el conocimiento de la información producida por el Estado en sus distintos niveles.
Este jueves la Cámara alta podría tratar ambas iniciativas, de allí que los trabajadores de prensa de la provincia llamamos a la reflexión a los legisladores para que no se inclinen una vez más por la cultura del secreto y el ocultamiento. Los senadores se encuentran ante la oportunidad histórica de aprobar una ley de acceso a la información, lo que sucedería si se refrenda al proyecto girado por Diputados el año pasado. De lo contrario, los santafesinos nos encontraríamos frente a dos iniciativas con media sanción -la de los senadores justicialistas y la de los diputados-, lo que además de contrariar la profundización de la democracia y la transparencia de la gestión pública sumaría confusión en cuanto a la técnica legislativa. Y eso, en definitiva, retrasará la aprobación de la norma que la sociedad reclama y que respaldan tanto el gobernador Jorge Obeid y la vicegobernadora María Eugenia Bielsa como el futuro mandatario Hermes Binner.
16 de octubre de 2007
Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico-SPR Foro de Comunicación Santafesino (Focos)
Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom-CTA)
En agosto de 2006 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto, consensuado entre diferentes fuerzas políticas, que consagra el acceso a la información, tal como desde hace años viene reclamando una red de organizaciones sociales de la provincia y del país. Sorpresivamente, el mismo día doce senadores justicialistas presentaron otro proyecto que, aunque no contiene la cláusula del interés legítimo introducida por ellos mismos en 2004, incluye restricciones en otros artículos. Tales limitaciones conspiran contra el espíritu de la ley, que se propone permitir a todos los ciudadanos sin limitaciones el conocimiento de la información producida por el Estado en sus distintos niveles.
Este jueves la Cámara alta podría tratar ambas iniciativas, de allí que los trabajadores de prensa de la provincia llamamos a la reflexión a los legisladores para que no se inclinen una vez más por la cultura del secreto y el ocultamiento. Los senadores se encuentran ante la oportunidad histórica de aprobar una ley de acceso a la información, lo que sucedería si se refrenda al proyecto girado por Diputados el año pasado. De lo contrario, los santafesinos nos encontraríamos frente a dos iniciativas con media sanción -la de los senadores justicialistas y la de los diputados-, lo que además de contrariar la profundización de la democracia y la transparencia de la gestión pública sumaría confusión en cuanto a la técnica legislativa. Y eso, en definitiva, retrasará la aprobación de la norma que la sociedad reclama y que respaldan tanto el gobernador Jorge Obeid y la vicegobernadora María Eugenia Bielsa como el futuro mandatario Hermes Binner.
16 de octubre de 2007
Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico-SPR Foro de Comunicación Santafesino (Focos)
Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom-CTA)
martes, 2 de octubre de 2007
Mujeres trabajan por el acceso a la información pública
En Córdoba, tres ONG promueven este derecho en temas de género.
Para exigir un derecho primero hay que saber de qué se trata. Para controlar la manera en que se cumple un derecho, dónde se destinan los fondos del Estado, hay que saber de qué se trata. Y para saber de qué se trata, existe el derecho al acceso a la información pública. Promover su defensa con un enfoque en temas de género (como la violencia doméstica, la trata de mujeres, la salud, la seguridad y el urbanismo) es el objetivo del proyecto “Mujeres por la equidad y la transparencia”.
A través de la red nacional “Mujeres al borde de la información”, el proyecto (que es más amplio) busca estimular a las mujeres –en forma individual, agrupadas o desde organizaciones– que practiquen pedidos de información pública sobre temas que las involucra directamente.
En Córdoba, hay tres ONG (Organizaciones No Gubernamentales), coordinadas por la Red Nosotras en el Mundo, que ya presentaron diferentes pedidos de información pública.
Entre otros, Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) le solicitó al Ministerio de Seguridad provincial información sobre las detenciones de las trabajadoras sexuales mientras que Ciscsa requirió a la Jefatura Central de Policía información sobre la trata de mujeres.
Los temas sobre los que se puede hacer un pedido son múltiples y pueden afectar a cualquier mujer. Un ejemplo: el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable garantiza a todos el acceso a anticonceptivos de manera gratuita pero en Córdoba se registraron faltantes de anticonceptivos inyectables.
Va otro ejemplo. Una mujer se toma todos los días un colectivo para llevar muy temprano sus hijos al colegio. De un día para el otro se cambia el recorrido y la mujer tiene que atravesar varios baldíos donde, además, no hay iluminación.
Visita. Con el objetivo de promover el proyecto, subvencionado por Unifem y Undef –los fondos de Naciones Unidas para la mujer y para la democracia, respectivamente–, ayer visitó Córdoba María Luisa Storani, coordinadora del área de acceso a la información a nivel nacional.
“Queremos que se una más gente, más organizaciones”, dice Storani y explica que cuando se planifican políticas con un presupuesto específico que benefician a las mujeres (por ejemplo, de salud reproductiva) pero luego se desvían los fondos o no llega el dinero, ello impide nivelar las inequidades de género y se presta a actos de corrupción.
La idea, dice Storani, es que durante un año mujeres en todo el territorio argentino realicen los pedidos de información pública y a partir de ello se exija una ley nacional que reconozca el derecho y se promueva modificaciones a leyes y ordenanzas locales ya existentes para que funcionen mejor.
En la actualidad, sólo se cuenta con un decreto nacional que reconoce este derecho incluido en la Constitución Nacional. En Córdoba hay un a ley provincial pero pocos conocen el derecho y muchos menos lo hacen valer.
Correo electrónico: centronosotrasargentina@rednosotrasenelmundo.org
En las páginas www.rednosotrasenelmundo.org y www.mujeranticorrupcion.org.ar
Fuente: La Voz del Interior
Para exigir un derecho primero hay que saber de qué se trata. Para controlar la manera en que se cumple un derecho, dónde se destinan los fondos del Estado, hay que saber de qué se trata. Y para saber de qué se trata, existe el derecho al acceso a la información pública. Promover su defensa con un enfoque en temas de género (como la violencia doméstica, la trata de mujeres, la salud, la seguridad y el urbanismo) es el objetivo del proyecto “Mujeres por la equidad y la transparencia”.
A través de la red nacional “Mujeres al borde de la información”, el proyecto (que es más amplio) busca estimular a las mujeres –en forma individual, agrupadas o desde organizaciones– que practiquen pedidos de información pública sobre temas que las involucra directamente.
En Córdoba, hay tres ONG (Organizaciones No Gubernamentales), coordinadas por la Red Nosotras en el Mundo, que ya presentaron diferentes pedidos de información pública.
Entre otros, Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) le solicitó al Ministerio de Seguridad provincial información sobre las detenciones de las trabajadoras sexuales mientras que Ciscsa requirió a la Jefatura Central de Policía información sobre la trata de mujeres.
Los temas sobre los que se puede hacer un pedido son múltiples y pueden afectar a cualquier mujer. Un ejemplo: el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable garantiza a todos el acceso a anticonceptivos de manera gratuita pero en Córdoba se registraron faltantes de anticonceptivos inyectables.
Va otro ejemplo. Una mujer se toma todos los días un colectivo para llevar muy temprano sus hijos al colegio. De un día para el otro se cambia el recorrido y la mujer tiene que atravesar varios baldíos donde, además, no hay iluminación.
Visita. Con el objetivo de promover el proyecto, subvencionado por Unifem y Undef –los fondos de Naciones Unidas para la mujer y para la democracia, respectivamente–, ayer visitó Córdoba María Luisa Storani, coordinadora del área de acceso a la información a nivel nacional.
“Queremos que se una más gente, más organizaciones”, dice Storani y explica que cuando se planifican políticas con un presupuesto específico que benefician a las mujeres (por ejemplo, de salud reproductiva) pero luego se desvían los fondos o no llega el dinero, ello impide nivelar las inequidades de género y se presta a actos de corrupción.
La idea, dice Storani, es que durante un año mujeres en todo el territorio argentino realicen los pedidos de información pública y a partir de ello se exija una ley nacional que reconozca el derecho y se promueva modificaciones a leyes y ordenanzas locales ya existentes para que funcionen mejor.
En la actualidad, sólo se cuenta con un decreto nacional que reconoce este derecho incluido en la Constitución Nacional. En Córdoba hay un a ley provincial pero pocos conocen el derecho y muchos menos lo hacen valer.
Correo electrónico: centronosotrasargentina@rednosotrasenelmundo.org
En las páginas www.rednosotrasenelmundo.org y www.mujeranticorrupcion.org.ar
Fuente: La Voz del Interior
domingo, 30 de septiembre de 2007
Adepa denunció a políticos que dificultan el acceso a la información pública
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA), cuya 45 Asamblea anual se está realizando en Mendoza, señaló que en la Argentina subsisten condicionamientos a la libertad de prensa provenientes de los poderes públicos y además "estilos de gestión cerrados" que tienen "dificultades para comprender que la información pública es un derecho de la ciudadanía".
Además, ADEPA advirtió que algunos gobiernos de la región adoptan la confrontación con la prensa como estrategia y planteó que el periodismo analiza la gestión de gobierno, pone de relieve los actos sospechados de corrupción y señalas los abusos de poder, "sin aceptar interferencias gubernamentales.
En su Informe Anual sobre Libertad de Prensa, ADEPA también denunció que desde el Estado se reiteraron "descalificaciones" a periodistas y "hostigamientos" a medios por su línea editorial, volvió a insistir sobre el uso discrecional de los recursos públicos que, en algunos casos, sirvieron para "castigar la discrepancia y premiar la afinidad" y recordó, como ejemplo, un último pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el Diario "Río Negro".
En la 45 Asamblea que se realiza en nuestra provincia, la entidad que nuclea a los editores dio a conocer su opinión al respecto y a modo de balance anual, a través del titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Gamond.
Este es el texto completo de las conclusiones:
"ADEPA considera que, como sucede desde la restauración democrática de 1983, merced a la custodia de la sociedad y fundamentada en la Constitución, la libertad de prensa está vigente en el país. Sin embargo, subsisten condicionamientos derivados de quienes desde los poderes públicos insisten en desconocer su función institucional. "No podemos dejar de señalar que el contexto en el que se desarrolla el trabajo de la prensa -a nivel nacional, provincial y local- tampoco resulta ajeno al proceso de deterioro institucional y cultural que la sociedad argentina viene sufriendo desde hace largos años.
"Como otras instituciones del país que enfrentan desafíos para resguardar el lugar que el orden republicano les otorga, la prensa ha seguido padeciendo dificultades y tensiones que en muchos casos exceden el normal desenvolvimiento del sistema de frenos y contrapesos de toda democracia.
"No sólo ha subsistido la falta de un diálogo institucional maduro y transparente entre gobernantes y medios periodísticos. También se mantuvieron vigentes estilos de gestión cerrados sobre sí mismos, con dificultades para comprender que la información pública es un derecho de la ciudadanía, respecto del cual la prensa constituye un intermediario crítico y necesario.
"Esto hace imprescindible la pronta sanción de la demorada ley de acceso a la información pública en aquellas jurisdicciones judiciales que no lo hayan promulgado, así como el dictado de normas que sustituyan la Ley de Radiodifusión vigente desde hace muchos años y ajena a los principios republicanos. "Desde distintas jurisdicciones del Estado se reiteraron descalificaciones a periodistas por el mero ejercicio de su tarea de investigación y hostigamientos a medios por su línea editorial. Al igual que el uso discrecional de recursos, utilizados no como herramienta racional de difusión de actos de gobierno, sino en determinados casos- para castigar la discrepancia y premiar la afinidad.
"Siguen pendientes, desde la crisis de 2001-2002, las respuestas oficiales a la situación de vulnerabilidad económica en la que se sumergió gran parte de la prensa nacional, sobre todo en el caso de las medianas y pequeñas publicaciones del interior del país. Los medios enfrentan hoy graves contingencias derivadas de los cambios macroeconómicos, impositivos y regulatorios que alteraron su ecuación financiera y que nunca fueron abordados, como en otros sectores de la vida nacional.
"Así mismo, vemos con preocupación la tendencia creciente a resolver conflictos puntuales o sectoriales mediante prácticas de impacto general que, al bloquear la libre circulación de personas, bienes o ideas, violentan la convivencia y los principios constitucionales.
"Valoramos como expresión positiva de uno de los poderes del Estado, la profundización del diálogo planteado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para generar una comunicación fluida con toda la sociedad a través de la prensa. Un claro ejemplo de republicanismo lo constituye el reciente pronunciamiento del Alto Tribunal (fallo Río Negro s/amparo) sobre los criterios de racionalidad y no discriminación que deben guiar la distribución de la publicidad oficial para no afectar la libertad de prensa.
"La prensa argentina ha ejercido, en su inmensa mayoría, su papel de manera cabal, contribuyendo a la más amplia y correcta información de la ciudadanía. Debe destacarse su aporte al esclarecimiento de casos de indudable trascendencia social y a la puesta en agenda de temas de fuerte incidencia pública.
"Así es que en nuestra condición de editores analizamos la gestión de gobierno, ponemos de relieve los actos sospechados de corrupción y señalamos los abusos de poder sin aceptar interferencias gubernamentales. "La libertad de prensa que ratificamos es la que se sustenta en la legalidad, en la equidad, en el ejercicio de la actividad periodística desde el vientre mismo de la democracia republicana, que nos supone asumiendo con responsabilidad el riesgo profesional y empresario. Además capacitándonos y alentando la formación profesional de nuestros colaboradores, incorporando tecnología, digitalizando nuestros productos y generando los recursos que nos hagan económicamente sustentables como garantía del cumplimiento de nuestra misión periodística.
"Sabemos bien que las tensiones y conflictos entre el poder y la prensa no son un fenómeno exclusivo de nuestro país. ADEPA lo ha señalado así en mayo pasado cuando advirtió sobre los riesgos que se percibían para la tarea periodística en el ámbito continental.
"Algunos gobiernos de la región adoptan la confrontación con la prensa como estrategia, usando tácticas diferentes como la ausencia de diálogo, la descalificación a medios o periodistas y, en situaciones más graves, la hostilidad abierta. Es quizás Venezuela el país donde se ha producido el avance más elocuente. Allí se retiró la licencia de la que RCTV era titular desde 1953, por difundir opiniones críticas sobre la actual gestión de gobierno. También es sombrío el panorama en Bolivia y Ecuador que parecen reproducir poco a poco la matriz autocrática de Cuba.
"Desde nuestro lugar, y frente al nuevo período institucional que se abre de cara a un cuarto de siglo ininterrumpido de democracia, ADEPA alienta la esperanza de que se inicie una etapa de diálogo, con vistas a la reafirmación institucional del país. "Una etapa donde todas las instituciones, entre ellas la prensa, encuentren el ambiente propicio para su fortalecimiento al servicio de la República".
Fuente: DyN
Además, ADEPA advirtió que algunos gobiernos de la región adoptan la confrontación con la prensa como estrategia y planteó que el periodismo analiza la gestión de gobierno, pone de relieve los actos sospechados de corrupción y señalas los abusos de poder, "sin aceptar interferencias gubernamentales.
En su Informe Anual sobre Libertad de Prensa, ADEPA también denunció que desde el Estado se reiteraron "descalificaciones" a periodistas y "hostigamientos" a medios por su línea editorial, volvió a insistir sobre el uso discrecional de los recursos públicos que, en algunos casos, sirvieron para "castigar la discrepancia y premiar la afinidad" y recordó, como ejemplo, un último pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el Diario "Río Negro".
En la 45 Asamblea que se realiza en nuestra provincia, la entidad que nuclea a los editores dio a conocer su opinión al respecto y a modo de balance anual, a través del titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Gamond.
Este es el texto completo de las conclusiones:
"ADEPA considera que, como sucede desde la restauración democrática de 1983, merced a la custodia de la sociedad y fundamentada en la Constitución, la libertad de prensa está vigente en el país. Sin embargo, subsisten condicionamientos derivados de quienes desde los poderes públicos insisten en desconocer su función institucional. "No podemos dejar de señalar que el contexto en el que se desarrolla el trabajo de la prensa -a nivel nacional, provincial y local- tampoco resulta ajeno al proceso de deterioro institucional y cultural que la sociedad argentina viene sufriendo desde hace largos años.
"Como otras instituciones del país que enfrentan desafíos para resguardar el lugar que el orden republicano les otorga, la prensa ha seguido padeciendo dificultades y tensiones que en muchos casos exceden el normal desenvolvimiento del sistema de frenos y contrapesos de toda democracia.
"No sólo ha subsistido la falta de un diálogo institucional maduro y transparente entre gobernantes y medios periodísticos. También se mantuvieron vigentes estilos de gestión cerrados sobre sí mismos, con dificultades para comprender que la información pública es un derecho de la ciudadanía, respecto del cual la prensa constituye un intermediario crítico y necesario.
"Esto hace imprescindible la pronta sanción de la demorada ley de acceso a la información pública en aquellas jurisdicciones judiciales que no lo hayan promulgado, así como el dictado de normas que sustituyan la Ley de Radiodifusión vigente desde hace muchos años y ajena a los principios republicanos. "Desde distintas jurisdicciones del Estado se reiteraron descalificaciones a periodistas por el mero ejercicio de su tarea de investigación y hostigamientos a medios por su línea editorial. Al igual que el uso discrecional de recursos, utilizados no como herramienta racional de difusión de actos de gobierno, sino en determinados casos- para castigar la discrepancia y premiar la afinidad.
"Siguen pendientes, desde la crisis de 2001-2002, las respuestas oficiales a la situación de vulnerabilidad económica en la que se sumergió gran parte de la prensa nacional, sobre todo en el caso de las medianas y pequeñas publicaciones del interior del país. Los medios enfrentan hoy graves contingencias derivadas de los cambios macroeconómicos, impositivos y regulatorios que alteraron su ecuación financiera y que nunca fueron abordados, como en otros sectores de la vida nacional.
"Así mismo, vemos con preocupación la tendencia creciente a resolver conflictos puntuales o sectoriales mediante prácticas de impacto general que, al bloquear la libre circulación de personas, bienes o ideas, violentan la convivencia y los principios constitucionales.
"Valoramos como expresión positiva de uno de los poderes del Estado, la profundización del diálogo planteado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para generar una comunicación fluida con toda la sociedad a través de la prensa. Un claro ejemplo de republicanismo lo constituye el reciente pronunciamiento del Alto Tribunal (fallo Río Negro s/amparo) sobre los criterios de racionalidad y no discriminación que deben guiar la distribución de la publicidad oficial para no afectar la libertad de prensa.
"La prensa argentina ha ejercido, en su inmensa mayoría, su papel de manera cabal, contribuyendo a la más amplia y correcta información de la ciudadanía. Debe destacarse su aporte al esclarecimiento de casos de indudable trascendencia social y a la puesta en agenda de temas de fuerte incidencia pública.
"Así es que en nuestra condición de editores analizamos la gestión de gobierno, ponemos de relieve los actos sospechados de corrupción y señalamos los abusos de poder sin aceptar interferencias gubernamentales. "La libertad de prensa que ratificamos es la que se sustenta en la legalidad, en la equidad, en el ejercicio de la actividad periodística desde el vientre mismo de la democracia republicana, que nos supone asumiendo con responsabilidad el riesgo profesional y empresario. Además capacitándonos y alentando la formación profesional de nuestros colaboradores, incorporando tecnología, digitalizando nuestros productos y generando los recursos que nos hagan económicamente sustentables como garantía del cumplimiento de nuestra misión periodística.
"Sabemos bien que las tensiones y conflictos entre el poder y la prensa no son un fenómeno exclusivo de nuestro país. ADEPA lo ha señalado así en mayo pasado cuando advirtió sobre los riesgos que se percibían para la tarea periodística en el ámbito continental.
"Algunos gobiernos de la región adoptan la confrontación con la prensa como estrategia, usando tácticas diferentes como la ausencia de diálogo, la descalificación a medios o periodistas y, en situaciones más graves, la hostilidad abierta. Es quizás Venezuela el país donde se ha producido el avance más elocuente. Allí se retiró la licencia de la que RCTV era titular desde 1953, por difundir opiniones críticas sobre la actual gestión de gobierno. También es sombrío el panorama en Bolivia y Ecuador que parecen reproducir poco a poco la matriz autocrática de Cuba.
"Desde nuestro lugar, y frente al nuevo período institucional que se abre de cara a un cuarto de siglo ininterrumpido de democracia, ADEPA alienta la esperanza de que se inicie una etapa de diálogo, con vistas a la reafirmación institucional del país. "Una etapa donde todas las instituciones, entre ellas la prensa, encuentren el ambiente propicio para su fortalecimiento al servicio de la República".
Fuente: DyN
viernes, 28 de septiembre de 2007
Nuevo reclamo por la Ley de Acceso a la Información Pública
En el Día Mundial del Derecho a Saber
El Día del Derecho a Saber se conmemora el 28 de septiembre en todo el mundo. La fecha fue consagrada en un encuentro internacional de organizaciones que promueven el acceso a la información pública, realizado en Bulgaria en 2002, donde se creó además la Red de Defensores del Acceso a la Información.
Desde la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, reafirmamos en este 28 de septiembre nuestro reclamo a las autoridades santafesinas para que se promulgue una ley de acceso a la información pública de los tres poderes del Estado. Desde hace años venimos impulsando junto a una red de organizaciones, nacionales y provinciales, del ámbito gremial, social, comunitario, estudiantil, académico y de derechos humanos, la sanción de una norma que garantice el derecho de todos y todas a acceder a los datos que obran en poder del Estado, ya que la información pública no es un bien que pertenezca a los gobiernos ni a un sector determinado sino a toda la sociedad. Además, y fundamentalmente, ejercitar el derecho a saber asegura el funcionamiento, la profundización y el fortalecimiento de la democracia.
En ese sentido, y en el marco de la campaña “Queremos saber”, en agosto pasado presentamos un video en el que los candidatos a gobernador manifestaron su compromiso público con una ley de acceso. Entre ellos se encontraba quien resultó electo como mandatario, Hermes Binner, quien incluso a poco de las elecciones volvió a pronunciarse a favor de promover la norma. Sin embargo, el 14 de septiembre los senadores justicialistas incumplieron una vez más la deuda que mantienen con todos los santafesinos. Se trata de los mismos legisladores que en su momento contradijeron el espíritu del mensaje del Ejecutivo al incluir la cláusula restrictiva del interés legítimo.
Es por eso que bregamos porque la Legislatura haga posible finalmente este anhelo de cientos de organizaciones del más amplio espectro que reclaman la democratización y la transparencia de la gestión pública.
Desde la Comisión continuaremos insistiendo como desde hace años lo hacemos para que el ejercicio de este derecho sea una realidad y no una invocación abstracta. En ese sentido convocamos a todos los santafesinos a sumarse a la campaña de acción ciudadana “Queremos saber”. En el sitio de Internet http://informacionya.blogspot.com/ podrán encontrar información acerca de las acciones encaradas por el Sindicato de Prensa Rosario en la búsqueda de consensos que conlleven a la sanción de una ley de acceso a la información pública. Además, novedades del país y del mundo relacionadas con el tema.
Rosario, 28 de septiembre de 2007
Comisión en defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico
Sindicato de Prensa Rosario
El Día del Derecho a Saber se conmemora el 28 de septiembre en todo el mundo. La fecha fue consagrada en un encuentro internacional de organizaciones que promueven el acceso a la información pública, realizado en Bulgaria en 2002, donde se creó además la Red de Defensores del Acceso a la Información.
Desde la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, reafirmamos en este 28 de septiembre nuestro reclamo a las autoridades santafesinas para que se promulgue una ley de acceso a la información pública de los tres poderes del Estado. Desde hace años venimos impulsando junto a una red de organizaciones, nacionales y provinciales, del ámbito gremial, social, comunitario, estudiantil, académico y de derechos humanos, la sanción de una norma que garantice el derecho de todos y todas a acceder a los datos que obran en poder del Estado, ya que la información pública no es un bien que pertenezca a los gobiernos ni a un sector determinado sino a toda la sociedad. Además, y fundamentalmente, ejercitar el derecho a saber asegura el funcionamiento, la profundización y el fortalecimiento de la democracia.
En ese sentido, y en el marco de la campaña “Queremos saber”, en agosto pasado presentamos un video en el que los candidatos a gobernador manifestaron su compromiso público con una ley de acceso. Entre ellos se encontraba quien resultó electo como mandatario, Hermes Binner, quien incluso a poco de las elecciones volvió a pronunciarse a favor de promover la norma. Sin embargo, el 14 de septiembre los senadores justicialistas incumplieron una vez más la deuda que mantienen con todos los santafesinos. Se trata de los mismos legisladores que en su momento contradijeron el espíritu del mensaje del Ejecutivo al incluir la cláusula restrictiva del interés legítimo.
Es por eso que bregamos porque la Legislatura haga posible finalmente este anhelo de cientos de organizaciones del más amplio espectro que reclaman la democratización y la transparencia de la gestión pública.
Desde la Comisión continuaremos insistiendo como desde hace años lo hacemos para que el ejercicio de este derecho sea una realidad y no una invocación abstracta. En ese sentido convocamos a todos los santafesinos a sumarse a la campaña de acción ciudadana “Queremos saber”. En el sitio de Internet http://informacionya.blogspot.com/ podrán encontrar información acerca de las acciones encaradas por el Sindicato de Prensa Rosario en la búsqueda de consensos que conlleven a la sanción de una ley de acceso a la información pública. Además, novedades del país y del mundo relacionadas con el tema.
Rosario, 28 de septiembre de 2007
Comisión en defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico
Sindicato de Prensa Rosario
"Poca gente sabe que tiene derecho a pedir información al Estado"
El acceso a la información es una herramienta importantísima para poder ejercer otros derechos, como la salud, la educación, la seguridad".
Si bien en Córdoba hay, desde 1999, una ley que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública en los organismos provinciales y municipales y de que, a nivel nacional existe desde 2003 un decreto que posibilita solicitar datos a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, aún no son muchos los ciudadanos que tienen conocimiento de esta herramienta. Y eso ocurre aunque se trate de un arma tan ignorada como relevante para impulsar una mayor transparencia de los actos de gobierno y también para hacer posible, no sólo la participación ciudadana, sino también el ejercicio de numerosos derechos, como la salud o la educación.
Con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial del Acceso a la Información, La Voz del Interior dialogó con la abogada María Julia Giorgelli, responsable de esa área en la Asociación de Derechos Civiles (ADC), una de las principales organizaciones no gubernamentales que desde 2003 trabaja en el tema a nivel nacional.
–¿Cuál es la importancia del acceso a la información para el ciudadano común? ¿Para qué le sirve en concreto?
–Básicamente consiste en el derecho de pedir información que está en manos del Estado, en principio con dos fines. Por una parte, con un objetivo de transparencia y anticorrupción, orientado hacia un control de las cuentas y la cosa pública, como posibilidad de participar en los asuntos públicos. Pero sobre todo, también tiene un carácter instrumental, ya que es una herramienta para ejercer otros derechos constitucionales. Y ése es el rasgo que más nos interesa en ADC.
–¿Qué ejemplos se pueden dar sobre este aspecto instrumental del derecho?
–A la gente le sirve todo el tiempo y, por eso, debería usarlo con más frecuencia. Por ejemplo, en Buenos Aires, se puede preguntar sobre la contaminación del Riachuelo, para saber cuál es el plan de saneamiento que le corresponde definir al Gobierno, y que impacta en el derecho a la salud y de tener un mejor medio ambiente. También se puede preguntar si se puede obtener sin costo un medicamento o un tratamiento; cuáles son los requisitos para acceder a un plan social; en transporte, si se van a reemplazar unidades de transporte público en mal estado, y muchísimas cosas más. O sea que esto permite a gente de distintos sectores sociales y con diferentes necesidades, acceder a un reclamo o a un mejor ejercicio de sus derechos.
–O sea que salud, educación, ambiente, seguridad, serían algunas áreas clave.
–Sí, y también vivienda, derechos del consumidor, derechos políticos, acceso a servicios públicos.
–¿Qué nivel de conocimiento tiene la población sobre la existencia de este derecho?
–No mucho. En nuestra experiencia realmente es muy poca la gente que sabe que tiene el derecho de pedir información al Estado, y de que éste le conteste. Y creo que esto se enmarca en una crisis más general de credibilidad y poca participación en la cosa pública por parte de los ciudadanos, que están bastante escépticos.
–A criterio de ADC ¿cómo incide en esto la poca o nula difusión que se hizo en el país desde el Estado de la existencia de esta herramienta, a diferencia de lo que se hizo en otros países, como Gran Bretaña, donde no sólo se instruyó a los funcionarios para dar información, sino también a los ciudadanos sobre cómo pedirla?
–Creo que acá no se trata sólo del desconocimiento de la existencia de este derecho, sino también que se vincula con una cuestión de carácter cultural, que se da tanto desde el Estado como de la ciudadanía, que es lo que se suele llamar la cultura del secretismo. Esto implica, por un lado, que los funcionarios se ven sorprendidos por la obligación de dar la información, y , también, con que los ciudadanos ignoran que la pueden pedir.
Pero también es verdad que el rol del Estado ha sido bastante pobre. No digo nulo, porque la situación no es igual en todas las provincias. Y, por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo nacional ha habido algún avance, con la existencia del decreto y de la creación de una red de enlaces para responder a los pedidos de información. Pero no es suficiente, porque no hay campañas de instrucción hacia la ciudadanía, ni tampoco hacia el interior del propio Estado. Y aunque se trate de escenarios complejos, es clave potenciar las acciones de implementación de este derecho.
–¿Es suficiente que a nivel nacional exista sólo un decreto y no una ley, como se venía reclamando?
–Aunque es importante que esté el decreto, no es suficiente, porque tiene limitaciones. Por eso durante mucho tiempo trabajamos por la sanción de una ley nacional. Hoy por ejemplo es complicado pedir datos al Poder Judicial o Legislativo, porque el decreto es para el Poder Ejecutivo. Y eso deja mucho margen de discrecionalidad al funcionario que recibe el pedido, y hace que, en definitiva, el derecho no esté totalmente garantizado. Además del tema de que un decreto puede ser modificado por otro presidente, y de que no implica un consenso de la ciudadanía, como sí sucede con la ley.
Para ejercer el derecho ciudadano
Normativa en Córdoba. En la provincia existe la ley N° 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. Por su intermedio, toda persona tiene derecho a recibir información completa, oportuna y veraz de todo órgano de la administración pública provincial, municipal y comunal, así como de entes autárquicos y sociedades del Estado.
La solicitud es gratuita y no se puede exigir al solicitante que exprese el motivo de su requisitoria. El pedido debe hacerse por escrito, y la respuesta debe darse en 10 días hábiles.
Normativa nacional. En el país se cuenta con el decreto presidencial N° 1172/03, que regula el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Es más limitado que una ley y no rige para el Poder Judicial ni para el Poder Legislativo nacional. Obliga a brindar información a todos los organismos del PEN, entidades que funcionen bajo su órbita y a las organizaciones que reciben subsidios del PEN. Tampoco requiere expresar el motivo del pedido, sino sólo identificarse y detallar la información que se requiere.
En otras provincias. En el país ya son 11 las provincias que cuentan con leyes o decretos. Son Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego.
Fuente: La Voz del Interior
Si bien en Córdoba hay, desde 1999, una ley que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública en los organismos provinciales y municipales y de que, a nivel nacional existe desde 2003 un decreto que posibilita solicitar datos a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, aún no son muchos los ciudadanos que tienen conocimiento de esta herramienta. Y eso ocurre aunque se trate de un arma tan ignorada como relevante para impulsar una mayor transparencia de los actos de gobierno y también para hacer posible, no sólo la participación ciudadana, sino también el ejercicio de numerosos derechos, como la salud o la educación.
Con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial del Acceso a la Información, La Voz del Interior dialogó con la abogada María Julia Giorgelli, responsable de esa área en la Asociación de Derechos Civiles (ADC), una de las principales organizaciones no gubernamentales que desde 2003 trabaja en el tema a nivel nacional.
–¿Cuál es la importancia del acceso a la información para el ciudadano común? ¿Para qué le sirve en concreto?
–Básicamente consiste en el derecho de pedir información que está en manos del Estado, en principio con dos fines. Por una parte, con un objetivo de transparencia y anticorrupción, orientado hacia un control de las cuentas y la cosa pública, como posibilidad de participar en los asuntos públicos. Pero sobre todo, también tiene un carácter instrumental, ya que es una herramienta para ejercer otros derechos constitucionales. Y ése es el rasgo que más nos interesa en ADC.
–¿Qué ejemplos se pueden dar sobre este aspecto instrumental del derecho?
–A la gente le sirve todo el tiempo y, por eso, debería usarlo con más frecuencia. Por ejemplo, en Buenos Aires, se puede preguntar sobre la contaminación del Riachuelo, para saber cuál es el plan de saneamiento que le corresponde definir al Gobierno, y que impacta en el derecho a la salud y de tener un mejor medio ambiente. También se puede preguntar si se puede obtener sin costo un medicamento o un tratamiento; cuáles son los requisitos para acceder a un plan social; en transporte, si se van a reemplazar unidades de transporte público en mal estado, y muchísimas cosas más. O sea que esto permite a gente de distintos sectores sociales y con diferentes necesidades, acceder a un reclamo o a un mejor ejercicio de sus derechos.
–O sea que salud, educación, ambiente, seguridad, serían algunas áreas clave.
–Sí, y también vivienda, derechos del consumidor, derechos políticos, acceso a servicios públicos.
–¿Qué nivel de conocimiento tiene la población sobre la existencia de este derecho?
–No mucho. En nuestra experiencia realmente es muy poca la gente que sabe que tiene el derecho de pedir información al Estado, y de que éste le conteste. Y creo que esto se enmarca en una crisis más general de credibilidad y poca participación en la cosa pública por parte de los ciudadanos, que están bastante escépticos.
–A criterio de ADC ¿cómo incide en esto la poca o nula difusión que se hizo en el país desde el Estado de la existencia de esta herramienta, a diferencia de lo que se hizo en otros países, como Gran Bretaña, donde no sólo se instruyó a los funcionarios para dar información, sino también a los ciudadanos sobre cómo pedirla?
–Creo que acá no se trata sólo del desconocimiento de la existencia de este derecho, sino también que se vincula con una cuestión de carácter cultural, que se da tanto desde el Estado como de la ciudadanía, que es lo que se suele llamar la cultura del secretismo. Esto implica, por un lado, que los funcionarios se ven sorprendidos por la obligación de dar la información, y , también, con que los ciudadanos ignoran que la pueden pedir.
Pero también es verdad que el rol del Estado ha sido bastante pobre. No digo nulo, porque la situación no es igual en todas las provincias. Y, por ejemplo, a nivel del Poder Ejecutivo nacional ha habido algún avance, con la existencia del decreto y de la creación de una red de enlaces para responder a los pedidos de información. Pero no es suficiente, porque no hay campañas de instrucción hacia la ciudadanía, ni tampoco hacia el interior del propio Estado. Y aunque se trate de escenarios complejos, es clave potenciar las acciones de implementación de este derecho.
–¿Es suficiente que a nivel nacional exista sólo un decreto y no una ley, como se venía reclamando?
–Aunque es importante que esté el decreto, no es suficiente, porque tiene limitaciones. Por eso durante mucho tiempo trabajamos por la sanción de una ley nacional. Hoy por ejemplo es complicado pedir datos al Poder Judicial o Legislativo, porque el decreto es para el Poder Ejecutivo. Y eso deja mucho margen de discrecionalidad al funcionario que recibe el pedido, y hace que, en definitiva, el derecho no esté totalmente garantizado. Además del tema de que un decreto puede ser modificado por otro presidente, y de que no implica un consenso de la ciudadanía, como sí sucede con la ley.
Para ejercer el derecho ciudadano
Normativa en Córdoba. En la provincia existe la ley N° 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. Por su intermedio, toda persona tiene derecho a recibir información completa, oportuna y veraz de todo órgano de la administración pública provincial, municipal y comunal, así como de entes autárquicos y sociedades del Estado.
La solicitud es gratuita y no se puede exigir al solicitante que exprese el motivo de su requisitoria. El pedido debe hacerse por escrito, y la respuesta debe darse en 10 días hábiles.
Normativa nacional. En el país se cuenta con el decreto presidencial N° 1172/03, que regula el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Es más limitado que una ley y no rige para el Poder Judicial ni para el Poder Legislativo nacional. Obliga a brindar información a todos los organismos del PEN, entidades que funcionen bajo su órbita y a las organizaciones que reciben subsidios del PEN. Tampoco requiere expresar el motivo del pedido, sino sólo identificarse y detallar la información que se requiere.
En otras provincias. En el país ya son 11 las provincias que cuentan con leyes o decretos. Son Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego.
Fuente: La Voz del Interior
miércoles, 12 de septiembre de 2007
Neuquén: La Justicia le ordenó al Ministerio de Acción Social que brinde información
El ministerio de María Oscos había respondido en forma parcial a un pedido de la Defensoría del Niño sobre el programa de familias sustitutas.
La Justicia provincial le ordenó a las autoridades del ministerio de Acción Social que entreguen la información completa sobre el programa de familias sustitutas que funcionaba bajo su órbita, la cual le había sido solicitada por la Defensoría del Niño a mediados de año, pero que los funcionarios de la cartera sólo suministraron en forma parcial.
La resolución la emitió la sala II de la Cámara Civil integrada por Federico Gigena Basombrío y Luis Silva Zambrano el pasado jueves, y se suma a la lista de fallos de similar contenido contra organismos estatales que se negaron a brindar información pública de diverso tipo.
Ambos magistrados confirmaron la sentencia de primera instancia que había emitido el último 20 de junio la jueza Isabel Kohon, titular del juzgado de Familia 2, la cual el gobierno decidió apelar al resultarle adversa.
La disputa judicial surgió en abril luego de que las titulares de la Defensoría del Niño y el Adolescente, Nara Osés, Edith Galarza, Mónica Amiconi y Lidia Romano, presentaron un amparo para obtener información detallada sobre el programa de familias sustitutas, al que deben supervisar.
Antes del amparo, las autoridades del ministerio de Acción Social sólo entregaron información parcial.
Entre las omisiones, figuró la nómina de profesionales que hacen el seguimiento de las familias, la periodicidad de las visitas de seguimiento social y de las entrevistas psicológicas en cada situación, la modalidad de coordinación de las tareas de selección de familias, de seguimiento y de tratamiento; los años de ejercicio de cada profesional, así como su capacitación en esta problemática, y el número de familias asignadas a cada uno.
Las defensoras formularon el pedido como consecuencia de dos hechos graves: una adolescente que estaba con una familia sustituta mantuvo encuentros con su progenitor en los que fue abusada; y un chico que también estaba con una familia sustituta, fue encontrado ahorcado.
La jueza Kohon fue categórica respecto al accionar de ministerio a cargo de María Oscos: "La negativa de la provincia a brindar la totalidad de la información contradice la publicidad de los actos de gobierno, principio inherente al sistema republicano, adoptado por la Constitución de la provincia", afirmó.
Además remarcó que "el derecho a la información es primordial en toda sociedad democrática ya que a través de mismo se hacen exigibles otros derechos", y señaló que "...nos encontramos ante una omisión arbitraria y lógicamente lesiva por parte de la autoridad pública".
Con esos argumentos, sostuvo que "la omisión en que ha incurrido la demandada deviene inconstitucional".
En la apelación el gobierno había negado "que el Estado incurra en omisión arbitraria e ilegítima" y que se "vulneren derechos constitucionales".
Fuente: Diario Río Negro
La Justicia provincial le ordenó a las autoridades del ministerio de Acción Social que entreguen la información completa sobre el programa de familias sustitutas que funcionaba bajo su órbita, la cual le había sido solicitada por la Defensoría del Niño a mediados de año, pero que los funcionarios de la cartera sólo suministraron en forma parcial.
La resolución la emitió la sala II de la Cámara Civil integrada por Federico Gigena Basombrío y Luis Silva Zambrano el pasado jueves, y se suma a la lista de fallos de similar contenido contra organismos estatales que se negaron a brindar información pública de diverso tipo.
Ambos magistrados confirmaron la sentencia de primera instancia que había emitido el último 20 de junio la jueza Isabel Kohon, titular del juzgado de Familia 2, la cual el gobierno decidió apelar al resultarle adversa.
La disputa judicial surgió en abril luego de que las titulares de la Defensoría del Niño y el Adolescente, Nara Osés, Edith Galarza, Mónica Amiconi y Lidia Romano, presentaron un amparo para obtener información detallada sobre el programa de familias sustitutas, al que deben supervisar.
Antes del amparo, las autoridades del ministerio de Acción Social sólo entregaron información parcial.
Entre las omisiones, figuró la nómina de profesionales que hacen el seguimiento de las familias, la periodicidad de las visitas de seguimiento social y de las entrevistas psicológicas en cada situación, la modalidad de coordinación de las tareas de selección de familias, de seguimiento y de tratamiento; los años de ejercicio de cada profesional, así como su capacitación en esta problemática, y el número de familias asignadas a cada uno.
Las defensoras formularon el pedido como consecuencia de dos hechos graves: una adolescente que estaba con una familia sustituta mantuvo encuentros con su progenitor en los que fue abusada; y un chico que también estaba con una familia sustituta, fue encontrado ahorcado.
La jueza Kohon fue categórica respecto al accionar de ministerio a cargo de María Oscos: "La negativa de la provincia a brindar la totalidad de la información contradice la publicidad de los actos de gobierno, principio inherente al sistema republicano, adoptado por la Constitución de la provincia", afirmó.
Además remarcó que "el derecho a la información es primordial en toda sociedad democrática ya que a través de mismo se hacen exigibles otros derechos", y señaló que "...nos encontramos ante una omisión arbitraria y lógicamente lesiva por parte de la autoridad pública".
Con esos argumentos, sostuvo que "la omisión en que ha incurrido la demandada deviene inconstitucional".
En la apelación el gobierno había negado "que el Estado incurra en omisión arbitraria e ilegítima" y que se "vulneren derechos constitucionales".
Fuente: Diario Río Negro
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